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El espejo del Vaupés

Patricia Yolanda Amador, Colombia, Julio 31 de 2014, Este artículo ha sido consultado 409 veces

Yuisi es el nombre como hace miles de años los pueblos originarios nombraron a una espectacular caída de agua en el río Apaporis, en el Vaupés. Allí, según cuentan los viejos makuna, tanimuka, tuyuca, cabiyari, letuama, yauna, yujup-maku, yakuna, matapí, tatuyo, tuyuca, boramiraña, entre otros, surgió la humanidad y para acceder a este paraje, bautizado por los colonos como chorro de La Libertad, es necesario para los indígenas de la zona, pasar por varias pruebas. “Solo los mayores pueden contemplar sus aguas y las mujeres tienen prohibido mirarlo. Se dice que cada vez que un chamán hace una curación se conecta con el pensamiento a esa cascada. Todos los años en marzo, las comunidades celebran el ritual del Yuruparí, en el que los niños reciben la conexión espiritual con Yuisi, que les da el paso a su vida adulta”

Semejante respeto mantuvo este lugar intacto por siglos, hasta el 29 de octubre de 2009. Ese día la trasnacional Cosigo Resources obtuvo una concesión minera del gobierno para hacer exploración y explotación de un área constituida por 9.973 hectáreas, que hacen parte del resguardo Yaigojé Apaporis.

Dos días atrás, o sea el 27 de octubre, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió la resolución 2079 que declaró la zona como Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis, según se lee en el documento, para “garantizar la permanencia de los valores culturales de los pueblos indígenas que habitan la región, asociados a la conservación del medio natural, como fundamento para el mantenimiento de la diversidad biológica y cultural del país, como también garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar humano”. 

¿Cómo logró una empresa canadiense conseguir una concesión minera en un Parque Nacional Natural y además en lugar sagrado para una cultura ancestral colombiana? La historia parece extraída de una película y tiene todos los ingredientes para entender el funcionamiento del país en la era de la locomotora minero energética, un plan extractivista que surgió en los gobiernos Uribe Vélez y que sigue hasta nuestros días, cada vez con mayor intensidad.  

 

Como en el cine

Cosigo son las siglas en inglés de Coal (cobre), Silver (plata) y Gold (oro). Resources son recursos y es claro que esta empresa trasnacional va por los “recursos naturales”. En su página web dice que hace quince años están en Colombia, un país “casi el doble del tamaño de Texas”. La empresa posee experiencia en Canadá, Estados Unidos, Groenlandia, Escandinavia, Rusia y Africa, pero no mencionan nada de esos proyectos. En cambio, anuncian que el futuro está en América Latina. Actualmente trabajan el nordeste brasilero y en Sur de Bolívar, Cauca, Nariño, Boyacá y Vaupés. 

En este último se encuentra Machado, como llama la empresa a su más importante megaproyecto, ubicado a tan solo 80 kilómetros de Mitú, capital del departamento. En territorio “Cosigo's 100%-owned” . Promete a sus inversionistas grandes dividendos de un tesoro denominado el “cinturón de oro Taraira”, un botín al que se accede luego de expoliar ”fuertes vetas de cuarzo de las serranías de más de 100 kilómetros”. Tiarara es el nombre del pequeño municipio donde está ubicado el Resguardo Yaigojé Apaporis, una población de pequeños pescadores y mineros artesanales. En 1988, las comunidades indígenas se constituyeron en el resguardo Yaigojé Apaporis, gracias a la labor adelantada por la asociación de capitanes indígenas del Yaigojé Apaporis (ACIYA). 

En la década del noventa, la gobernación del Vaupés pretendió instalar una inspección de policía en Yuisi y por ello ACIYA instauró una tutela que falló a favor de la comunidad, con el argumento de tratarse de un lugar sagrado. Así las autoridades debieron retirar la construcción. Tiempo después, en 1998, la comunidad y representantes del Inderena, Parques Nacionales y la Universidad Nacional de Colombia lograron la ampliación del resguardo a un millón de hectáreas. 

Pasó una década en calma. Fue hasta el 2007 que apareció Cosigo Resources y adelantó una campaña de socialización con las comunidades. Programaron varias reuniones donde se les daba a la gente para la gasolina y se les repartía a todos botellas de Coca Cola, e inclusive, llegaron a invitar a cinco niños de la zona que jamás habían salido de la selva, a viajar a Maloka en Bogotá. Según algunos miembros de la comunidad, las intenciones de Cosigo no fueron del todo claras y los más viejos miembros de ACIYA, en febrero del 2008, manifestaron la intención de conformarse en parque natural, para preservar el territorio de la minería. Una comisión viajó a Bogotá y se reunió con Julia Miranda Londoño, directora de Parques Nacionales, que ateniéndose al Convenio de Diversidad Biológica y los argumentos culturales y espirituales de la comunidad, aprobó la iniciativa. Al poco tiempo la Universidad Nacional investigó la zona. En el inventario se registró el hallazgo de 33 plantas vasculares propias de Colombia, entre 1.683 diferentes clases, gran variedad de micos, donde se destacan el colimocho y el huicoco, así como 362 aves, 81 reptiles, 73 anfibios, 201 peces y 443 mariposas. Entre los mamíferos más llamativos figuran ardillas grises, tigrillos, jaguares y pumas. 

Cuando se efectuó la consulta previa, certificada por el Ministerio del Interior, la empresa configuró una estratégica de división y hábilmente, como se demostró luego, evitó que las comunidades indígenas más abiertas al proyecto minero asistieran a las citaciones, organizando reuniones simultáneas. Aún así, el proceso de consulta previa fue completo y certificado por veinte comunidades. ACIYA, que en ese momento representaba el obstáculo más grande para la minería, promovió el voto a favor del parque, declarando su territorio “inalienable, imprescriptible e inembargable”. El Estado a su vez se comprometió a respetar su estilo de vida y que cualquier decisión debería ser concertada. Con esto, la población de Tiarara pensó acabar con los deseos de Cosigo Resources, pero la alegría no duró mucho. Dos días después de conformarse el parque, casi que al finalizar la fiesta de celebración, Cosigo Resources obtuvo una de las veintitrés solicitudes de concesión minera solicitada en la zona a Ingeominas, que aunque no puede ejecutar por la nueva condición del territorio, no le obliga salir. 

El asunto generó una fuerte polémica en el Vaupés y llevó a que las comunidades indígenas se dividieran. Los tradicionales, promotores del parque y quienes creían en las promesas de CosigoResources, que con el lema de la minería traerá el progreso de sus pueblos, fundaron una nueva organización, la Asociación de Comunidades Indígenas de Taraira-Vaupés (ACITAVA) que interpuso una acción de tutela. El argumento fue que nunca fueron consultadas sobre la creación del parque y sostenían que se violó el derecho de la comunidad a ser consultados previamente, como establece el acuerdo 169 de la OIT. 

La tutela fue presentada por Benigno Perilla, un líder colono no indígena, representante legal de la nueva organización ACITAVA, que a pesar de su corto tiempo, le hizo rápidamente contrapeso a la ACIYA. El 15 de junio de 2010, en el Hotel Radisson de Bogotá, evento organizado por CosigoResources, se hizo una rueda de prensa y Benigno negó los contactos con los representantes de Parques Nacionales y la consulta previa. Siguió el libreto a la perfección. Manifestó de sus labios todos los deseos de la minera, solicitó que el parque fuese reducido en extensión y habló de progreso, tecnología, hasta insinuó que la minería era posible con la conservación de los territorios sagrados y los ecosistemas. 

La tutela fue negadaen primera y segunda instancia por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y luego fue seleccionada por la Corte Constitucional para revisión, mientras que por su presunta participación en el otorgamiento de títulos mineros y los procesos que se surtieron para los mismos, la Procuraduría General de la Nación abrió proceso disciplinario a ocho funcionarios de Ingeominas y el 13 de julio de 2013 pidió revocar el título minero otorgado a CosigoResources. Luego de dar varios tumbos, la Corte, quien es la última instancia en dirimir este conflicto sui generis que simboliza la realidad de las políticas extractivistas en Colombia, dará el fallo final. Una comunidad dividida, un poder económico que compra conciencias y un sitio sagrado que equivaldría para los egipcios, a las pirámides, a punto de ser expoliada. Una decisión que nos afecta como colombianos, por el significado y valor de Yuisi, o el Chorro de la Libertad.

 

Punto de giro

En mayo del año en curso, los magistrados Gabriel Mendoza, Nilson Pinilla y Jorge Iván Palacio realizaron una audiencia pública en Tiarara. Fueron hasta el resguardo y se sentaron en la maloca a escuchar a los involucrados. Benigno, quien fue el primero en hablar, asombró a todos cuando admitió que la tutela había sido organizada y pagada por CosigoResources, dándole un toque dramático a la historia. Aunque Benigno no dijo nada nuevo, lo cierto es que coloca a la justicia en una encrucijada. Por una parte, el caso del resguardo Yaigojé Apaporis pone al descubierto las debilidades del gobierno, la ambigua jurisprudencia y la falta de coordinación institucional, pero también queda en entredicho, el papel del Estado en resguardar y proteger la naturaleza.

Cosigo Resources, que cotizaen la Bolsa de Toronto y ha invertido mucho dinero en el proyecto, preservará su intención hasta las últimas consecuencias. La comunidad, representada por ACITAVA, con pocos recursos, buscará proteger su ecosistema. En caso de un fallo de la Corte a favor de la comunidad indígena ubicada en la parte norte del parque, el Parque Yaigojé-Apaporis dejaría de existir y el título de Cosigo Resources quedaría de inmediato válido. Lo cual es muy grave, porque le da a la minera el tiempo de recuperar su derecho adquirido, mientras se da inicio al nuevo proceso de consulta previa. 

Benigno aclaró que había roto relaciones con Cosigo, pues “los estaba utilizando”, pero sigue insistiendo en que no fueron consultados durante el proceso. La decisión está en manos de la Corte y tiene en vilo a Vaupés, y a varias organizaciones del continente que se han manifestado en contra de los planes de la minera. También se espera el resultado de las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la Nación contra los ocho funcionarios de Ingeominas. 

¿Cuál es entonces el panorama para la trasnacional? Afilar su estrategia jurídica mientras acelera sus pasos para obtener los títulos mineros y los permisos necesarios para los 36 permisos restantes. Aceitar sus influencias y el pool de abogados con quienes ha logrado una red de tráfico de influencias. Con apenas diez días de abrir una oficina en Colombia, la trasnacional canadiense en alianza con Frontier Pacific Mining Corporation (FPMC) quien controló con el 51% los beneficios del proyecto y la empresa CosigoFrontier, que posee dos sucursales en el país,recibió del gobierno colombiano una concesión de exploración y explotación por treinta años, prorrogable para treinta años más. El Proyecto Machado, por mutuo acuerdo, fue liberado por la FPMC un tiempo después y Cosigo se quedó con el control de ese territorio. Según lo que dicen, buscan “definir la importancia y el alcance de las zonas auríferas e identificar áreas adicionales de interés”. Según Andrés Rendle, vicepresidente de exploración, se tiene una prospectividad inicial de dos millones de onzas de oro de muy buena calidad.

Del otro lado, una comunidad olvidada del Estado, que ante la amenaza de una empresa extranjera de invadir su territorio, logra por primera vez en la historia crear un Parque Nacional Natural por un proceso que parte de la comunidad, motivada por la necesidad de sobrevivir, de salvaguardar el agua, las plantas y todas las especies que habitan allí. Dos visiones de desarrollo, la efectivista, cegada por la avaricia y el capital y aquella que propone un desarrollo, de acuerdo a las cosmovisiones de sus habitantes, a un proceso de respeto y conservación.

Lo que está en juego, a la final, es lo que la minera llama el “cinturón de oro de Taraira”, que es descrito en su página como “potencialmente uno de los mayores distritos auríferos no explorados del mundo” solo comparable con el Witwatersrand en Sudáfrica.CosigoResources no tendrá ningún escrúpulo en arrasar con la Serranía de la Libertad, que protege a Yuisi y extraer todo el oro que les sea posible, sin importar el destinos de las comunidades indígenas. Ese cinturón de oro vendría a hacer como en Avatar, la película del director James Cameron, el árbol milenario que protege a los seres azules. La pregunta es si dejaremos que esto suceda. Porque de ganar la trasnacional sentará un precedente en el papel preponderante que se le otorga a las empresas por encima de los interés colectivos. Este caso representa el dilema que sufre Colombia al debatirse ante al auge de la minería y la protección de ecosistemas estratégicos. Entre la explotación desaforada y la conservación del Vaupés, de la Amazonia y con ello los pueblos indígenas, la fauna y la flora. Si bien, cerca del 80% de la amazonia está bajo alguna figura de protección, como resguardos indígenasy parques naturales, esto podría cambiar drásticamente cuando se falle en este caso.

Para Andy Rendle, funcionario de Cosigo, quizás sea una "pulguita de territorio”, como declaró a El Tiempo, pero para los habitantes indígenas que recorren el Apaporis, es su todo. Es una nación. Su territorio, que desconocen en que momento lo perdieron y cuando un país dejó de acogerlos y en vez de invertir en ellos, les anuncia que hay más de 400 solicitudes mineras en trámite en la zona.

Publicado en Julio 31 de 2014| Compartir
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