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El CDB: conservación o comercio de la biodiversidad

Elizabeth Bravo, Ecuador, Febrero 12 de 2014, Este artículo ha sido consultado 176 veces

El viernes 28 de octubre de 2010 finalizó la Décima Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) en que participaron unos 18 mil representantes de 193 países (partes), así como delegados de gobiernos locales, parlamentarios, empresarios y miembros de la sociedad civil. En la COP10 se aprobó un Plan Estratégico (“Objetivos de Aichi”) que incluye veinte metas organizadas en los siguientes objetivos estratégicos:

<ul>
<li style="text-align: justify;">Enfrentar las causas subyacentes de la pérdida de biodiversidad tornando esta biodiversidad algo central para gobierno y sociedad.</li>
<li style="text-align: justify;">Reducir las presiones directas que amenazan la biodiversidad y promover su uso sustentable.</li>
<li style="text-align: justify;">Mejorar el estatus de la biodiversidad salvaguardando los ecosistemas, las especies y la diversidad genética.</li>
<li style="text-align: justify;">Aumentar los beneficios para todos de todos los servicios de biodiversidad y los ecosistemas.</li>
<li style="text-align: justify;">Resaltar la implementación mediante planeación participativa, manejo de los conocimientos y fortalecimiento de las capacidades.</li>
</ul>

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Aunque estos objetivos sean loables, el problema es cómo alcanzarlos. El CDB es cada vez más un convenio de comercio con la biodiversidad que de conservación de la misma. Esta décima conferencia continúa la consolidación que ocurre desde hace algunos años: mercantilizar la vida (la biodiversidad y sus componentes). Según esta visión, la conservación y uso sustentable de la biodiversidad tienen sentido sólo si están inmersos en el mercado, y desde distintos ámbitos se buscan mecanismos políticos, financieros y tecnológicos para facilitar este proceso. Esto lo complementa el involucrar al sector privado, como lo señala el plan estratégico aprobado, donde se hace un llamado a los países que son parte del convenio a:

La COP10 llama también a “fomentar la iniciativa de Negocios y Diversidad Biológica como medio para integrar más la utilización sostenible de la diversidad biológica en el sector privado”. En su programa de áreas protegidas fomenta el establecimiento de áreas protegidas privadas. Llama a intensificar el proceso de valorización económica de los servicios ambientales que proveen estas áreas para asegurar su sostenibilidad financiera y mitigar el cambio climático y reducir la pobreza. Esta definición encaja muy bien con un REDD+, es decir la inclusión de los bosques en el mercado de carbono para que los países que generan las emisiones con efecto de invernadero puedan continuar contaminando la atmósfera incluyendo en el esquema la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. El razonamiento es que sólo se conserva lo que se valoriza; así las funciones de la naturaleza (fotosíntesis, polinización, prevención de la erosión del suelo, etcétera) se transforman en “servicios ambientales” y “capitalnatural”, y como tales entran al mercado.

Veamos cómo se valoriza la polinización. “Los insectos polinizadores son proveedores de miles de millones de dólares a la naturaleza. Para 2005, el valor total económico de la polinización de insectos se estimó en 153 mil millones de euros. Esto representa 9.5% de la producción agrícola mundial para la alimentación humana en 2005”. En uno de los eventos paralelos organizados durante la COP10, Bill Jackson, director general adjunto de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), dijo que tenemos que hablar el lenguaje de la economía si queremos aplicar con éxito una estrategia que enfrente la pérdida de biodiversidad. El CDB estableció hace algunos años un grupo llamado “red mundial de amigos del programa de trabajo sobre áreas protegidas”, entre los que se encuentran las mayores organizaciones conservacionistas del mundo. 

En la COP10 se pidió al secretario ejecutivo del Convenio que continúe apoyando financieramente a este grupo, a pesar de los grandes fondos que ya recibe (muchas veces mayores que el presupuesto de los ministerios del ambiente de algunos países), y del fuerte cuestionamiento del que han sido objeto por parte de la sociedad civil, sobre todo por la fuerte relación que tienen su organizaciones con las corporaciones responsables de la destrucción de la biodiversidad como es la industria petrolera, minera y agroindustrial. La WWF, una de las organizaciones que forman parte de la red de amigos, es la artífice de las mesas redondas sustentables que promueven los agrocombustibles en el mundo. Un mecanismo para financiar el plan de acción de las áreas protegidas es la iniciativa LifeWeb, en la que participan diversos donantes públicos y privados, y tienen proyectos que incluyen la problemática del cambio climático con el de las áreas protegidas. Es decir, se financian proyectos que promueven la conservación de las áreas protegidas para que éstas sirvan de sumideros de carbono. Uno de los énfasis de los proyectos apoyados por LifeWeb es la valorización de los ecosistemas y sus servicios. 

La decisión sobre áreas protegidas dice que la COP10: “Pide al Secretario Ejecutivo que, en colaboración con la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN y otros asociados, incluidas las comunidades indígenas y locales, apoye el programa de trabajo para explorar y evaluar metodologías y directrices existentes para medir los valores, costos y beneficios de las áreas protegidas, teniendo presentes las características de los diferentes biomas y ecosistemas, basándose en los trabajos existentes, tales como los resultados del llamado Estudio TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity, La Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad), y que divulguen los resultados de la evaluación para que las partes los apliquen si fuera necesario”.

Entre las actividades paralelas a la COP10 se presentó el informe en cuestión, un estudio estuvo dirigido por Pavan Sukhdev, banquero que trabaja a tiempo completo para el Deutsche Bank de Alemania, pero que al momento está en un sabático para hacer este informe, y desarrollar la Iniciativa Económica Verde del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El informe ha documentado el multimillonario valor de los bosques, el agua dulce, los suelos y los arrecifes de coral en la economía global y hace un llamado a capturar los valores económicos de los servicios de la naturaleza a través de una serie de instrumentos y políticas. Algunas de sus recomendaciones son:

  • Promover un entorno de políticas públicas que permita la intervención del sector privado y la incorporación de la diversidad biológica en las estrategias y procesos de adopción de decisiones empresariales de una manera que contribuya a alcanzar los tres objetivos del Convenio.
  • Determinar una serie de opciones para la incorporación de la diversidad biológica en las prácticas empresariales teniendo en cuenta la labor en curso en diversos foros.
  • Alentar la intervención de las empresas como interesados directos en toda revisión y aplicación futura de las estrategias y planes de acción nacionales sobre diversidad biológica.

La conferencia de Nagoya tuvo lugar cuando culminaba el llamado Año de la Biodiversidad, y cuando supuestamente debía cumplirse la meta establecida por la Cumbre de Desarrollo Sustentable que para el año 2010 establecía que debía frenarse 10% de la destrucción de la biodiversidad. En realidad no hay nada que celebrar. Esta modesta meta no se alcanzó, ni este año se hizo ningún esfuerzo verdadero por frenar la pérdida de biodiversidad. Desde 2002 (cuando se estableció la meta), la frontera agroindustrial aumentó, y con ello la deforestación. El gran boom de los agrocombustibles y de las plantaciones de la soya en el Cono Sur son apenas un ejemplo. Para lo que sí sirvió es para incrementar los negocios con la biodiversidad.

  • Elaborar con urgencia cuentas e inventarios físicos de las reservas forestales y servicios de los ecosistemas para el desarrollo de nuevos mecanismos forestales de carbono.
  • Considerar como prácticas comerciales normales los principios de “sin pérdida neta” o “impacto positivo neto”, utilizando pruebas de rendimiento sobre la diversidad biológica y procesos de aseguramiento para evitar daños y mitigarlos, junto con inversiones en favor de la biodiversidad que compensen impactos adversos que no pueden evitarse.
  • Incorporar los principios de que “quien contamina paga” y la “recuperación total de los costos” en los nuevos lineamientos sobre incentivos y reformas fiscales. En algunos contextos se puede aplicar el principio de que “el beneficiario paga” en apoyo de nuevos incentivos positivos tales como pagos por servicios ambientales, incentivos fiscales y otras transferencias fiscales que tienen por objeto alentar a los agentes del sector público y privado a proporcionar servicios ecosistémicos.
  • Establecer áreas protegidas nacionales y regionales con el fin de conservar la biodiversidad y mantener una amplia gama de servicios de los ecosistemas. La valorización de ecosistemas puede crear oportunidades de financiamiento e inversión, y sustentar las prioridades de conservación.
  • Incluir en la mitigación y adaptación al cambio climático la conservación y la restauración de ecosistemas. 
  • Priorizar la implementación acelerada de REDD+. TEEB realizó ocho eventos paralelos durante la COP10.

Es interesante mencionar que al finalizar la COP, el Secretario del CBD entregó un premio a la canciller alemana Angela Merkel por su contribución a “salvar la biodiversidad en el año Internacional de la Diversidad Biológica”. Recordemos que en 2008 Alemania lanzó el proyecto “Negocios y Biodiversidad”, que estuvo a cargo de la organización no gubernamental GTZ, y que en la reunión del G8 en 2007 introdujo la conservación de la biodiversidad como prioridad. El premio es entregado por el Convenio de Biodiversidad y la Fundación japonesa AEON Environmental Foundation que cuenta entre sus miembros directivos a los presidentes de corporaciones como el Banco de Yokohama y Mitsubishi entre otros.

Como parte de institucionalizar la mercantilización de la biodiversidad, en la COP10 se adoptó el llamado Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización. Un boletín de prensa de la secretaría del Convenio dice que “el Protocolo crea un marco que equilibra el acceso a los recursos genéticos sobre la base del consentimiento fundamentado previo y condiciones mutuamente acordadas con la participación justa y equitativa de los beneficios, tomando en cuenta el importante papel de los conocimientos tradicionales”. El Protocolo establece que cuando una empresa quiere acceder a conocimiento tradicional ligado a la biodiversidad que tenga un valor comercial, ésta debe compartir sus beneficios con la comunidad. 

Los beneficios pueden ser monetarios, mediante mecanismos como el de “tasa de acceso” o el de “tasa por muestra recolectada” o adquirida de otro modo, pagos por adelantado, pago de regalías, tasas de licencia en caso de comercialización, tasas especiales por pagar a fondos fiduciarios que apoyen la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, salarios y condiciones preferenciales si fueron mutuamente convenidos, financiamiento de la investigación, empresas conjuntas, propiedad conjunta de los derechos de propiedad intelectual pertinentes. 

Entre los beneficios no económicos se propone el intercambio de resultados de investigación y desarrollo, la colaboración en programas de investigación y desarrollo científicos, particularmente actividades de investigación biotecnológica, participación en el desarrollo de productos, admisión en las instalaciones ex situ de recursos genéticos y en bases de datos, transferencia de conocimientos y de tecnología en términos justos y más favorables, creación de capacidad institucional, recursos humanos y materiales para fortalecer las capacidades para la administración y aplicación de reglamentos en materia de acceso; el acceso a la información científica pertinente a la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, incluidos inventarios biológicos, estudios taxonómicos y reconocimiento social.

El Protocolo establece mecanismos de capacitación a los países del Tercer Mundo y a las comunidades que tienen la biodiversidad y los saberes (particularmente entre las mujeres), para que ellas conozcan las obligaciones que les impone el Protocolo en cuanto al desarrollo jurídico e institucional, mejorar su capacidad de negociaciones y sus capacidades para hacer bioprospección: es decir, modos de facilitarle el acceso a las empresas interesadas. Lo complementa un programa de concientización en las comunidades sobre el Protocolo y sus beneficios.

Los impactos de la implementación de este protocolo en las comunidades puede ser muy negativo, pues puede romper ciertas prácticas colectivas que culturalmente no pueden ser comercializables, dividir la comunidad entre aquéllos que desean entrar en este tipo de acuerdos comerciales y los que no están de acuerdo con ellos, por mencionar sólo algunos elementos. La negociación de este Protocolo duró varios años, sobre todo por la oposición de algunos países que buscan acceder a la biodiversidad sin reconocer ningún tipo de “repartición equitativa de beneficios”.

El debate sobre el cambio climático fue corrompido desde hace algunos años, al concentrarse en el desarrollo de mecanismos tecnológicos y políticos para enfrentar sus efectos sin abordar las causas que lo provocan. En la COP10 dicha problemática se abordó mediante la biología sintética, los agrocombustibles y la geoingeniería. Según la organización española Ecologistas en Acción, en materia de biocombustibles, el texto final acordado es “más débil que el documento de referencia” remitido por el órgano de asesoramiento científico-técnico del Convenio. En ese sentido, estima que se pierde “prácticamente la referencia al principio de precaución y se convierte en un texto que en la práctica promueve los biocombustibles”. “Esto es un error tremendo con consecuencias para la biodiversidad y la seguridad alimentaria de los pueblos, como lo demuestran los impactos que ya se están produciendo en países empobrecidos”, lamenta Ecologistas en Acción. Un grupo de doce científicos de renombre circularon una carta abierta denunciando el fuerte cabildeo desplegado en Nagoya por grandes empresa del sector de agrocombustibles (sobre todo de la palma).

Hubo sin embargo algunos resultados positivos gracias a algunas organizaciones de la sociedad civil. Lo más notable fue la adopción de una moratoria sobre experimentos de geoingeniería que pretenden modificar el clima con alteraciones biológicas o físicoquímicas a gran escala, hasta que hayan sido considerados en profundidad los riesgos al ambiente y la biodiversidad y los posibles impactos culturales y económicos. El secretariado del CDB recibió instrucciones de informar sobre las diversas propuestas de geoingeniería que existen y de las posibles opciones de regulación intergubernamental.

Otro asunto que preocupa a las ONG es la biología sintética. En la COP10 se introdujo un texto que invocaba al abordaje de precaución al momento de liberar al ambiente organismos provenientes de la biología sintética, especialmente destinados a producir agrocombustibles, reconociendo el derecho de las partes de suspender cualquier liberación en el ambiente, con base a su legislación nacional. Según algunos observadores esto es tremendamente preocupante, porque el “abordaje de precaución” es un texto muy vago y puede dar pie a cualquier tipo de emprendimiento.

Publicado en Febrero 12 de 2014| Compartir
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