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Intervención de Rafael Colmenares

Rafael Colmenares, Julio 01 de 2016, Este artículo ha sido consultado 154 veces

“Muchísimas gracias por el reconocimiento que me hicieron en el V Foro "Agua, Medio Ambiente y Servicios Públicos". A continuación mis palabras en el acto que fueron leídas con mucho cariño por Hernán Darío Correa: Quiero expresar en primer lugar mi enorme agradecimiento a todos los organizadores del Foro, especialmente a Humberto Polo y Tatiana Roa, quienes junto con Hernán Darío Correa, Héctor Moncayo, Jose Aristizabal y Luisa Fernanda Vargas, propusieron mi nombre, y recordar desde aquí a los amigos y amigas que conformaron el comité promotor del Referendo por el Derecho Humano al Agua y a quienes a lo largo y ancho del país lo impulsaron. Quiero reconocer, a la vez, la importancia y persistencia de este Foro Nacional e Internacional, Agua, Medio Ambiente y Servicios Públicos que registra ya su quinta edición.”

“Colombia esta ad portas de inaugurar una nueva etapa, si como muchos esperamos el acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC sea apoyado mayoritariamente el próximo dos de octubre. Se abrirá sin duda una ventana de oportunidad que podría suponer la liberación de poderosas energías que bullen en el movimiento social pero que se han visto entrabadas por la camisa de fuerza de una guerra, que si bien pudo tener justificativos históricos en sus inicios, hace rato perdió todo sentido y se convirtió en el mejor pretexto para constreñir la democracia, violar los derechos humanos, concentrar aún más la tierra y otros bienes naturales y militarizar la vida de la población colombiana. 

En un nuevo contexto de esperanza y creatividad, lo que hasta ahora hemos percibido frecuentemente como amenazas e imposiciones imposibles de sortear podrían ser asumidos como retos superables, no sin dificultades y arduas luchas, pero alcanzables con la renovada energía que la conquista de la paz o por lo menos la apertura de un camino cierto para la misma supondrán; esperando igualmente que más temprano que tarde el proceso se consolide con la celebración del acuerdo pendiente con el ELN.

Las modificaciones constitucionales propuestas en el referendo por el agua mantienen plena vigencia y pueden ser renovadas como un aporte del movimiento socio–ambiental a la construcción del nuevo país. Sin embargo algunos énfasis son necesarios a la luz de los acontecimientos de los seis años que median entre la no aprobación de su convocatoria, en mayo de 2010, y la actualidad. 

El derecho humano al agua es hoy en día incuestionable y se encuentra respaldado por la Resolución 64/292 de 28 de Julio de 2010 de la Asamblea General de la ONU, a la vez que ha sido reiterado y desarrollado por la Jurisprudencia de la Corte Constitucional que incluso ha llegado a ordenar el suministro de un mínimo vital gratuito para quienes no están en condiciones de pagarlo. Es además una realidad en Bogotá para los estratos uno y dos de la población que suponen más del cincuenta por ciento de la misma y lo era ya en Medellín para el estrato uno, al tiempo que varias ciudades del país se encaminan a adoptarlo. La tarea no estará concluida sin embargo hasta que tal derecho quede consagrado en la Constitución Nacional pero es innegable que los avances registrados son muy importantes. 

La amenaza principal para la realización efectiva del derecho humano al agua en Colombia proviene hoy en día del profundo y acelerado deterioro del ciclo hidrológico. Las inundaciones padecidas desde finales de 2010 y a lo largo de 2011 y 2012 fueron prueba patente de dicho deterioro. Durante las mismas la población padeció literalmente de sed con el agua al cuello en numerosas regiones del país y ciudades como Manizales y Cúcuta vivieron situaciones de grave emergencia ante la inutilización de sus acueductos. Luego la sequía azotó regiones como la Guajira y el Casanare. La población de Chiquinquirá padece ya la escasez de agua ante la agonía de la laguna de Fúquene, tercer humedal en extensión de los andes colombianos. 

Las previsiones a futuro expuestas en el Estudio Nacional del Agua 2014, dado a conocer el año pasado, anuncian que el grave riesgo debido a presión por uso, contaminación del agua, vulnerabilidad al desabastecimiento, vulnerabilidad frente a variabilidad climática y condiciones de regulación; se concentra en 18 subzonas hidrográficas en las cuencas Magdalena – Cauca y la región Caribe, abarcando 110 municipios con una población estimada de 17.500.000 habitantes, cerca del 40 % de la población colombiana.

Es cada vez más claro que la dramática situación expuesta se debe al tipo de desarrollo urbano – agro – industrial que se ha impuesto, el cual ha conllevado una severa deforestación y erosión de las laderas andinas, acelerando la escorrentía e impidiendo la adecuada infiltración en épocas de lluvias, lo cual genera como contraparte necesaria la insuficiencia de agua en épocas de sequía.

Lo sorprendente es que lo anterior hubiera sido advertido desde estudios como el Perfil Ambiental de Colombia del ya lejano 1990 o la Estrategia Nacional del Agua de 1996, y se hubiera seguido recorriendo el mismo sendero. Peor aún, que en los últimos veinticinco años se impusiera un modelo extractivista que no solo acentúa las tendencias históricas sino que amenaza componentes sustanciales del ciclo hidrológico como los páramos o los ríos.

No en vano la resistencia a los megaproyectos minero –energéticos que adelantan las comunidades y el movimiento social en la Guajira, Santander, Arauca, Huila o el Tolima se hace en nombre de la defensa del agua. Y es que el movimiento socio–ambiental gestado alrededor de dichas resistencias posee un rico acumulado de experiencias e ideas que resultarán claves en la construcción de un nuevo país, entre ellas el acudir a la consulta popular como mecanismo de socializar y decidir sobre los proyectos que amenazan las condiciones de existencia de comunidades y regiones. Por cierto, ganar la consulta popular prevista para las próximas semanas en Ibagué con el fin de excluir la minería del territorio de ese municipio, se constituye en un reto para todo el movimiento socio–ambiental de Colombia y no solo para los amigos y amigas de Ibagué.

Pero de fondo la nueva etapa que esperamos se abra en Colombia deberá llevarnos a un profundo cuestionamiento del modelo socio–político y económico vigente y a visibilizar las alternativas que en medio y a pesar del conflicto se han ido generando. Me refiero no solo a las resistencias ya brevemente mencionadas sino, por ejemplo, a las experiencias agroecológicas rurales y urbanas que tachonan la geografía del país, al aporte de las culturas indígenas y afrodescendientes, a los innovadores espacios urbanos comunitarios, a la gestión comunitaria del agua, e incluso a las iniciativas que en medio de enormes dificultades han avanzado o por lo menos despuntado desde sectores locales y regionales del actual Estado. Todo lo anterior está llamado a potenciarse ante las nuevas circunstancias.

Finalmente es preciso señalar que el modelo de privatización del servicio de suministro de agua y saneamiento básico ha fracasado en Colombia. Tal fracaso ha sido constatado en varios informes de la Contraloría General de la República, desde el que denunció en 2011 la inoperancia de los planes departamentales del agua, esgrimidos por el gobierno de entonces para oponerse al Referendo por el Derecho Humano al Agua, hasta la Función de Advertencia cursada en el 2014 por el mismo ente de control a varios ministerios entre ellos el de Medio Ambiente y el de Salud.

Se nos plantea entonces el reto de recuperar para lo público la gestión del suministro del agua y el saneamiento. Durante la administración anterior del Distrito Capital pasó casi inadvertida la importante decisión de retomar la labor de lectura y facturación del consumo de agua por parte de la Empresa de Acueducto de Bogotá, poniendo fin a la pésima y costosísima actuación de los gestores privados que por doce años se lucraron a costa de la misma empresa y de los usuarios. Tal decisión, que no hubiera sido posible sin la presión y acompañamiento de Sintraemsdes, significó un ahorro de 30.000 millones de pesos para el 2012, primer año de la retoma. Impedir la reversión de esta medida sería el primer paso para asumir, con la decisiva contribución del sindicalismo, la reconstrucción del sector público y no mercantil del agua y el saneamiento.

Agradeciendo nuevamente el reconocimiento que se me hace invito a mirar el futuro con esperanza y a comprometer todos nuestros esfuerzos en la construcción cotidiana, pacífica, imaginativa, solidaria y desinteresada de un nuevo país.”

 

 

 

Reconocimiento Defensor del Agua 2016. Rafael Colmenares Faccini por su lucha incansable en defensa del agua para todas y todos. V Foro Nacional e Internacional Agua, Medio Ambiente y Servicios Públicos. Bogotá, 14 de septiembre de 2016.

 

Publicado en Julio 01 de 2016| Compartir
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