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En agua veinte años son mucho

Rafael Colmenares , Colombia, Septiembre 20 de 2012, Este artículo ha sido consultado 144 veces

En los veinte años transcurridos desde que vio la luz el primer número de la revista Semillas muchos cambios han ocurrido tanto en la gestión como en la concepción del agua en Colombia y en el mundo. En Colombia las últimas dos décadas significan el paso de aquello que se podía caracterizar como el período del “agua - servicio público” al del “agua - mercantilizada y privatizada”, que comporta también la emergencia de los movimientos sociales y ciudadanos por el derecho al agua[1]. El Estado colombiano, antes de 1994, no pudo resolver el déficit de suministro de agua potable en el país, aunque logró avances, tanto en cobertura como en calidad, en las grandes ciudades, con excepción de las ubicadas en la costa Caribe. De ahí que las décadas de los setenta y ochenta se hubieran caracterizado por recurrentes paros cívicos relacionados con la ausencia o mala calidad del agua potable en muchas regiones del país


[1] En el VI Seminario de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental – SOLCHA- celebrado Villa de Leyva (Colombia), entre el 4 y el 8 de Junio de 2012, presenté una propuesta de periodización de la historia del agua en Colombia, proponiendo cuatro períodos: “agua fluyente” que corresponde a la etapa precolombina; “agua intervenida” que comprende el período colonial y el siglo XIX; “agua servicio público” que comienza en la tercera década del siglo XX y “agua mercantilizada y privatizada” que corresponde a las últimas dos décadas y cuyas características se analizan someramente en este artículo.

 

Del agua como servicio público al agua como mercancía

El relativo fracaso del “agua-servicio público” facilitó la imposición de la concepción neoliberal de la mercantilización y privatización del agua, que agravó el problema. Esta política tiene asidero en el artículo 365 de la Constitución de 1991, el cual permite que los particulares, al igual que el Estado y las “comunidades organizadas” puedan prestar servicios públicos. La mencionada Constitución es el marco jurídico que prepara a Colombia para el libre comercio, la privatización de los bienes comunes y el dominio de la economía del país por las transnacionales. Paradójicamente contiene también una amplia carta de derechos, de escasa y difícil aplicación pues el modelo económico lo impide.

Al amparo de las disposiciones constitucionales el gobierno del Presidente César Gaviria propuso al Congreso la expedición de la que sería, una vez aprobada, la Ley 142 de 1994. Esta Ley traslada al usuario, que se convierte en cliente, todos los costos directos e indirectos del suministro de agua potable y ordena a todas las empresas prestadoras, sean públicas, privadas o mixtas que sean rentables. Es decir organiza la mercantilización del agua, privilegiando los resultados económicos de los prestadores frente al derecho de las personas de acceder al servicio. Los resultados de la anterior política no se hicieron esperar. A mediados de la década pasada ya el 32% de las empresas que prestan el servicio de acueducto y alcantarillado tienen participación privada (mixtas 9% y privadas 23%), muchas de ellas de capital trasnacional. Estas empresas operan en las ciudades mas grandes del país y de ellas depende la mayoría de la población.

Simultáneamente las tarifas del servicio de acueducto y alcantarillado suben considerablemente. Por ejemplo, entre 1998 y 2008 el índice de precios al consumidor (IPC) del sector aumentó en 200%, mientras que la inflación general fue del 92%. Este incremento impactó en mayor proporción a la población pobre, en comparación con la de ingresos altos: mientras los primeros sufrieron un incremento de 300% en sus tarifas en la última década, para los segundos el incremento fue de 132%. La realidad evidencia que en Colombia, el 20% más pobre de la población emplea más del 8% de sus ingresos en el pago del agua, cifra que, comparada con países como Guatemala, con un 2.5%, Perú, con 4%, y México y Paraguay, con 6%, resulta excepcional. (UNPD, 2006). En virtud de lo anterior, cerca de 400 mil usuarios son excluidos anualmente del servicio, en promedio, lo que equivale a 1.6 millones de personas distribuidas así: 236 mil en Bogotá, 60 mil en Medellín, 15 mil en Cartagena, entre otras[2].

Esta penosa situación, como señalan los expertos Aurelio Suárez e Iván Cardona, “contrasta con los márgenes de utilidad y rentabilidad de las empresas del sector. Por ejemplo, el margen de EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) sobre ingresos operaciones en el sector de Acueducto y Alcantarillado alcanza el 40%, equivalente a $1.2 billones al año; la rentabilidad sobre activos es del 8%, mientras la liquidez (activos corrientes / pasivos corrientes) es de 3.3 (SSPD, 2007a)”[3].

A pesar de lo anterior, los avances en cobertura siguen estando soportados en su gran mayoría por la inversión pública. Mientras que la inversión privada en infraestructura para el sector fue sólo de $160 mil millones en promedio anual, entre 1995 y 2003, la inversión pública ascendió a los $900 mil millones por año (DNP, 2005). Entre 2003 y 2006, los recursos del sector llegaron a $7.3 billones, provenientes de las siguientes fuentes públicas: 42% del Sistema General de Participación, 11% del Presupuesto General de la Nación (PGN), 16% de las regalías, y 31% de las tarifas. (SSPD, 2008b)

Entretanto la política de mercantilización y privatización no ha significado mayores avances en cobertura y saneamiento. En las capitales departamentales, diferentes a las grandes ciudades, la cobertura real es del 66%, y en el resto de cabeceras municipales de 30,5%[4]. En el plano ambiental, el volumen de aguas residuales que recibe tratamiento llega apenas al 8%, mientras que el 50% de los municipios no cuenta con un relleno sanitario, disponiendo sus basuras a ‘cielo abierto’, o todavía algunos depositándolas directamente en los cauces de ríos y quebradas, según informe de la Defensoría del Pueblo presentado en 2007.

Finalmente casi una cuarta parte de la población continúa sin acceso al agua potable. Así se desprende del “Diagnóstico del Cumplimiento del Derecho Humano al Agua en Colombia”, documento publicado por la Defensoría del Pueblo en Abril de 2009, según el cual son 9.022.276 las personas que no cuentan con acceso a acueducto, y 13.541.532 las que no tienen alcantarillado. Entretanto, el 30 de Noviembre de 2011, la Defensoría del Pueblo, daba a conocer el informe de calidad del agua correspondiente al año pasado, según el cual de un total de 970 municipios monitoreados, en 570 el agua que se suministra es de mala calidad. En 446 municipios que toman agua de pozos, ríos y quebradas, los análisis realizados revelan que el líquido esta contaminado con materia fecal. Según el informe solo el 31% de la población colombiana toma agua limpia, realmente potable.

 

El Referendo por el derecho humano al agua como respuesta

Los estragos de la política descrita ameritaban una respuesta y ella tomó la forma de un movimiento social y ciudadano que impulsó un referendo “por el derecho humano al agua”. Un amplio espectro de organizaciones sociales, agrupadas en el Comité Nacional en Defensa del Agua y de la Vida[5] tomó la decisión de plantear una reforma constitucional que estableciera los nuevos principios de una gestión integral del agua, reconociendo el carácter esencial de la misma para la vida, el cual la convierte en un bien común y por lo tanto público pues como señala la Observación General 15, del Comité Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), el agua “debe tratarse como un bien social y cultural y no fundamentalmente como un bien económico”.

El otro eje de la propuesta fue el reconocimiento del derecho humano fundamental al agua potable. Para garantizar este derecho se propuso un mínimo vital gratuito. La viabilidad de esta propuesta implicaba un cambio del esquema actual, según el cual los usuarios asumen los costos directos e indirectos del servicio de acueducto y alcantarillado e implicaba un mayor aporte del Estado.

Un aspecto fundamental para garantizar a las generaciones presentes y futuras la satisfacción de sus necesidades básicas es el ordenamiento territorial. Varios artículos de la Constitución colombiana están referidos a este tema y en particular el 80 propende por una adecuada planificación de los recursos naturales. Una interpretación ambientalista de este mandato, en relación con la problemática del agua, condujo a proponer un criterio de destinación para los ecosistemas esenciales en el ciclo del agua. Estos deben dedicarse prioritariamente a garantizar el funcionamiento de dicho ciclo. Conservar y recuperar estos ecosistemas destinándolos para el fin que la naturaleza les asignó es una medida indispensable para la sostenibilidad ambiental de Colombia. Debe recordarse que una de las causas de deterioro del potencial hídrico colombiano, identificada por la Estrategia Nacional del Agua hace ya doce años, es la forma como se ha ocupado el territorio contraviniendo la lógica de sus ecosistemas.

Lamentablemente y luego de batallar desde Octubre de 2008 a Mayo de 2010, el referendo fue negado por la Cámara de Representantes del Congreso Colombiano. El hecho constituyó un bofetada a los dos millones de colombianos que firmaron para que se convocara y dejó herido de muerte el mecanismo de la democracia participativa.

 

Sed con el agua al cuello

Pocos meses después de haberse negado el referendo, que planteaba también la destinación de los ecosistemas esenciales para el ciclo de hidrológico a esa finalidad natural se desencadenó la temporada de lluvias mas intensa de las últimas décadas. Uno de los aspectos principales del binomio “inundación - no acceso al agua”, menos comprendido y ocultado es el profundo deterioro de los ecosistemas colombianos y la grave afectación que ello supone para el ciclo hidrológico. El factor principal de dicho deterioro es la deforestación que acelera la escorrentía y sedimenta los ríos, generando las inundaciones y provocando avalanchas que destruyen los acueductos. Se padece así de sed, con el agua al cuello.

En Colombia el territorio ha sido transformado en un 40% desde la época colonial y dicha alteración ha sido del 90% en la Costa Atlántica y del 75% en la zona andina, que son precisamente las áreas mas afectadas por las inundaciones[6]. La alteración de las cuencas que vertebran nuestro territorio, según el informe del Programa de Monitoreo de Deforestación presentado por el Director del IDEAM, el 30 de noviembre de 2011, ostenta un promedio anual de pérdida de bosque nativo de 238.000 hectáreas, en el período 2005 - 2010. Esta pérdida representaría el 4,7% de la deforestación mundial que, según la FAO, asciende a cinco millones de hectáreas por año.

En la Cuenca del Magdalena, de acuerdo con el Instituto Mundial de los Recursos (W.R.I.) la tasa de deforestación anual fue del 2,6%, entre 1990 y 2000, la más alta de cualquier cuenca suramericana de orden mayor y una de las más altas a nivel mundial para cuencas tropicales. La pérdida de la cobertura original del bosque es del 87%., en dicha área. A comienzos de la década del 2000, el IDEAM (2001) señalaba que cerca del 55% del área de la cuenca estaba destinada a la actividad agropecuaria, mientras que la cobertura de bosques alcanzaba solo el 26,4%.[7] Las inundaciones y el no acceso al agua potable son entonces las dos caras de una misma moneda, tienen un origen común: el deterioro del ciclo hidrológico en el territorio colombiano. Mientras esto no se comprenda se continuará apelando a las seudo soluciones consistentes en dragados, diques, represas, jarillones y demás obras costosas y propicias para la corrupción de contratistas y funcionarios. Al tiempo se insistirá en planes similares a los fracasados “planes departamentales de agua” con una mágica invocación a la eficacia del sector privado[8].

 

Signos de esperanza

Mucho ha avanzado la mercantilización del agua en estos veinte años, mucho ha avanzado el deterioro ambiental, pero también ha avanzado la conciencia ciudadana y la movilización social. El referendo fue negado pero amplios sectores de la sociedad civil colombiana han reactualizado sus propuestas. Así por ejemplo, la resistencia del movimiento en Bucaramanga logró que se frenara la explotación de oro en el Páramo de Santurbán y lo hizo reivindicando los planteamientos del referendo. En otro plano, la actual Alcaldía de Bogotá, mediante Decreto No. 064 de 15 de Febrero de 2012, amplió el mínimo vital gratuito de seis metros cúbicos mensuales por familia al estrato dos de la población beneficiando a 619.000 hogares y tres millones de personas[9]. Otras ciudades han comenzado a seguir el ejemplo. Entretanto la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ha anunciado que no dará continuidad a los operadores privados encargados de la medición del consumo en la ciudad más allá del 1 de Enero de 2013, fecha en la que se vencen los actuales contratos. De concretarse esta medida sería la primera privatización que se reversa en Colombia. Esperemos que la tendencia que muestran los anteriores hechos positivos se consolide antes de que sea demasiado tarde.


[2] De acuerdo con una encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoria, en promedio al 7% de los usuarios les suspenden el servicio por falta de pago. Ver SSPD (2006).

[3] Véase “Análisis de los Planes Departamentales de Agua” en www.ecofondo.org

[4] Según resultados de la Encuesta de Calidad de Vida del año 2003.

[5] El Comité creado el 23 de Febrero de 2007 por sesenta organizaciones de todo el país es el impulsor y responsable de la iniciativa del referendo. En su última Asamblea (29 de Febrero de 2009), constató la vinculación al proceso de 1200 organizaciones en todo el país.

[6] Véase Germán Márquez, “Mapas de un fracaso”, Universidad Nacional de Colombia, 2004.

[7] Citado en “Los sedimentos del río Magdalena: Reflejo de la crisis ambiental” Juan D. Restrepo Ángel. PhD. Editor, Fondo Editorial – Universidad Eafit, Agosto de 2005.

[8] Los Planes Departamentales de Agua, publicitados en el gobierno anterior como la solución y utilizados como argumento para desestimar el Referendo por el Derecho Humano al agua, fueron cancelados, sin rubor, por la Ministra Beatriz Uribe que anunció mayor ingerencia del sector privado en el asunto. Como si dichos Planes no hubieran sido diseñados para entregar los acueductos de ciudades intermedias y pequeñas a operadores privados y no hubieran sido manejados, en los cuatro años de su corta y desafortunada vida, por gerencias privadas cuyo sostenimiento costó 89.000 millones de pesos para que invirtieran en obras solo el 20% de 1,11 billones de pesos aportados por 600 municipios. El resto del dinero permaneció en el sistema financiero que percibió 6.000 millones de pesos en comisiones por administración fiduciaria. Todo lo anterior según el informe presentado por la Contralora Delegada para Medio Ambiente, en Abril de 2011.

[9] En Diciembre de 2011, la anterior administración distrital había establecido el mínimo vital gratuito de agua para el estrato 1 de la población. 

Publicado en Septiembre 20 de 2012| Compartir
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