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Gestión del agua y minería en los tiempos del fracking

Rafael Colmenares, Colombia, Enero 17 de 2015, Este artículo ha sido consultado 619 veces

El país se agita con la sucesión de noticias que dan cuenta del agravamiento de la crisis ambiental y las decisiones provenientes, particularmente del alto gobierno, que la agudizan. Pocos meses atrás la alarma provino de la fuerte sequía que azotaba la costa Atlántica y en particular el departamento de La Guajira. Más recientemente la preocupación es por cuenta de la autorización del fracking y la aprobación de las licencias exprés.

El gobierno no parece darse cuenta de la relación existente entre aquel fenómeno y las decisiones que toma para acentuar el modelo extractivista, que es la causa de la alteración del ciclo hidrológico en Colombia, y que unas veces se expresa como sequía y otras como inundación. Afortunadamente el anunciado Niño no será tan intenso como inicialmente se pronosticó pero el alivio que ello supone no será duradero y cada vez es más urgente tomar medidas no solo de atención de las emergencias sino de re-encauzamiento y abandono de los sistemas productivos que, potenciados por el extractivismo, vienen afectando gravemente los ecosistemas nacionales desde hace varias décadas y generando una fuerte vulnerabilidad en los territorios.
A propósito, en la emergencia de Villa de Leyva no se vieron los helicópteros equipados con “bambibuckets” que anunció Santos para combatir los incendios que provocara la sequía.


Ni gestión del agua, ni derecho humano al agua

En el marco anterior la gestión del agua presenta serios vacíos, inconsistencias y abandonos. Así lo puso de presente la Contraloría General de la República-CGR, en la función de advertencia dirigida a varios ministerios a finales de Julio pasado, sobre “Debilidades técnicas, administrativas e institucionales de la gestión del recurso hídrico que impiden garantizar el agua como un bien público y derecho humano, individual y colectivo”[2].

En el mencionado documento, se establecen una serie de hechos que me permito simplemente resaltar pues hablan por si solos[3]:

  • En cuanto a acceso y calidad del agua: “…el 39,49% de la población presumiblemente se abastece de agua con alguna deficiencia en su calidad, dentro de los niveles de riesgo medio hacia arriba (medio, alto e inviable sanitariamente)”.
  • En cuanto al tratamiento de aguas residuales y citando a la Superintendencia de Servicios Públicos, anota la Contraloría: “Actualmente en Colombia se presentan significativos inconvenientes en lo referente al tratamiento de las aguas residuales municipales, que no permiten el propósito de enfocar esfuerzos en la realización de actividades que deriven en el mejoramiento de la calidad del agua vertida a cuerpos hídricos receptores y por ende el cumplimiento de lo expuesto en el Plan de Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad para todos” y la normatividad existente”.
  • En cuanto al ordenamiento ambiental del territorio en cuencas hidrográficas, señala la Contraloría que: “…no presenta la coherencia requerida la actual ordenación del territorio en cuencas hidrográficas dado que aún no se cuenta con los planes estratégicos por macro cuencas, los cuales se establecieron como base fundamental para la ordenación de cuencas en el documento de la política de gestión integral del recurso hídrico”. Por tal razón, según la Contraloría, tanto el Convenio 008 de 2012, por $315.000 millones de pesos, suscrito entre el ministerio de ambiente y el Fondo de Adaptación al Cambio Climático, como el contrato 085 de 2013, por 7.500 millones de pesos celebrado con Asocars, encaminados ambos a mejorar la gestión del riesgo, y apoyar en el segundo caso la “formulación y/o actualización de 130 planes de ordenación o manejo de cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de la niña 2010 – 2011, no están fundamentados en los Planes Estratégicos de las macro cuencas
  • En cuanto a la oferta hídrica anota la Contraloría: “…existen vacíos y debilidades en la información climatológica histórica almacenada en las bases del Ideam…ya que aunque existe una extensa red de 870 estaciones hidrológicas en el país a cargo del Ideam, las mismas son obsoletas, y además la articulación de las Corporaciones, sobre el establecimiento de los puntos de monitoreo presenta deficiencias para consolidar la información”
  • En cuanto a la demanda hídrica, luego de instar a las CAR a identificar todos los tipos de consumo de la manera más detallada posible, lo cual vienen haciendo algunas Corporaciones a través de las “Estrategias Regionales del Agua”, se subraya: “La CGR evidencia carencia de herramientas a nivel regional que involucren de forma integral los factores, técnicos, sociales, económicos, institucionales, políticos, ambientales y culturales, para la determinación de la demanda hídrica”.
  • En cuanto al riesgo, “La CGR pudo determinar que el Ideam no cuenta con los equipos e instrumentos tecnológicos y otros mecanismos para desarrollar de manera efectiva y eficiente la atención de los riesgos de calamidades, teniendo en cuenta que la intensidad y periodicidad de los eventos extremos de los últimos años traen consigo nuevos escenarios de riesgo…
  • En cuanto a la institucionalidad, y esta es una de las principales conclusiones de la Contraloría: “En Colombia, las organizaciones estatales encargadas de la gestión del recurso, no tienen establecida una política efectiva, ni un marco legal apropiado para regular y gestionar el agua, que permita atender las necesidades ambientales, económicas, sociales y políticas del Estado, con la participación de todos los agentes sociales”.

 

Un ciclo hidrológico complejo

En el territorio colombiano el ciclo hidrológico es particularmente complejo pues estamos ubicados en la zona de confluencia intertropical y nos atraviesan tres grandes cordilleras. Ello unido a la influencia de los dos mares que nos rodean y a la incidencia de la Amazonía y la Orinoquia hace que sobre nuestro territorio confluyan factores climáticos diversos. Esta conformación otorga ventajas y beneficios representados en la enorme biodiversidad y la abundancia de agua pues aún somos la octava reserva de agua dulce del planeta. Al tiempo impone un manejo muy cuidadoso de los ecosistemas pues en la naturaleza las ventajas pueden convertirse en su contrario cuando se actúa en contravía de su lógica. Es lo que ha ocurrido en Colombia a pesar de las sucesivas advertencias.

El 13 de mayo pasado, fue dado a conocer el “V Informe Nacional de Biodiversidad de Colombia”, en cumplimiento de la obligación que compete a cada país miembro de la Convención de Diversidad Biológica, de presentar periódicamente el suyo. El documento no hace sino ratificar las tendencias de pérdida de especies y hábitats que viene observándose desde hace más de veinte años y que ha generado graves problemas como las inundaciones ocurridas tres años atrás, ya casi olvidadas por los medios de comunicación. Se insiste en dicho Informe en la disminución de la cobertura vegetal, que según el mismo decreció del 56,5% del territorio al 51,4% del mismo, en los últimos años[4]. Se calcula en el 3,5%, anual del PIB, el costo del deterioro ambiental, cifra novedosa y alarmante. La síntesis del Informe podría ser: “pasamos los umbrales de irreversibilidad”, según la expresión de Lorena Franco, una de las autoras del estudio.

La cobertura vegetal es esencial para el adecuado funcionamiento del ciclo hídrico en un territorio en donde el agua fluye de las alturas a las llanuras. Eliminar la vegetación original, o sustituirla en gran escala por pastos y monocultivos, como se ha venido haciendo por terratenientes, mineros, agroindustriales y urbanizadores, entre otros beneficiarios de la destrucción, es gravísimo pues acelera la escorrentía. El agua arrastra a su paso el suelo y sedimenta los ríos pero ello no solo provoca inundaciones sino que impide la adecuada infiltración y recarga de los acuíferos[5]. Por ello, cuando sobreviene la sequía escasea el agua, pues en el período lluvioso ésta pasa de largo y no se alcanzan los niveles requeridos de recarga.

Lo anterior no deja duda de que las causas que generan la vulnerabilidad del país a las sequías e inundaciones es la misma: pérdida de la cobertura vegetal ocasionada a su vez por el modelo de “desarrollo” depredador que se ha impuesto.

 

Acción popular frente a la locomotora minera

Desde luego las causas profundas del problema, la extrema vulnerabilidad que han generado las formas de ocupación del territorio, asociadas a sistemas productivos particularmente depredadores y vinculados a los requerimientos del mercado internacional no forman parte del discurso oficial.

El deterioro de los ecosistemas colombianos se incrementa por cuenta del agro negocio, la urbanización y la minería. El 28 de julio, tuvo lugar la audiencia de pacto de cumplimiento en el proceso de acción popular interpuesto por varias organizaciones ambientalistas, y el hoy Senador Iván Cepeda, para exigir el cierre de la ventanilla para la recepción de solicitudes de títulos mineros, pues no se han cumplido las condiciones que el mismo gobierno adujo para cerrarla hace tres años.

Frente a la documentada exposición de los actores populares que demostraron la incoherencia de los dos gobiernos de Uribe y su sucesor Santos, al haber otorgado cerca de doce mil títulos mineros, de los cuales un poco más de ochocientos cumplen con la normatividad vigente, el Estado representado por los apoderados de los Ministerios de Minas y Ambiente, de la Agencia Nacional Minera y de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, se limitaron a expresar que no estaban dispuestos a suscribir, ni si quiera a discutir, ningún pacto con los demandantes. Es decir, el gobierno no se compromete a cumplir tan siquiera lo dispuesto en su propio Plan Nacional de Desarrollo en materia de protección de páramos, por ejemplo.

La posición oficial además de cínica es reiterada pues ya la inefable ex Ministra Sarmiento había declarado a Vanguardia Liberal[6], que la delimitación de los páramos a escala 1:25.000 era “poco viable”. Esta delimitación que se encargó al Instituto Von Humboldt es una medida mínima de protección para excluir los páramos de la minería.

Por cierto, la Contraloría al referirse a los conflictos por el uso del agua[7] señala que: “La falta de cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en las agendas ambientales del sector minero energético se han traducido en retrasos en los objetivos y estrategias del plan de gestión integral del recurso hídrico que tiene como fin último alcanzar el uso sustentable del recurso hídrico entendido este como la disponibilidad futura del recurso para las generaciones venideras”.

El gobierno, sin embargo, acelera la locomotora minero – energética mediante las denominadas “licencias exprés”. La fuerte y rápida reacción del Senador Jorge Robledo y de varios columnistas, entre ellos el ex – ministro Manuel Rodríguez y el representante del sector “ecológico” en el Consejo Nacional de Planeación, Juan Pablo Ruiz, más los numerosos pronunciamientos de organizaciones ambientales y sociales no lograron disuadir al ejecutivo de la emisión de un decreto cuidadosamente preparado desde antes de la reelección de Santos que disminuye la duración de los trámites necesarios para estudiar y otorgar licencia ambiental a los ya escasos proyectos que la requieren. Luego de alguna vacilación que llevó al ministerio a anunciar un aplazamiento de la medida, esta finalmente se adoptó, agilizando un procedimiento ya inusitadamente expedito. Además, es un secreto a voces que la orden dada a los funcionarios de la actual Agencia Nacional de Licencias Ambientales es la de no negar ninguna solicitud de licencia para la gran minería.

 

El fracking una nueva amenaza y nuevas moratorias

A la locomotora extractivista de la explotación del petróleo, el carbón y el oro con sus graves consecuencias para la salud humana, el ambiente en general y el ciclo hidrológico en especial se suman, ahora, la amenaza del fracking. Hace solo pocos años tanto la tecnología de la fractura hidráulica como el gas de esquisto que se extrae mediante ella eran prácticamente desconocidos y aunque hoy en día han pasado a ser mencionados casi a diario en los medios de comunicación, la gran mayoría de sus potenciales víctimas continúan ignorantes del peligro que las acecha.

Como lo señala el experto venezolano, Carlos Fermín, en un documentado artículo: “El fracking es una técnica para extraer gas natural en yacimientos no convencionales, mediante la fracturación de la roca madre (pizarra o esquisto), y la enfurecida inyección de agua mezclada con arena y sustancias químicas tóxicas a gran presión, buscando que el gas se libere y llegue a la superficie a través del pozo. Lamentablemente, la extracción de hidrocarburos bajo el método del fracking, es uno de los procesos más corrosivos para el Ambiente. Recordemos que la fractura hidráulica acrecienta el riesgo de provocar una serie de catástrofes en el entorno, que abarcan el escape de acido sulfhídrico, la contaminación de los mantos acuíferos, la descarga no controlada de aguas residuales, la dispersión en el aire de metano, que es uno de los principales gases de efecto invernadero, y el incremento del cuadro sísmico en el área explotada”[8].

Aplicar la mencionad técnica a los frágiles ecosistemas colombianos, ya profundamente deteriorados, como se planteó antes, no puede conducir más que a un agravamiento de la situación y a una mayor perturbación del ciclo hidrológico. La decisión sin embargo fue tomada en el marco de la Resolución 90341 de 27 de marzo de 2014, por la cual se establecen los requerimientos técnicos y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.

Frente a la amenaza del fracking se ha levantado una fuerte oposición y se promovió un proceso de recolección de firmas a través de Avaaz, pidiendo una moratoria de esta actividad en desarrollo del principio de precaución, con base en una comunicación dirigida al Presidente Santos por WWF, Dejusticia y el Foro Nacional Ambiental[9].

La campaña de moratoria al fracking se añade a la Iniciativa de Moratoria Minera planteada desde el año pasado y a la demanda de acción popular antes mencionada que implica otra forma de moratoria. Se puede estar gestando, desde diversos espacios del movimiento social, una fuerte oposición al extractivismo minero – energético y desde luego a las locomotoras.

La oposición del movimiento social colombiano al fracking forma parte de la reacción mundial frente a esta destructiva forma del extractivismo. En los propios Estados Unidos y en varios países latinoamericanos y europeos son frecuentes las movilizaciones frente a la misma.

 

Cénit del petróleo y límites del crecimiento

La reacción mundial reseñada no es casual. Es la resistencia al frenesí extractivista que recorre el mundo y coincide con el pico o cénit del petróleo que hace rentable la explotación de yacimientos hasta ahora descartados por su escasa rentabilidad. Pero en la era del fin del petróleo barato los depósitos como el gas enquistado en las rocas profundas o el petróleo almacenado en el lecho marino, se vuelven atractivos y las transnacionales continúan su marcha desbocada en pos de jugosas ganancias sin importarles el futuro del planeta.

La necesidad de expansión constante del capitalismo, incrementada al máximo en la globalización neoliberal, se estrella contra los límites de lo que puede brindar el planeta. Así la actual extracción compulsiva de minerales y combustibles fósiles coincide con el declive de los yacimientos. El denominado “pico de Hubbert”, diseñado inicialmente para determinar el momento en que comenzarían a disminuir las reservas de petróleo en Estados Unidos, y por eso conocido también como peak oil (pico del petróleo) viene siendo aplicado a diversos minerales. Así los investigadores españoles Antonio y Alicia Valero, han calculado que “…el pico de extracción de metales básicos como el hierro se alcanzará en 2068; el aluminio, en 2057; y el del cobre nada menos que en 2024; Todavía más inquietante es saber que el “pico” de los fosfatos puede hallarse dentro del decenio 2020-2030…”[10]. Este último dato es impactante pues los fosfatos son fundamentales para la producción de alimentos en la actualidad.

Teniendo en cuenta que el “pico” conjunto de los combustibles fósiles se calcula para 2030 aproximadamente[11] la industria extractiva se encamina a yacimientos hasta ahora dejados de lado por el alto costo de su explotación. Los poderes económicos, políticos y militares que gobiernan el mundo actual continúan ciegos ante la inviabilidad de su actual modelo de desarrollo, el capitalismo globalizado, y se oponen radicalmente a facilitar el necesario viraje, que requiere un cambio profundo de matriz energética. La indispensable transición a la fuente energética solar supone también una nueva sociedad, no es posible en el capitalismo[12].

Simultáneamente la ecología política viene desempolvando estudios como el de los “Límites del Crecimiento”, publicado en marzo de 1972 y durante muchos años vilipendiado y desestimado. Ante la indudable crisis ambiental, una de cuyas manifestaciones es el calentamiento global, los escenarios construidos en el citado estudio cobran cada vez mayor vigencia[13].

Por consiguiente, el actual auge minero que amenaza los territorios colombianos no puede ser visto solo como un fenómeno local, como la ocurrencia de los gobiernos neoliberales y antidemocráticos que se han sucedido en los últimos veinticinco años, sino además de lo anterior, como parte de la deriva mundial a que nos conduce la globalización neoliberal.

 

La marcha de la esperanza

El 20 de septiembre pasado marcharon en Nueva York más de 400.000 personas y miles más las acompañaron en 2.700 eventos realizados en 156 países del mundo, en lo que constituyó la mayor movilización de la historia contra el cambio climático. Como señala Martínez Alier: “Ese es el tipo de acción que da esperanza: activistas del clima que toman los asuntos en sus propias manos y funcionarios que se arriesgan. Los activistas que bloquean puertos de carbón forman parte de lo que Naomi Klein llama Blockadia y ahí es donde podemos poner nuestra esperanza.”[14].


[2]Véase oficio 2014EE0123916, en www.contraloria.gov.co

[3] Los entrecomillados que siguen a continuación son extraídos del ofico 2014EE0123916, visible en www.contraloria.gov.co

[4] El país con un 0,1% de la superficie continental del planeta presenta una deforestación de 366.000 hectáreas año, según fuentes oficiales, aportando el 5% de la deforestación global, calculada por el informe de 2010 sobre recursos forestales globales de la FAO en siete millones de hectáreas.

[5] Así lo explica autorizadamente el Doctor en Oceanografía y Coordinador de la Maestría en Ciencias de la Tierra de la Universidad Eafit de Medellín, Juan D. Restrepo Ángel: “Uno de los mecanismos que tiene mayor impacto en las propiedades hidrogeológicas de una cuenca fluvial es el de los cambios en el uso y cobertura de los suelos, especialmente cuando se altera y convierte un tipo específico de ecosistema, como los bosques y pastos, en una superficie para la agricultura o construcción de zonas urbanas. Estos cambios alteran los balances de energía local y la composición de las especies dominantes. Estas dos características controlan las propiedades de demanda de evotranspiración, las tasas de infiltración, y por lo tanto, la cantidad e intensidad de la escorrentía expresada en reducciones de agua o en aumentos del caudal durante eventos o flujos extremos”, Véase: “Los Sedimentos del río Magdalena: Reflejo de la crisis ambiental”, Primera edición: Agosto de 2005, Fondo Editorial Universidad EAFIT.

[6]Véase, “En un mes entregaremos coordenadas de Santurbán”, entrevista a Minambiente, en www.vanguardia.com , 15 de Julio de 2014.

[7] Así lo explica autorizadamente el Doctor en Oceanografía y Coordinador de la Maestría en Ciencias de la Tierra de la Universidad Eafit de Medellín, Juan D. Restrepo Ángel: “Uno de los mecanismos que tiene mayor impacto en las propiedades hidrogeológicas de una cuenca fluvial es el de los cambios en el uso y cobertura de los suelos, especialmente cuando se altera y convierte un tipo específico de ecosistema, como los bosques y pastos, en una superficie para la agricultura o construcción de zonas urbanas. Estos cambios alteran los balances de energía local y la composición de las especies dominantes. Estas dos características controlan las propiedades de demanda de evotranspiración, las tasas de infiltración, y por lo tanto, la cantidad e intensidad de la escorrentía expresada en reducciones de agua o en aumentos del caudal durante eventos o flujos extremos”, Véase: “Los Sedimentos del río Magdalena: Reflejo de la crisis ambiental”, Primera edición: Agosto de 2005, Fondo Editorial Universidad EAFIT.

[8] Véase “El epicentro del fracking” artículo de Carlos Fermín publicado el 09/09/2014 en www.ecoportal.net Entre los varios ejemplos que trae el autor sobre el riesgo telúrico generado por el fracking vale la pena citar el siguiente: “Por ejemplo, en el Estado de Nuevo León, en México, se registraron más de treinta sismos en lo que va del 2014, oscilando entre los 3,1 y los 4,3 grados en la escala de Richter, y gracias a estudios científicos posteriores se demostró que la profundidad del foco de los movimientos telúricos, coincidía con la profundidad de los pozos perforados en la cuenca de Burgos, que pese a ser una de las reservas de gas natural más valiosas del país azteca, no se salva de la infernal técnica extractiva del fracking.”

[9] Véase www.avaaz.org

[10] Jorge Riechmann, filósofo ecosocialista español, quien el año pasado visitó el país cita el trabajo de los investigadores mencionados, denominado “Recursos naturales, energía y economía”, en su libro “El socialismo puede llegar solo en bicicleta”, Libros de la Catarata, 2012, Madrid., página 173.

[11] Cálculo de Richard Heinberg: Peak everything; Waking Up to the Century of Declines, New Society Publishers, Gabriola Insland (Canada) 2010. Citado por Jorge Riechmann en el libro relacionado en la nota anterior

[12] A propósito véanse las reseñas sobre el nuevo libro de Naomi Klein, “This Changing Everything: capitalism vs climate” (Esto lo cambia todo: capitalismo vs el clima), entre ellas la de Joan Martínez Alier, “Sobre el nuevo libro de Naomi Klein: “Capitalismo vs. cambio climático”, aparecida en www.rebelion.org el 29/09/2014.

[13] Véase al respecto: “Los límites del crecimiento retomados” por Ugo Bardi, Libros de La Catarata, 2014, Madrid.

[14] Se refiere a un fiscal de distrito del condado de Bristol, Massachusetts (EE.UU.), que pocas semanas antes de la marcha se negó a procesar a activistas que pacíficamente anclaron su pequeño barco precisamente donde un gran barco estaba llegando para descargar carbón para una central térmica. Véase, “Sobre el nuevo libro de Naomi Klein: “Capitalismo vs. cambio climático”, aparecida en www.rebelion.org el 29/09/2014.

Publicado en Enero 17 de 2015| Compartir
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