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Contexto

Editorial

Hoy día la sociedad colombiana está inmersa en un proceso de construcción de paz, a partir de los acuerdos suscritos entre las Farc y el gobierno nacional, que abren caminos para buscar transformaciones y soluciones para la problemática en el campo; pero también incluye enfoques y modelos de desarrollo críticos, que generan riesgos e incertidumbres, al ser implementados en una nueva ruralidad. Uno de los ejes centrales de los acuerdos, es el tema de una reforma rural integral, que incluye temas como: conformación de un fondo de tierras para campesinos, formalización de la propiedad de la tierra, infraestructura y adecuación de tierras, programas de desarrollo social, estímulos a la productividad, fomento a la economía familiar y solidaria, acceso al crédito y mercados sostenibles y programas de desarrollo con enfoque territorial, entre otros temas.

Aunque sobre algunos temas se han generado expectativas sobre posibilidades en aspectos como: el acceso a tierras, apoyo a la economía campesina y programas de desarrollo rural; Sin embargo en el marco de los nuevos escenarios políticos, sociales y económicos del país, las comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas enfrentan grandes retos y desafíos, relacionados con la implementación de las políticas rurales, que los últimos gobiernos han promovido y priorizado la formalización de la propiedad de la tierra y de los baldíos, para consolidar proyectos productivos con enfoque territorial y seguridad jurídica, que aunque incluye el fortalecimiento de la economía campesina y local, simultáneamente priorizará la implementación de las Zidres, enclaves agroindustriales, minería a gran escala, entre otras actividades económicas insostenibles.

El campo colombiano atraviesa por una profunda crisis y postración de la economía campesina; es  así como los últimos gobiernos han abandonado a su suerte a las comunidades rurales e incluso se les persigue y desestimula, mediante políticas y normas que controlan los recursos naturales, la producción campesina y los medios productivos. Desde el gobierno de Uribe y posteriormente en el de Santos se ha pretendido imponer políticas y normas rurales, como: Estatuto de desarrollo rural; ley agro ingreso seguro; ley forestal; ley de minería, política de agua, leyes de propiedad intelectual, normas de semillas, de certificación de la agricultura orgánica, sanitarias y fitosanitarias, leyes de baldíos; también normas tributarias y de incentivos a las políticas de fomento a las inversiones, entre otras. Muchas de ellas se han incorporado plenamente en el marco de las obligaciones y compromisos adquiridos por Colombia en los Tratados de Libre Comercio; mientras que otras  leyes aún están en procesos de adopción y profundización. Esta política para el sector rural se ha materializado a través del Plan Nacional de Desarrollo de los dos periodos del gobierno de Santos, y mediante las modificaciones en las políticas sobre baldíos y la ley de Zidres.

En las últimas décadas en Colombia, para enfrentar la crisis del sector rural, se ha promovido en algunas regiones la producción agroindustrial, mediante el fomento de los monocultivos de caña de azúcar, palma aceitera, banano, flores, algodón y maíz, y adicionalmente no se interviene la enorme área con ganadería extensiva. En gran parte de las zonas marginales del país existen fuertes conflictos ambientales y socioeconómicos por la superposición de zonas con vocación agrícola o forestal, con las zonas de explotación minera o con la economía de cultivos ilícitos. Muchas de estas regiones están ocupadas por millones de pequeñas y medianas fincas y parcelas con producción campesina y local,  de subsistencia.

El gobierno parte de la premisa que los sistemas productivos locales y tradicionales son ineficientes, poco productivos y competitivos, y considera que es prioritario insertar la economía campesina en la modernidad y la agricultura agroindustrial. Frente a la profunda crisis ambiental y productiva en el campo colombiano, se promueven falsas soluciones basadas en modelos insostenibles como las economías verdes, proyectos REDD en zonas de selvas tropicales, cultivos de agrocombustibles y transgénicos, alianzas productivas de agricultura familiar con inversionistas agroindustriales y el programa nacional para la producción de semillas de buena calidad (Corpoica), entre otras.

En este número de la Revista Semillas queremos compartir diversas experiencias e iniciativas de organizaciones campesinas e indígenas y de organizaciones sociales que reivindican derechos de los campesinos, relacionados con el manejo y control local de sus territorios, sistemas productivos sostenibles, la defensa de las semillas y animales criollos y diversas iniciativas que buscan fortalecer la soberanía y autonomía alimentaria de las comunidades. También queremos resaltar y visibilizar acciones locales de defensa del agua y de resistencia frente a los proyectos que buscan la privatización y controlar las fuentes de agua de las comunidades.  Finalmente compartimos las percepciones y el balance que realizan algunas organizaciones que hacen parte de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, frente a los alcances y logros de la Minga y movilización nacional realizada en el mes de junio de 2016.

El reconocimiento de los derechos de las comunidades locales y la valoración de los saberes tradicionales campesinos, y el fortalecimiento de las acciones de defensa de los territorios y las formas de vida, son fundamentales para incorporarlos y potenciarlos en los nuevos escenarios políticos del país y en la dinámica de construcción de la paz entre los colombianos, la paz en los territorios y la paz con la naturaleza.