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Grupo Semillas, Colombia, Julio 02 de 2007, Este artículo ha sido consultado 2412 veces

Lo que le da el verdadero valor y significado a los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes es su estrecho vínculo con la tierra, con los territorios comunes y con los recursos naturales, que sustentan las  culturas, los medios productivos y la soberanía alimentaria. Para que las poblaciones rurales actuales y futuras sigan atadas a la madre tierra, y para que sigan siendo los guardianes del patrimonio ambiental y también las proveedoras de los alimentos básicos de las poblaciones rurales y urbanas, es fundamental que el Estado les garantice el derecho a sus tierras, a los medios productivos y a la soberanía alimentaria.

Pero las políticas ambientales y rurales del actual gobierno siguen siendo nefastas y están orientadas a entregarle los últimos recursos naturales a las empresas privadas que están monopolizando, privatizando y controlando estos recursos. Se parte de la premisa y paradigma que la única forma de llegar al “desarrollo” es a través de la inversión del capital internacional, en el marco de la economía global, bajo los principios de “eficiencia y competitividad”. En este contexto se plantea que los bienes públicos que son patrimonios de todos los colombianos y los patrimonios colectivos de las comunidades locales, como el agua, los bosques, la biodiversidad, las semillas y los territorios tradicionales, se conviertan en mercancías, que entran al mercado de valores, para ponerlas a disposición del mejor postor o al que tenga más musculo económico.

El gobierno bajo esta lógica, ve las normas que protegen el patrimonio ambiental y los territorios colectivos de las comunidades indígenas y afrocolombianas, como fuertes obstáculos para el “desarrollo”. Es por ello que en los últimos años se están imponiendo cambios estructurales en las políticas y normas tanto ambientales, como agrarias y sobre los recursos naturales, como: la ley forestal, el Código Minero, el Estatuto de Desarrollo Rural, la ley Agro Ingreso Seguro, la ley de Estabilidad Jurídica para los Inversionistas, las modificaciones al decreto de Licencias Ambientales y la reforma al Código Penal sobre usurpación de derechos de obtentores de variedades vegetales; también nuevos proyectos de leyes, como: la ley de agua, la revisión de la decisión Andina 391 sobre acceso a recursos genéticos, entre otras; todas éstas enmarcadas en las obligaciones que por anticipado ha cumplido juiciosamente el gobierno en la suscripción del TLC. Todas estas reformas generarán fuertes impactos sobre las poblaciones rurales, los territorios colectivos y la soberanía alimentaria. Darío Fajardo, respecto a estas nuevas normas dice: “Estas medidas enmarcan un escenario configurado por seis procesos correlacionados, a saber: una tradición de despojo y concentración de la propiedad territorial; afianzamiento de la “agricultura de plantación”; debilitamiento de la agricultura campesina; implantación de normas que legalizan la expropiación por medios violentos; implantación de normas para la expropiación de territorios y bosques y, finalmente, implantación de normas laborales para la sobreexplotación de la mano de obra”.

En este segundo número de la revista Semillas sobre el tema “Tierra y territorios”, se analizan los aspectos más críticos que finalmente fueron aprobados en el nefasto Estatuto de Desarrollo Rural, el cual fue aprobado a pupitrazo por la bancada uribista. También se muestra el conflicto entre tierra y minería en Colombia, como una de las actividades que generan más fuertes impactos ambientales, socioeconómicos y el incremento de la violencia contra las poblaciones rurales. En este número se quiere visibilizar experiencias de organizaciones indígenas, afrocolombianas y campesinas de diferentes regiones del país, quienes hacen resistencia civil, mediante diferentes estrategias de control local de sus territorios; frente a la arremetida de las políticas regresivas que pretenden un cambio estructural en la tenencia de la tierra, la privatización de los territorios colectivos, de los recursos naturales y además un cambio en el tipo de uso de la tierra, en donde solamente tendrán cabida algunos sectores agroindustriales como son los cultivos de agrocombustibles y tropicales permanentes, la extracción de bosques tropicales y las plantaciones maderables. Pero en este modelo se  parte de la premisa que los sistemas productivos de los campesinos, indígenas y negros, son ineficientes y poco competitivos, y por lo tanto si no se asocian a las cadenas productivas controladas por los inversionistas del campo, entonces deben desaparecer. Se plantea en el marco del TLC, y en el Estatuto Rural, que la mayor parte de productos destinados a la alimentación básica y de materias primas agrícolas, el país debe importarla desde Estados Unidos y que debemos especializarnos en cultivos tropicales y en la venta de servicios ambientales.

Por otro lado en la revista, se incluyen temas de interés, como: El cultivo de maíz transgénico recientemente aprobado en Colombia, en donde se muestran los impactos ambientales y socioeconómicos, principalmente para las comunidades locales en donde el maíz es base de su soberanía alimentaria. También presentamos la Declaración del Foro mundial de la soberanía alimentaria, realizado en Malí. Por último incluimos una reseña sobre el fallo del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), sobre el tema de Biodiversidad y derechos humanos en Colombia, que sesionó en Cacarica, Chocó, en donde se juzgó a varias empresas que han generado fuertes impactos ambientales y sobre las poblaciones rurales: empresas madereras, de palma aceitera, bananeras y que producen herbicidas para fumigar cultivos ilícitos y cultivos transgénicos.

Publicado en Julio 02 de 2007| Compartir
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