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Contexto

Editorial

La nueva Constitución Política de Colombia vigente desde 1991, hizo un avance significativo respecto al reconocimiento de los derechos colectivos de comunidades indígenas y negras sobre sus territorios tradicionales y sobre otros derechos relacionados con el gobierno, la autonomía y la participación de estas comunidades en la toma de decisiones en actividades que las afecten. Doce años después, muchos de estos derechos siguen siendo violados o se sigue aplazando indefinidamente su aplicación real, a pesar de estar plasmados en la Carta Magna, en la legislación nacional y en tratados internacionales suscritos por el país, como el Convenio 169 de la OIT. A pesar de que en los últimos años se ha reconocido la titulación colectiva de algunos territorios, se han saneado linderos de algunos resguardos indígenas y de territorios de comunidades negras, y se han constituido algunas Zonas de Reserva Campesina, la integridad y control local de estos territorios tradicionales siguen siendo fuertemente amenazados. Entre los factores que han profundizado la crisis rural en el país, se destaca la inequitativa distribución de la riqueza y de la tierra. Actualmente, el 57,3% de los propietarios rurales poseen predios menores de 3 hectáreas, lo que representa solo el 1.7% del total del área de uso agrícola del país, frente al 0.4% de los propietarios que poseen predios mayores de 500 hectáreas y representan el 61,2% del total del área agrícola. Adicionalmente, la violencia generalizada que atraviesa el país, ha generado el desplazamiento de más de 2´700.000 personas en los últimos diez años, lo que ha conllevado a la pérdida del control de los territorios tradicionales de comunidades indígenas, negras y campesinas frente a los actores del conflicto armado. Este reordenamiento territorial está guiado por una contrarreforma agraria liderada por fuerzas del poder político y económico, que busca desarrollar en los territorios tradicionales, megaproyectos de infraestructura como vías de comunicación, de minería, de explotaciones petroleras y de corredores biológicos, entre otros. Estas iniciativas macroeconómicas se basan en la privatización de todos los recursos, en la transferencia de las funciones de los Estados al sector privado y en los acuerdos de integración económica que regirán los destinos de los países en las próximas décadas, como son el ALCA, el Plan Puebla Panamá, y otros acuerdos regionales y bilaterales. En este contexto han surgido en el país diversas iniciativas de organizaciones indígenas, negras y campesinas, que buscan implementar sus planes de desarrollo, planes de vida, reglamentaciones internas para el manejo de recursos y otras estrategias orientadas al fortalecimiento del control de sus territorios tradicionales. Los retos a futuro son enormes, frente a las nuevas amenazas de expropiación, homogeneización e integración al modelo económico dominante. La existencia futura de estas comunidades, depende de la voluntad política de los gobiernos para reconocer la integridad de los derechos colectivos sobre los territorios tradicionales; también de la capacidad y tesón de las comunidades locales para defender y preservar sus formas de vida, basadas en la diversidad biológica y cultural. Se presentan varias experiencias de comunidades indígenas, negras y campesinas del país, que están trabajando en propuestas de control y manejo territorial y también se incluyen algunas reflexiones que contextualizan el trasfondo político y económico de este tema. Estos excelentes ejemplos de vida, nos muestran caminos posibles y reales de construcción colectiva de una sociedad más justa y sostenible, que reconozca los derechos de los grupos étnicos y campesinos y les permita tener una vida digna y vivir en paz en sus territorios.