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Experiencias locales

Gachantivá le dice NO a la minería, y está en espera de la consulta popular

Movimiento cívico por el agua y por la vida, Colombia, Abril 04 de 2018, Este artículo ha sido consultado 1380 veces

Gachantivá es un pequeño, frondoso y productivo municipio, despensa agrícola de la provincia del Alto Ricaurte, ubicada en una de las estribaciones de los andes nororientales, en el valle de Saquenzipá, departamento de Boyacá custodiado por el macizo de Iguaque el santuario de fauna y flora y por la serranía del peligro. En sus montañas milenarias se encuentran interesantes relictos de Robles, Querqus humboltii y son el habitad de especies botánicas nativas de gran importancia para la biodiversidad planetaria, además de infinidad de especies animales, aves, reptiles, anfibios e insectos.

 

Sus gentes campesinas descendientes de los muiscas se dedican tradicionalmente a la agricultura y ganadería, son artesanos, tejedores de iche y palmicho, fibras nativas con las que elaboran sombreros, canastos y tapetes; también tejen en lana de ovejas, cultivan caña, mora, arveja, frijol, maíz y una gran variedad de tubérculos y papas. Es además un importante productor de agua para la región llegando a aportar un alto porcentaje  a la cuenca del Cane- Iguaque, subsidiaria del río Suárez.

 

Desde hace varios años las empresas mineras extractivistas están interesadas en sus ricos yacimientos de piedra caliza y caolín, lo que significa que un 43 % del territorio, 3.778 hectáreas hacen parte de títulos y solicitudes mineras. La empresa minera que a toda costa quiere obtener la licencia de explotación para piedra caliza es Cementos Tequendama, quienes pretenden desarrollar un proyecto extractivo a cielo abierto de gran magnitud y por consiguiente de fuerte impacto medio ambiental.

 

Por su parte las empresas caolineras Sumicol-Corona, Orca y Eurocerámica tienen títulos mineros y licencia de explotación que en la actualidad están causando graves daños en acuíferos y humedales, contaminando de manera agresiva el río La Cebada, el más importante proveedor de agua para la región. De obtener Cementos Tequendama la licencia de explotación abocaría a la población al desplazamiento forzoso como consecuencia del desabasteciminto hídrico lo que afectaría todas las actividades económicas y la posibilidad de permanencia en el territorio.

El movimiento cívico por el agua y por la vida de Gachantivá surge en el año 2013 a raíz de un cabildo abierto en donde se empezó a debatir comunitariamente la problemática que se avecinaba con la presencia de las compañías mineras y de sus intereses por los recursos minerales.

Desde ese momento el movimiento cívico se propuso generar consciencia ambiental, alertando a la población sobre las consecuencias negativas que traería permitir la explotación minera en el territorio. Se constituyeó una base de defensores que albergaba líderes y lideresas comunitarias empezando un proceso de capacitación en mecanismos de participación ciudadana y a su vez una campaña ambiental en donde se identificaron los valores, recursos y proyectos que si favorecen a la comunidad sin cambiar el uso del suelo contemplado en el esquema de ordenamiento territorial (EOT). Los conflictos minero-ambientales que en todo el país han suscitado enfrentamientos de las comunidades con los intereses mineros y la exigencia del respeto a la libre autodeterminación en contra de las políticas gubernamentales que promueven el extractivismo, sin contar con la decisión, necesidades y tradiciones de uso de suelo, sirvieron de ejemplo y motivación para fortalecer la consciencia ambiental de los gachantivenses.

 

Casos como la problemática que se vive en Suesca - Cundinamarca, debido a la planta de procesamiento que tiene Cementos Tequendama en ese municipio y que hoy por hoy tiene cancelada la licencia ambiental, debido a las denuncias de la población y a las acciones jurídicas que buscan revertir los efectos negativos de la minería en la salud y el agua.

 

Los procesos de Cajamarca y Piedras en el Tolima fueron estimulantes por el nivel de compromiso de las poblaciones, la capacidad para resistir a las dificultades y la resistencia que tuvieron estas consultas populares que terminaron a favor de las comunidades y en contra de la multinacional minera AngloGold Ashanti.

 

También sirvió mucho conocer la realidad de los efectos mineros en las poblaciones del departamento de Boyacá, los casos de Tasco, Chita, Socotá, Jericó y Sativanorte con las explotaciones de carbón que han causado graves desordenes en ecosistemas estretégicos debido a la irresponsabilidad de las empresas mineras y la falta de presencia de la autoridad ambiental Corpoboyaca, ejemplos que advierten a la población sobre las consecuencias de permitir la explotación minera.

 

Este acercamiento a la realidad nacional le ha permitido al movimiento cívico plantearse retos y estrategias para enfrentar los intereses extractivistas.

 

Un elemento a favor ha sido la disposición de las autoridades municipales, alcaldes y consejo de los dos últimos gobiernos, incluyendo el actual. El trabajo ha sido mancumunado con una mayoría del concejo municipal a favor del medio ambiente y el desarrollo de pequeños proyectos financiados por entidades de apoyo a procesos comunitarios ambientalistas.

 

Como resultado de las dinámicas de trabajo en pro del medio ambiente, se empieza a promover la posibilidad de realizar una consulta popular para que de esta manera sea la población quien decida si quiere o no minería. Proceso que se empezó en el año 2015 y que tuvo un primer intento de realización pero el Tribunal Administrativo de Boyacá consideró inconstitucional la pregunta que fue presentada por el Alcalde Jorge Edicson Saavedra y que había sido elaborada en el gobierno precedente. Tras apelaciones y tutelas, fue finalmente la Corte Constitucional quien ordenó al Tribunal Administrativo de Boyacá que generara las condiciones para que se presentara una nueva pregunta y se le permitiera democráticamente a la población realizar la consulta.

Las estrategias utilizadas actualmente por las empresas mineras en el caso de Gachantivá sin ampliamente conocidas, logrando poner en entre dicho la viabilidad de la consulta popular. Aparte de crear en la población falsas expectativas de trabajo y desarrollo, con el supuesto de que apoyarían la educación, la creación de hospitales, centros deportivos y empleo a un gran número de habitantes. Promovieron además la realización de pasquines, desacreditando a líderes y generando polémicas que intentan desarticular el movimiento y generar disputas por intereses a la comunidad. Igualmente contratan medios de comunicación que distorsionan la información y crean falsas alarmas, como fue el caso de una supuesta prohibición de la ganadería en la vereda de La Hoya, con la intención de poner a la población en contra del movimiento ambiental.

 

El movimiento cívico se ha encargado de generar diálogos y foros en las veredas explicando las implicaciones negativas de la minería, mostrando videos de  problemáticas mineras regionales y nacionales, haciendo una campaña ambiental consciente e involucrando a todos los núcleos organizativos, como las juntas de acción comunal, juntas de acueductos comunitarios, asociaciones productivas, estudiantes y población en general.

 

En Gachantivá se han realizado foros y debates en torno a la consulta popular, trayendo expertos en el tema y a líderes de otros municipios colombianos que ya han enfrentado esta problemática y han tenido resultados favorables. Confiamos en que la población tenga un criterio claro a la hora de enfrentarse a la decisión sobre si quiere o no minería, puesto que toda esta situación ha permitido reconocer las riquezas y valores de esta arraigada comunidad y se ha ayudado a vislumbrar cuáles son sus verdaderas opciones de desarrollo sostenible, que están justamente amparadas en su magestuosa biodiversidad, las tradiciones culturales vivas y su riqueza hídrica.

 

Otra consecuencia favorable ha sido el fortalecimiento del movimiento cívico, el surgimiento de nuevos líderes y lideresas y la realización de una marcha carnaval que congregó a más de dos mil campesinos de varios municipios del Alto Ricaurte, donde quedó absolutamente claro que la problemática minera es un conflicto que afecta no solamente a la región sino al resto del país.

 

La pregunta que fue aprobada por el tribunal y que le permitirá a los gachantivenses dejar en claro cuáles son sus intereses y a qué futuro le apuestan fue la siguiente:

“Está usted de acuerdo en que en la Jurisdicción de Gachantivá (Boyacá) se den procesos de exploración y explotación minera? SI____o   NO____”


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Publicado en Abril 04 de 2018| Compartir
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