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Experiencias Locales

El conflicto ambiental del trasvase del río Guarinó al río La Miel*

Teresita Lasso Amézquita y Edier Arias , Agosto 08 de 2006, Este artículo ha sido consultado 6989 veces

Teresita Lasso Amézquita[1]

Edier Arias [2]

 

Contexto geopolítico de la región

Por la importancia geopolítica de la región, en especial por el potencial hídrico del oriente de Caldas, en el que se destacan las cuencas Guarinó, La Miel, Samaná Sur y afluentes como los ríos Pensilvania, Tenerife, Moro y Manso; por los eco­sistemas estratégicos como la selva de Florencia, por la localización de la región en todo el centro del territorio nacional, se identifica que el gran nodo problemático es la represa Miel I, pues por la necesidad de repoten­ciarla, se tiene previsto el trasvase de los ríos Manso y Guarinó inicialmente, y a futuro el nodo se extenderá a Miel II con sus posibles trasvases como el del río Gualí. 

Se puede concluir que el conflicto del trasvase del río Guarinó es complejo, dinámico, de múltiples intereses y de alto impacto ambiental a futuro para la región por su implicación hídrica. Basta visualizar el total de desplazados que generarán los trasvases y las represas en la región; los excluidos y empobrecidos por pérdida al acceso de la base productiva para el sustento de sus familias; los cambios culturales, morales y éticos; la pérdida del poder político sobre el territorio por parte de las autoridades y las comunidades locales, expresada en la toma de decisiones para el uso del territorio en otras instancias del país; y en general los significativos impactos a los ecosis­temas de la región. Por lo tanto, estamos ante un modelo de desarrollo para el oriente de Caldas donde el énfasis se centra en el crecimiento económico a partir de la apropiación del potencial del agua a corto plazo, donde poco o nada importan las externa­lidades sociales, ambientales y políticas que con el tiempo generen los diferentes proyectos para la región; pues éstas las deberá asumir la dirigencia regional y local, ante la descarga de la obligación por parte del Estado y la falta de compromisos serios por parte del interesado en la ejecución de los proyectos. 

 

Ubicación geográfica

“El proyecto de trasvase bajo del río Guarinó”, está situado en la cuenca media baja del río Guarinó a la altura de la población de Victoria, departamento de Caldas. La estructura de captación y túnel de trasvase están ubicados en el sitio de mayor proximidad entre los ríos Guarinó y La Miel, en jurisdicción de la inspección de Cañaveral, localizada aproximadamente a 29 km aguas arriba de la desembocadura del río Guarinó en el río Magdalena. La zona de las obras está ubicada en su totalidad en jurisdicción del municipio de Victoria. La ubicación de la estructura de captación y portal de entrada del túnel de trasvase están situados sobre la margen izquierda del río Guarinó, a una cota de 578,30 m. El portal de salida, próximo al cauce del río La Miel a una cota 519,60. El túnel tendría una longitud de 3.383 m [3]. La cuenca del río Guarinó pertenece a los Departamentos de Caldas y Tolima, no está ordenada, ni priorizada por las autoridades ambientales para el proceso respectivo. 

 

Objetivos del proyecto

El proyecto de trasvase tiene como objetivo, incrementar la capacidad de generación de energía del proyecto Hidroeléctrico Miel I, pasando de una generación media de 1460 Gwh/año a una 2012 Gwh/año. La generación de energía firme calculada para el proyecto sin trasvase, es de 1135 Gwh/año y con el trasvase propuesto de 1348 Gwh/año; lo anterior equivale a un incremento de 213 Gwh/año” [4]

 

Descripción general del proceso        

El conflicto se genera desde 1996 cuando la antigua Hidromiel radica el proyecto ante el entonces Ministerio de Ambiente. La comunidad de La Dorada de inmediato genera una reacción en contra, ya que en ese momento existía la propuesta de un nuevo acueducto para este municipio, que se surtiría del río Guarinó. Anhelo que años después se cristaliza, abandonándose la toma de las aguas del río Magdalena, con lo cual muchos de los problemas de salubridad tuvieron solución.  

Existe un consenso en contra del trasvase por parte de los actores receptores del daño, como son las comunidades de los municipios de La Dorada y Victoria con las respectivas autoridades municipales; de igual manera un sector importante de organizaciones no gubernamentales y el grupo de trabajo del Observatorio de Conflictos Ambientales. Por los intereses, tanto económicos como políticos, el proyecto ha generado mucha dinámica, controversia y reagru­pamiento políticos en el Departamento, la región y mucha presión política por los Ministerios de Minas y Energía; Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Presidencia de la Republica, declarando el proyecto de utilidad pública. 

Si bien la licencia ambiental otorgada en marzo de 2004, estuvo suspendida durante dos años mientras se definían los recursos de reposición contra ella interpuestos, el pasado 18 de abril se confirmó la decisión. Con lo anterior la licencia se encuentra en firme, ha agotado vía gubernativa, y sólo un pronunciamiento judicial podría detener el inicio de las obras. 

 

Tipo de conflicto ambiental

En la reflexión del proceso histórico, se evidencia un conflicto recurrente en un lapso de 10 años: 1996-2006. Por sus características, podemos decir que es un:

a.  Conflicto ambiental de tipo público.

b.  Conflicto de tipo étnico-cultural.

c.  Conflicto de tipo gremial.

d.  Conflicto de tipo político-económico-ideológico.

a.  Público, ya que los actores generadores del posible daño ambiental son: ISAGEN, dueña del proyecto, y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. La primera; una empresa de servicios públicos de carácter mixto, aunque con mayoría accionaría de la nación[5] y el Ministerio como responsable de regular el manejo del ambiente en el territorio nacional. 

b.  Étnico-cultural. Étnico, debido a que en la zona existen comunidades negras en el asentamiento el Chochal y en la vereda del Llano del municipio de Victoria y La Dorada; las cuales no fueron consultadas sobre el proyecto, pese a existir obligación legal en tal sentido. Además, al no identificarse las mismas; en el estudio de impacto ambiental, que debió ser elaborado con participación de estas minorías, no se previeron los impactos directos e indirectos sobre dichos grupos humanos. Cultural, por no existir claridad en cuanto al plan de manejo arqueológico. Al expresar la misma empresa que “es necesario continuar con la revisión bibliográfica concerniente a esta región, pues el área de influencia local se enmarca dentro de la zona arqueológica etno-histórica del valle medio del río Magdalena” [6], está aceptando la falta de profundidad en los estudios previos a la licencia ambiental. Así mismo, los 100.000 habitantes de La Dorada y, a corto tiempo los 12.000 habitantes de Victoria, se podrán ver afectados por la disminución de las fuentes hídricas que proporcionen agua potable para consumo humano; lo que modificará notablemente la vida cotidiana tanto privada como pública de los asen­tamientos humanos de dichos territorios. Se potenciará la violencia: contra la naturaleza, contra el paisaje y entre los actores sociales (antrópica). Expresada esta última en el mercado irregular del suelo en el área de influencia, inseguridad en la región, presencia de civiles armados para la vigilancia del proyecto, aumento de la prostitución y enfermedades venéreas, alcoholismo, drogadicción, madres solteras; lo que implicará mayor inversión para los sectores: salud, educación, cultura y planeación en todos los municipios del área de influencia directa e indirecta del proyecto. Externali­dades éstas, que no son relevantes para el sector político y económico que toma las decisiones frente a la viabilidad de este tipo de obras, ni aún para quienes pretenden realizar el Trasvase. 

c.  De tipo gremial, por cuanto se afectarán los intereses de los pescadores de la región. Este gremio lo conforma una población flotante de los Departamentos de Tolima, Caldas y Cundinamarca que se desplazan constantemente para hacer uso de los recursos que les proporciona el río Guarinó, para la pesca artesanal, de subsistencia y comercial; además de las muchas familias de los municipios de Victoria, de la Charca de Guarinocito y La Dorada que viven directamente de la pesca en dicho río. 

d.  Político-económico-ideológico, el proyecto hace parte de las políticas estructurales de Estado[7]  (en cuanto al modelo de desarrollo - progreso) para la región andina colombiana, por la vía del fomento a la construcción de macro proyectos[8]  y su articulación a multinacionales, cuyo interés es la apropiación de la base productiva –el recurso hídrico, entre otros–. Lo anterior ha generado controversias regionales, sobre las políticas de Estado en cuanto a la explotación y venta del potencial ambiental de la nación, por parte del sector hidroeléctrico; frente a la ineficacia en la regulación ambiental estatal, la generación del desarrollo-progreso para las regiones, sin tener en cuenta los límites de resilencia de los ecosistemas, las clases dirigentes locales, ni sus pobladores, ni el concepto de la autoridad ambiental local, primando los intereses económicos y políticos en la toma de decisiones, empotrados en el sector público central como es: el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, e ISAGEN, y el modelo de gestión presidencial impuesto en los mal llamados concejos comunitarios.

 

Vías de solución del conflicto

La solución al conflicto se ha gestado por varias vías, impulsadas por los diferentes actores[9] que hacen parte del conflicto: la jurídica, la política, la administrativa, y la resolución por la vía de la cooptación por compensaciones. Expresadas así:

    La solución del conflicto por la vía jurídica. Una vez se tuvo conocimiento sobre la posibilidad del trasvase, se solicitó al Ministerio la realización de una audiencia pública antecedida de tres mesas preparatorias; la petición fue elevada por parte de la Alcaldía de La Dorada, del sector político del Magdalena Medio, de los gremios, del sector sindical y del sector educativo, entre otros. No obstante y debido a la falta de diligencia de los delegados del Ministerio de Ambiente para entregar información, la misma no tuvo los resultados esperados, siendo cancelada la audiencia sin efectuarse siquiera la tercera mesa preparatoria. 

   A través de los mecanismos de participación definidos en la Constitución y la ley, y con el respaldo ciudadano, en actuaciones como la interposición de recursos de reposición y en subsidio de apelación contra los actos administrativos que otorgaron la licencia ambiental; mediante los cuales durante dos años se impidió que la licencia quedara en firme. 

   Otra de las vías de solución ha sido la de construir consenso político a partir del conocimiento de las externalidades del modelo de desarrollo para la región, con un criterio de identidad y respeto a la gestión local. En la región existen procesos políticos en diferentes vías, que expresan una tensión entre lo local y lo nacional, la región y el centro, el modelo de gestión entre la orden y el consenso, el desarrollo humano sustentable versus el desarrollo económico como fin. 

   Resolución del conflicto por la vía administrativa. Las autoridades ambientales regionales, Cortolima en 1998 y Corpocaldas en el 2004, han expresado su concepto desfavorable al proyecto del trasvase. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial otorga la licencia al proyecto mediante resoluciones 359 y 405 de 2004, ratificadas mediante la resolución 0684 de este año. Además, el proyecto del trasvase del río Guarinó fue declarado por el gobierno nacional de utilidad pública e interés social en mayo del 2004. 

   Resolución por la vía de la cooptación por compensaciones. Por parte de la gerencia del proyecto, se viene expresando insistentemente el interés de apoyar a través de proyectos sociales, regalías e inversión voluntaria, a manera de compensar a las alcaldías y, a las comunidades no consultadas como las negras y de pescadores. Ofertas que para los actores receptores y observadores del daño son un medio para dividir y confundir a las comunidades y generar la desistencia del conflicto por la vía de la cooptación, expresada en promesas de dineros, construcción y mejora de infraestructura como escuelas y apoyo a microempresas[10],  en el entendido, que este tipo de propuestas no responden a la solución del problema ambiental de fondo y más bien responden a un modelo de gestión en donde se evidencia una crisis de principio de conducta institucional en la gestión de un proyecto. 

 

Resultados de la experiencia

Entre las múltiples reflexiones, que se generan en el proceso del ejercicio del poder sobre un territorio, por el acceso y uso de las potencialidades naturales y sus servicios ambientales, se desprende como aportes a la solución del conflicto, entre otras:

    La vinculación de la Universidad de Caldas, a través del Observatorio, al conflicto ambiental del Trasvase del río Guarinó al río La Miel, respondió a la necesidad de conformar un punto de red en torno a la información del conflicto, con la claridad que el conocimiento técnico, científico y social por parte de todos los actores sobre el conflicto, equilibra el proceso de negociación y potencia los espacios de encuentro hacia una transformación del conflicto.  

   Desde el año 1998, con el apoyo de las Vice­rrectorías de Proyección y de Investigación de la Universidad, se impulsan proyectos investiga­tivos y de proyección en la zona[11],  desde la perspectiva metodológica de la investigación participación, posibilitando con ello que los actores sociales, a partir de sus conocimientos, articulen desde lo local a lo global, en un diálogo de saberes, e inicien en la praxis la solución de situaciones problemáticas o conflictivas[12]. Se generan así escenarios y actos pedagógicos emancipa­torios, donde se articula la argumentación teórica y técnica –desde lo jurídico, lo ambiental y lo económico– con el propósito de incidir en las decisiones políticas, en el cambio de modelo de gestión para la solución de los problemas y conflictos ambientales del Departamento y la región, e incidir en la reflexión de la necesidad del cambio de paradigma del estructu­ralismo hidráulico. 

   Se resalta como proceso de resistencia civil, de educación ambiental generado por las organizaciones no gubernamentales, lideres cívicos, sindicales y educadores de la región del oriente de Caldas, sobre el trasvase, el agua y la calidad de vida como elemento dinamizador de los procesos de planificación y gestión del potencial ambiental de un territorio. 

   La identificación de las grandes debilidades de la investigación, expresada en los estudios de impacto ambiental como herramienta infalible en la identificación y medición de los impactos ambientales y de la gestión para la solución de los daños. Una de las principales preocupaciones que plantea el trasvase del río Guarinó está referida a los impactos y externalidades no previstas con la construcción y puesta en funcionamiento de la central hidroeléctrica Miel I, la cual desde el año 2003 empezó su actividad comercial. En estos tres años, se han hecho evidentes, entre otros, los siguientes efectos, que al no haber sido determinados como impactos, no tienen las medidas de manejo correspondientes:

     –   Pérdida de aguas superficiales por procesos de infiltración hacia el túnel de fuga.

     –   Pérdida de especies y en general del potencial pesquero del río La Miel.

     –   Anegación de cultivos y áreas productivas.

     –   Desaparición de los ciclos naturales del río.

Criterios elementales de prudencia, desde tiempo atrás positivizados y recogidos en el criterio de precaución[13], enseñarían que antes de adentrarnos en nuevos proyectos, es necesario conocer a ciencia cierta los reales impactos ambientales que la obra matriz ha dejado en la región, y adoptar las medidas de contingencia para compensarlos, corregirlos o mitigarlos. Pero no, el modelo de crecimiento a corto plazo, hace a un lado cualquier consideración de moderación ambiental, y antes de estar dispuesto a reconocer males pasados, se aventura en la creación de nuevos riesgos, sin contrarrestar los antes ya materializados en daños. 

Así las cosas, vistas desde una óptica apresurada de desarrollo, se desnaturaliza la connotación razonable de la sustentabilidad, las mínimas medidas de sensatez no son siquiera objeto de análisis, y en últimas, cualquier intento de justicia ambiental cede ante las ansias de impulsar proyectos apresurados que solo buscan agilizar la entrada del capital de retorno.

Otro factor importante en el proceso de nueve años, son los procesos de reflexión en torno al modelo de gestión del sector hidroeléctrico del país, dado sus innumerables externalidades no previstas y la mala gestión e invisibilización de los negros, indígenas y campesinos asentados en los territorios de influencia de los proyectos.

 


*Para mayor información sobre el tema del trasvase del río Guarinó consulte la siguiente pág. http://www. ucaldas.edu.co/WebTrasvase/TRASVASE.html.

[1] Directora. Observatorio de conflictos ambientales. c.e.: oca_direccion@yahoo.es

[2] Abogado. Observatorio de conflictos ambientales

[3] Resolución Número 0359 del 25 de marzo 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorio ,por la cual se otorga la licencia ambiental, ratificada por la resolución número 0684 del 18 de abril de 2006..

[4] Resolución Número 0359

[5] La participación de la nación en ISAGEN es del 76,9%. El porcentaje restante pertenece a otros seis socios: Empresas Públicas de Medellín (12,9%), Empresa de Energía del Pacífico (5,0%), Empresa de Energía de Bogotá (2,5%), Financiera Energética Nacional (2,4%), Central Hidroeléctrica de Caldas (0,2%) y Fondo de Empleados FEISA (0,0015%).

[6] Resolución 0359 del 26 de marzo de 2004; Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, página 8.

[7] Proceso de enajenación que incluye, entre otras, la participación accionaría en las siguientes empresas:

-ISA y Empresas de distribución eléctrica, entre otras. Documento Conpes 3281 del 19 de abril del 2004-09-09, página 7

[8] La autopista del café, el aeropuerto de Palestina, Miel I y Miel II, el puerto de Tribuga, el túnel de Cocoló y el túnel de la línea.

[9] Actores generadores: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – Presidencia de la Republica: por la vía administrativa. ISAGEN: por la vía de la cooptación por compensaciones.

Actores receptores y observadores: por la vía jurídica y política.                                   

[10] Promesas que para ser exigibles debieron consignarse en el Plan de Manejo Ambiental presentado por ISAGEN y probado por el Ministerio.

[11] Con la Vicerrectoría de Investigaciones. “Los problemas y conflictos ambientales del Departamento de Caldas, 1998-2000” y “Problemas y conflictos ambientales asociados al agua en el Departamento de Caldas, 2003-2004”. Proyecto de Proyección. “La educación ambiental como medio para cualificar la participación ciudadana en la gestión ambiental Local, 2004”.

[12] De acuerdo con el maestro Augusto Ángel, se definen los problemas ambientales como los impactos ambientales generados por los seres humanos en los procesos de adaptación al medio ecosistémico, procesos que se han sustentado a través de los modelos culturales, los cuales, han sido consolidados históricamente sobre la base de la transformación de la naturaleza. Ante la presencia de un problema ambiental, ya sea latente o manifiesto, surgen reacciones de uno o varios actores sociales en la órbita de lo público, por la incompatibilidad de intereses o de valores para la prevención o reparación de un daño ambiental, aflorando lo que se denomina conflicto ambiental de acuerdo con los autores chilenos.

[13] Principio fundante del derecho ambiental, recogido internamente por la ley 99 de 1993, y a nivel internacional, entre otros, en la declaración de río sobre ambiente y desarrollo.

Publicado en Agosto 08 de 2006| Compartir
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