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Experiencias Locales

Hacienda Las Pavas: Defensa del territorio y la soberanía alimentaria

La Hacienda Las Pavas es un caso representativo del conflicto por la tierra y la resistencia de una comunidad campesina por conservar su forma de vida y permanencia en el territorio. A lo largo de este conflicto que lleva más de diez años, los campesinos han sido despojados de sus tierras por algunas de las causas de la concentración de la propiedad de la tierra en Colombia: narcotráfico, paramilitarismo y palma aceitera. De esta manera, la comunidad campesina ha sido víctima de desplazamientos forzados por parte de paramilitares y narcotraficantes; de un desalojo ilegal por parte de la policía; de amenazas, agresiones y persecuciones por parte de las empresas palmeras; e incluso de señalamientos por parte de instituciones del Estado; pese a esto, ha retornado varias veces a la tierra de Las Pavas con el apoyo de organizaciones tanto nacionales como internacionales.

La Hacienda Las Pavas, de 2.661 hectáreas, está conformada por catorce predios y se encuentra ubicada al norte de Colombia, en la parte suroriental del departamento de Bolívar, en la isla de Papayal, donde los municipios de El Peñón y en menor medida San Martín de Loba comparten la jurisdicción de los predios. La isla de Papayal tiene tierras muy fértiles y una amplia red de ciénagas y humedales. La región del Magdalena Medio, que incluye el sur de Bolívar, es rica en fauna, flora, fuentes hídricas, carbón, petróleo y oro, lo que la hace un territorio estratégico; sin embargo, el modelo de economía extractiva ha significado pobreza y desigualdad en gran parte de su población.

Entre 1930 y 1950, las tierras de la Hacienda Las Pavas pertenecieron a colonos provenientes de Mompox y San Martin de Loba. Entre 1966 y 1969, el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora)finalizó un proceso de cuatro adjudicaciones a pequeños ganaderos en el sur de Bolívar. En 1983, un narcotraficante adquirió las tierras y realizó un englobe o unión de estos predios. Diez años más tarde, en 1993, este hombre abandonó las tierras debido a la persecución del gobierno a los carteles de la droga, en especial al Cartel de Medellín. 

En 1994, ante la falta de tierras para la producción agropecuaria, 123 familias campesinas de Buenos Aires, corregimiento de El Peñón, decidieron ocupar y habitar algunos predios ubicados en la Hacienda Las Pavas que se encontraban abandonados. La comunidad hizo una toma pacífica de las tierras, realizó mejoras y las preparó para la siembra de cultivos de subsistencia (plátano, ahuyama, maíz, arroz, yuca y cacao). Estas familias que tradicionalmente se habían dedicado a la agricultura y la pesca como forma de subsistencia y base de su economía, decidieron organizarse y crearon en 1998 la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab) para defender la soberanía alimentaria y el bienestar de los campesinos del corregimiento.

A mediados de los noventa, corrió el rumor de la presencia de grupos paramilitares del Bloque Central Bolívar cercaa Buenos Aires. Los paramilitares llegaron al corregimiento anunciando que “limpiarían” la zona, después sucedieron asesinatos, descuartizamientos y desapariciones.A principios del año 2000, estos actores armados ilegales intensificaron sus acciones en Buenos Aires y el resto de la región, mediante torturas, mutilaciones y asesinatos, tanto individuales y selectivos como colectivos. En 2003, los paramilitares, próximos a desmovilizarse, amenazaron a las familias campesinas para que desocuparan los predios de la hacienda. Por tanto, la comunidad campesina tuvo que abandonar las tierras y suspender temporalmente la explotación agrícola y el desarrollo de ganadería a pequeña escala. Después del desplazamiento, los campesinos se refugiaron en Buenos Aires sin denunciar este hecho por temor a nuevas amenazas. 

Entre 2004 y 2005, con los paramilitares en proceso de desmovilización, la comunidad campesina retornó a los predios abandonados de la Hacienda Las Pavas, retomólos cultivos de subsistencia y sembró cacao y árboles maderables. En octubrede 2005, Asocab fue a inscribir esas tierras al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) - Sede Cartagena,para un proceso de reforma agraria o de adjudicación de baldíos. Sin embargo, les aclararon que en cambiodebían solicitar un proceso de extinción de dominio,porque el dueño había abandonado por mucho tiempo sus tierras y quienes las estaban explotando eran los campesinos, de manera que la posesión era de ellos. 

En junio de 2006, Asocab solicitó al Incoder la extinción de dominio sobre los predios, ya que su propietario no ejercía posesión desde hacía más de tres años seguidos y su respectiva titulación a nombre de los campesinos, así como la adjudicación de otros predios de la hacienda que eran baldíos de la Nación. Posteriormente, funcionarios del Incoder realizaron una inspección donde verificaron la posesión y la explotación económica de los predios por parte de los campesinos desde hacía seis años.Al poco tiempo, el dueño de los predios regresó a la zona con hombres armados, amenazó a las familias campesinas y las expulsó, ocasionándoles un segundo desplazamiento forzado. 

En marzo de 2007, a pesar de que Asocab había solicitado al Incoder la extinción de dominio sobre los predios de la Hacienda Las Pavas, estos fueron vendidos ilegalmente por su propietario al Consorcio El Labrador, conformado por las empresas C.I. Tequendama S.A.y Aportes San Isidro S.A., ambas dedicadas a la siembra de palma aceitera y afiliadas a la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma). En 2008, las empresas palmicultoras comenzaron la siembra de palma. En diciembre de ese año, una inundación arrasó con todos los cultivos que los campesinostenían en los playones. El 15 de enerode 2009, ante la falta de alimento porque todo lo habían perdido en la inundación, las familias campesinas decidieron retornar nuevamente a los predios de Las Pavas que estaban abandonados y comenzaron a sembrar cultivos de subsistencia.

En enero de 2009, el Consorcio El Labrador inició una demanda para solicitar una acción policial de desalojo de la comunidadde Las Pavas. En abril de ese año, Asocab interpuso una acción de tutela ante el juez promiscuo municipal de San Martín de Loba, quien falló a favor de los campesinos y decidió proteger su derecho al debido proceso, así como anular la orden de desalojo que estableció la Inspección de Policía de El Peñón. No obstante, el Consorcio El Labrador apeló esta decisión ante el juez de segunda instancia (Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Mompox), quien invalidó la sentencia del juez promiscuo municipal de San Martín de Loba y restableció la orden de desalojo.

El 14 de julio de 2009, se hizo efectivo el desalojo por la Inspección de Policía de El Peñón, a pesar de que estaba en curso un proceso de extinción de dominio sobre los predios. La comunidad campesina fue expulsada por la fuerza y se refugió en Buenos Aires, donde siguiósufriendo persecuciones, amenazas y una grave emergencia humanitaria empeorada por el invierno. En septiembre de 2009, por solicitud de Asocab, la Corte Constitucional inició la revisión de la sentencia del Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Mompox. En 2010, el INCODER cerró el proceso de extinción de dominio porque un funcionario de la instituciónolvidó conseguir una firma. El 28 de octubre de 2010, C.I. Tequendama S.A., subsidiaria del Grupo Agroindustrial DaabonOrganic, anunció que se retiraría de la Hacienda Las Pavas; de modo que Aportes San Isidro S.A. quedó como única propietaria de los predios. 

El 4 de abril de 2011, las familias campesinas agrupadas en Asocab retornaron de forma autónoma, voluntaria y pacífica por tercera vez a la Hacienda Las Pavas.La Fiscalía 39 Local de San Martín de Loba adelanta dos procesos de judicialización contra tres líderes de la organización por los delitos de invasión de tierras y calumnia. Estos campesinos están siendo judicializados por ejercer su derecho al retorno y por denunciar las continuas amenazas por parte de un hombre que la comunidad reconoce como paramilitar y que trabaja con las empresas palmeras. 

La comunidad de Las Pavas encontró el apoyo de un representante a la Cámara del Polo Democrático Alternativo, quien ha acompañado el proceso. Asocab buscó su ayuda para exigir al gobierno la restitución de sus tierras y para que participara como garante en los procesos de judicialización de tres de sus líderes. El congresista viajó a Buenos Aires para escuchar las peticiones de los campesinos y acompañarlos durante el retorno a la hacienda. 

El 8 de abril de 2011, la Corte Constitucional emitió la Sentencia T-267/11, en la que declaró ilegal el desalojo de la comunidad de Asocab,ordenó al Incoderretomar el proceso de extinción de dominio y prohibió desalojar a los campesinos ocupantes de los predios durante este proceso.En mayode 2011, el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial emitió su concepto sobre el manejo ambiental en Las Pavas, en el cual determinó que existía un deterioro del ambiente y del ecosistema de la región debido a la expansión del monocultivo de palma de aceite. 

Entre los impactos ambientales que ha generado la expansión de la palma aceitera se encuentran: obstrucción y canalización de caños; contaminación de las aguas por el vertimiento de químicos y fertilizantes; afectaciones a la fauna y la flora; enfermedades como alergias en la piel y diarrea por la contaminación del agua; sedimentación de ciénagas y caños, lo cual incide en la sedimentación del río, ocasionando la pérdida de su navegabilidad y la disminución de su productividad pesquera; desecación de caños, ciénagas y humedales, al igual que deforestación para ampliar la frontera agrícola; contaminación de los suelos por el uso de agroquímicos; fraccionamiento de humedales por la construcción de vías; aguas estancadas por la construcción de diques; mortandad de peces; y desequilibrio de los ecosistemas y la biodiversidad por la construcción de infraestructura de riego y drenaje. Todo esto ha deteriorado el hábitat que garantiza la subsistencia de las familias campesinas.

El 15 de junio de 2011, un campesino exintegrante de Asocab y que ahora trabaja con la empresa palmera se retractó de su testimonio sobre el desplazamiento forzado de las familias campesinas. El 21 de junio de ese año, el Incoder reactivó el proceso de extinción de dominio sobre tres predios de la Hacienda Las Pavas.El 18 de julio de 2011, se creó la Asociación de Trabajadores y Pequeños Productores del Campo Nuevo Liderazgo Campesino de El Peñón, Bolívar, una organización campesina paralela afiliada a la Federación Nacional Sindical Nuevo Liderazgo Campesino. Esta organización fue creada por los palmicultores con el apoyo del Centro de Pensamiento Primero Colombia (fundación de extrema derecha)y la Confederación General del Trabajo (CGT) para deslegitimar el proceso organizativo de Asocab, generado así la fragmentación de las relaciones comunitarias del corregimiento de Buenos Aires.

Entre los miembros de esta nueva organización se encuentran algunas de las personas que declararon el supuesto falso desplazamiento de la comunidad campesina de Las Pavas, entre ellas el campesino exmiembro de Asocab que se retractó de su testimonio inicial sobre el desplazamiento y que fue nombrado vicepresidente de esta nueva asociación. Entre agosto y octubre de 2011, las familias campesinas fueron víctimas de intimidaciones por parte de trabajadores de la empresa palmera Aportes San Isidro S.A. 

En noviembre de 2011, la fiscal regional de Cartagena ordenó cerrar la investigación por el desplazamiento forzado de la comunidad de Las Pavas, argumentando que no hubo presencia de grupos paramilitares en el sur de Bolívar y que el conflicto armado nunca existió en la zona. Además, afirmó que el desalojo policivo fue legal, que Asocab no fue víctima de desplazamiento y que los campesinos de Las Pavas eran invasores, solicitó investigar a los líderes de Asocab por supuestos nexos con la guerrilla y acusó a las organizaciones acompañantes, nacionales e internacionales, de planear un fraude contrael Estado para apropiarse de las tierras. La fiscal general de la nación respaldó estas declaraciones, pero al enterarse de que los campesinos pensaban viajar a Bogotá a hacer un plantón frente a la Fiscalía, viajó a Buenos Aires para visitar a la comunidad. Después de escuchar a los campesinos, la fiscalgeneral decidió abrir de nuevo la investigación y designar a otra fiscal a cargo del caso. 

El 14 de diciembre de 2011, algunas comunidades victimizadas de diferentes zonas del país, entre ellas más de cien personas del sur de Bolívar, se concentraron en la Plaza de Bolívar en Bogotá como señal de protesta contra la estigmatización por parte del Estado de las víctimas y las organizaciones defensoras de derechos humanos que las acompañan, y su difusión por los medios de comunicación. 

El 9 de julio de 2012, 150 personas contratadas por Aportes San Isidro S.A. entraron a las tierras de la Hacienda Las Pavas que estaba ocupando Asocab, destruyendo sus cercas y cultivos de subsistencia con la intención de sembrar palma aceitera en los predios que estaban en proceso de extinción de dominio. El 12 de julio de ese año, el Incoder realizó una inspección en la hacienda para confirmar las denuncias de Asocab sobre los hechos anteriores y advirtió a quienes adelantaban la siembra de palma que esa acción era ilegal, porque los predios estaban en un proceso en curso en el Incoder y además, los campesinos que los ocupaban estaban protegidos por una sentencia de la Corte Constitucional, por lo que debían respetar sus derechos de posesión sobre los predios.

En septiembre de 2012, después de un procedimiento de clarificación de la propiedad, el Incoder identificó diez predios (1.338,64 hectáreas) de la Hacienda Las Pavas como baldíos de la Nación, los cuales están en disputa entre la empresa palmera y Asocab. En noviembre de 2012, el Incoder determinó la extinción de dominio privado sobre tres predios (1.290 hectáreas) de la Hacienda Las Pavas. Igualmente, identificó como baldío de la Nación a un predio de la hacienda que se encontraba en proceso de clarificación de la propiedad. Con la recuperación de los baldíos y la extinción de dominio sobre los predios, el Incoder procedería a la recuperación material y la adjudicación de estas tierras a los campesinos de Asocab. Noobstante, hasta ahora no se ha hecho la titulación de las tierras. 

Desde el último retorno a los predios de Las Pavas, los campesinos de Asocab hansido víctimas de diferentes agresiones: hostigamientos, amenazas contra sus vidas, destrucción de ranchos y cercas de alambre, daños a los cultivos, ataques contra sus animales, pérdida de ganado, instalación de portones sobre las vías principales de la comunidad para bloquear su acceso y abastecimiento, presencia de hombres armados ajenos a la comunidad, judicialización, persecución y falsas denuncias contra los líderes de Asocab. Las agresiones y las amenazas no solo se han dirigido hacia los campesinos, sino también hacia cualquiera que se acerque a la comunidad de Las Pavas y hacia las organizaciones acompañantes, las cuales han sido víctimas de acciones de hostigamiento e intimidación.

Durante el año 2013, la comunidad de Las Pavas denunció una grave crisis alimentaria, así como nuevos actos de violencia por parte de la empresa palmera, tales como: continuas amenazas y agresiones contra las familias campesinas y sus bienes, hurto de alambre de púas que usan para cercar las parcelas, destrucción y envenenamiento de cultivos, quema de hojas de palma reunidas por los campesinos para reconstruir los ranchos que les habían destruido, disparos contra miembros de Asocab, golpes y heridas a un campesino, y quema de ranchos y cultivos.A pesar de los abusos de los que han sido víctimas, las familias campesinas que decidieron emprender la lucha por su permanencia en el territorio y por la defensa de su soberanía alimentaria y economía campesina, continúan resistiendo y defendiendo su proceso organizativo en medio de un conflicto que se agudiza cada vez más, debido a las acciones represivas de la empresa palmera Aportes San Isidro S.A.

El conflicto socioambiental de la Hacienda Las Pavas surgió por la concentración de la propiedad de la tierra y el control territorial del narcotráfico y el paramilitarismo, y se intensificó con la siembra del monocultivo de palma aceitera, la cual ha causado un grave daño ambiental, la transformación del territorio, la ruptura del tejido social y la pérdida de la soberanía alimentaria. Como respuesta a estos impactos y las agresiones a las que han sido víctima la comunidad campesina de Las Pavas se han agrupado en un proceso organizativo y de resistencia cuyas estrategias han consistido en retornos pacíficos a los predios de donde fueron expulsados, la siembra de cultivos de subsistencia y la permanencia en el territorio,a pesar de la ausencia de garantías y medidas de protección por parte de organismos del Estado.

Este conflicto resulta muy complejo por la diversidad de actores involucrados: la comunidad campesina de Las Pavas, la comunidad del corregimiento de Buenos Aires,el paramilitarismo, el narcotráfico, las empresas palmeras, las organizaciones acompañantes y diferentes instituciones del Estado. Este último,ha desempeñado un papel contradictorio. Por una parte,algunas instituciones públicas han apoyado a la comunidad campesina, mientras que otras han deslegitimado su proceso organizativo y han favorecido a las empresas palmeras. Además, si bien se han tomado decisiones a favor de la comunidad campesina, en la práctica no ha habido una respuesta efectiva del Estado para resolver este conflicto. En relación a las organizaciones acompañantes, estas han ayudado a visibilizar y denunciar el caso tanto a nivel nacional como internacional. 

La comunidad de Las Pavas ha vivido en constante crisis alimentaria por la escasez de alimentos, pese a que se encuentra en una zona muy fértil donde tradicionalmente se ha sembrado una gran variedad de cultivos agrícolas. Si bien el Estado ha entregado ayudas alimentarias a las familias campesinas, no se ha garantizado el acceso a estos, no ha habido un acompañamiento permanente ni medidas de protección para la comunidad campesina, ni tampoco se ha garantizado su acceso a los recursos (tierra y agua) para que los campesinos puedan cultivar y de esta manera, garantizar su autoconsumo y vinculación a la economía de la región.

En el caso de Las Pavas se observa el choque de dos lógicas diferentes. Por un lado, se promueve la agricultura industrial orientada a la producción y exportación de productos agrícolas, la acumulación de ganancias y el uso insustentable de los recursos; y por el otro, se defiende la agricultura campesina como una práctica sustentable,tanto en lo social como en lo ambiental. En esta medida, existen diferentes formas de relacionarse con la naturaleza: mientras las empresas palmeras consideran a la naturaleza como una fuente ilimitada de recursos y un sumidero de sus desechos, los campesinos luchan por conservarla porque es su fuente de sustento.