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Defensa de la vida y el territorio en el Sur de Bolívar. “Cuando los bosques desaparezcan y los ríos se sequen, ¿De qué nos sirve el oro?”¿Podrá entonces el oro devolvernos la vida? [1]

Fedeagromisbol, Colombia, Julio 03 de 2007, Este artículo ha sido consultado 4515 veces

FEDEAGROMISBOL [2]

Poblamiento y principales actividades económicas

El Sur de Bolívar es una Región que se ubica en la Serranía de San Lucas y se encuentra en el medio de los dos principales ríos del país, el Magdalena y el Cauca, limita con los departamentos de Cesar, Santander, Antioquia, Córdoba y Sucre,  cubre 17 municipios. Es una zona muy rica en recursos naturales, las fuentes hídricas, energéticas, madereras y agropecuarias (ganadería, agricultura y pesca) la sitúan en uno de los reglones más importantes y productivos del país.

El Sur de Bolívar comenzó a poblarse por un continuo desplazamiento presentado en los departamentos cercanos, primero llegan personas huyendo de la violencia de los años 40-50, principalmente liberales que se  ubican en las estribaciones de la serranía para protegerse de las imposiciones de los conservadores, allí comienzan a desarrollar actividades como la agricultura, la pesca, la explotación maderera y de oro de aluvión que les permitieron establecer una forma de vida. Actividades económicas que fueron la motivación principal de nuevos pobladores  en la década del sesenta. Para mediados de los setenta las migraciones obedecen al desplazamiento ocasionado por los terratenientes que se apoderaban de las tierras de los pequeños agricultores en las regiones más cercanas, pero también por el interés de muchas personas de descubrir huacas en la región.  A finales de esta década  los cultivos de marihuana comienzan a disminuir en la guajira por el control estatal y se trasladan geográficamente al sur de Bolívar, en esta misma época se presenta la guerra entre cachacos y costeños, por el regionalismo y el interés de controlar la actividad.

Para principios de los años ochenta se inicia el bum del oro, se descubre la primera mina de oro de beta (al interior de la montaña) que se denomino mina azul, descubrimientos realizados de manera artesanal y sin estudios técnicos por los habitantes de la serranía, luego sé descubrió mina seca en el año 1982, y al finalizar la década aparecen las minas de la parte alta (Caribe, Viejito, Gallo, Paraíso entre otras) y las ubicadas en el Norte en San Martín de Loba. Los nombres de las minas corresponden al nombre o una característica de la persona o lugar donde se descubrió, desde esta época la explotación del oro ha sido la principal actividad económica en la región.

Para mediados de la década del noventa aparecen algunas hectáreas sembradas con el cultivo de la Coca en las partes altas de Simiti, San Pablo y Arenal, su incremento sucede a finales de la década coincidiendo con el asentamiento del paramilitarismo en las zonas donde no existía explotación de oro, excepto el corregimiento de Pueblito Mejía del municipio de Barranco de Loba; su continuidad es producto de las fumigaciones  ya que los cultivos de pancojer fueron quemados dejando sin alternativas de producción a los campesinos que no sembraban coca y que deciden recuperar sus inversiones y garantizar su bienestar familiar sembrando este cultivo; Por tal motivo quedaron bajo la dependencia de quienes impulsan económicamente el cultivo de la coca, al mismo tiempo que se desestímulo la producción agropecuaria de la región, hecho que contribuyó al desabastecimiento, muy bien aprovechado por los comerciantes para vender los productos por encima de su costo comercial. Esta problemática fue examinada ampliamente por las organizaciones de la región, que impulsaron nuevamente la producción agropecuaria, esta vez mediante formas asociativas solidarias como una forma de defender y mantenerse en el territorio, casos como los de San Pablo y Micoahumado son ejemplo de ello. Pero que al ser una alternativa de permanencia en el territorio, fueron nuevamente destruidas por los paramilitares, quemando las propiedades de los campesinos y apoderándose del ganado, aves y demás recursos.

Las zonas con trascendencia agrícola son: Santa Rosa (predomina el fríjol), San Pablo y Micoahumado (predominan el arroz, maíz, ñame, plátano y yuca), Estas zonas han mantenido su vocación agrícola pero han sido duramente golpeadas con las fumigaciones, proyectos productivos financiados por el mismo gobierno han sido quemados, unas de las ultimas fumigaciones ocurrieron en Santa Rosa y San Pablo en el mes de septiembre de 2006, cuando los campesinos llevaban un mes de haber sembrado sus cultivos.

 

Violación del DIH [3]  y los DDHHs [4]  

Antes de 1985 no existía inversión social  por parte del estado en el Sur de Bolívar, todo lo que allí tenían las comunidades fue producto de su propio esfuerzo, pero al no existir garantías que permitieran desarrollar las actividades económicas, debido al alto costo los insumos,  su movilidad, de vías para transportar, y de la violación de derechos fundamentales como la  educación y la salud, la comunidad decide exigirle al gobierno mediante una movilización de 8.000 agromineros que se desplazan por el cauce del río Magdalena en lanchas y botes  a Cartagena, acción que llevo al gobierno nacional a sentarse a negociar y firmar unos acuerdos en el tema de inversión social, de los cuales solo cumplió un 5 % de lo pactado. Al mismo tiempo las comunidades se fortalecían en el tema organizativo  creándose las primeras juntas de acción comunal y los comités de trabajo comunitario para desarrollar proyectos y propuestas autogestionarias. Que hoy en día se refleja en un 95% en la Región.

Pasaron tres años del incumplimiento de estos acuerdos por parte del Estado para que nuevamente las comunidades organizadas exigieran sus derechos fundamentales, al igual que la acción anterior, los marchantes se desplazaban por el río Magdalena y fueron bloqueados por la infantería de marina en el municipio de Pinillos, allí también desaparecieron a un joven que era parte de la movilización. Las comunidades se ven obligadas a continuar sus exigencias pero esta vez al interior de la región y deciden dirigirse a los gobiernos locales en las cabeceras municipales, esta dinámica fue constante en la región y permitió avanzar en el nivel organizativo de las comunidades; al no ser tenidas en cuenta sus peticiones, buscan visibilizar el problema afuera de la región y deciden hacer una nueva marcha para el año 1992 a la capital, en esta oportunidad todo el río y las cabeceras municipales fueron militarizadas impidiendo la movilización.

Estas acciones represivas por parte del Estado ya hacían parte de la política de seguridad nacional diseñada desde los Estados Unidos para Latinoamérica, el gobierno emplea una estrategia de aniquilamiento en el Sur de Bolívar para desarticular los procesos organizativos y el tejido social que desde tiempo atrás construyeron varias organizaciones: como las juntas de acción comunal y las asociaciones campesinas y mineras que permitieron trabajar por el bienestar social y una vida digna y exigir del Estado su aplicación.

En 1993 en el municipio de Santa Rosa es asesinado por estas fuerzas el líder Rafael Molina, a pesar de estos atropellos la comunidad continua su dinámica organizativa hasta el punto de unificarse en una organización regional que lograra enfrentar y visibilizar la situación, es así  como se conforma Asoagromisbol [5], organización que continua con sus exigencias, por la defensa de la vida, la defensa de la pequeña minería, las garantías para la producción agropecuaria y la legalización de títulos, pero también mantiene la construcción del tejido social.

Para finales de 1994 el estado exigía unos requisitos que consistían en: que los mineros deberían estar asociados y así podrían legalizar hasta 96 hectáreas por cada asociación, esto se informó a los mineros tan solo faltando tres meses para el cierre de la convocatoria, los mineros aceleraron los tramites y los presentaron al gobierno a tiempo, pero el gobierno respondió afirmando que la mayoría de áreas no se podrían legalizar porque se encontraban superpuestas [6] por la familia Lleras Palacios que no era conocida en la región; Simultáneamente la abogada Luisa Fernanda Landuros, accionista de Mineros San Lucas [7], pretendía comprar a la familia Lleras Palacios y venderle a la Multinacional conquistador Mine.

A partir de esta situación las comunidades deciden a mediados de 1996 iniciar una lucha jurídica y de denuncia nacional a través de ASOAGROMISBOL por lo que se pretendía realizar con complicidad del Estado en el Sur de Bolívar, al mismo tiempo se intensificaban los asesinatos selectivos a lideres y la violación de derechos humanos por parte del ejercito. Las comunidades deciden movilizarse, denunciar lo sucedido y solidarizarse con las marchas efectuadas en el sur del país, la concentración se realiza en varios lugares, en Arenal, Morales y San Pablo (10.000 personas), el gobierno decide negociar.

 

El gobierno en San Pablo firma los acuerdos en los siguientes temas:

•    Investigar la violación de los derechos humanos cometidos en la región.
•    Inversión social (salud, educación e infraestructura vial, garantías para la producción agropecuaria entre otros).
•    En el tema minero la creación de las unidades mineras en los distritos de Montecristo, Santa Rosa y San Martín que buscaban prestar asistencia al pequeño minero (cómo y donde explotar), además de realizar estudios para el mineral.
•    Uno de los logros fundamentales fue la congelación por casi cinco años de áreas, que permitió frenar el interés de las multinacionales por adueñarse del territorio.

Después de firmados estos acuerdos los paramilitares controlan las zonas ribereñas del río Magdalena como: Bodega Central y Río Viejo en donde fue asesinado a principios de 1997 Juan Camacho [8] a cinco minutos de la base del ejercito, luego la masacre de Puerto Coca con complicidad del batallón Nariño. Luego asesinan a la telefonista de cerro de Burgos cuando se desplazaba en chalupa y en Aguachica a asesinan a Orlando Camaño [9].

Debido a toda esta situación a finales de 1997 se toma la decisión desde Asoagromisbol  de realizar una acción de denuncia por el derecho a la vida, una toma pacifica de la catedral de Cartagena [10] con esta acción se logro acordar con el Gobierno.

•    Retomar los acuerdos de 1996.
•    El Estado se compromete a castigar a los culpables de la violación de derechos humanos.
•    Las comunidades logran visibilizar la problemática en el país y a nivel Internacional.

 

Éxodo Campesino

Luego de ello se retorna a la región, y a principios de 1998 los paramilitares afirman en sus  sitios de asentamiento que defenderán a como de lugar la inversión de la multinacional  Conquistador Mine y Corona Golfi. Es así como incursionan en cerro de Burgos y asesinan a Andrés Molina Líder del Sur-Sur, desde ese momento la gente se desplaza a San Luis (Simiti) y luego a la cabecera de San Pablo. En este momento los mineros de la zona alta se solidarizan y se movilizan por Arenal, Miccoahumado y una delegación viaja a Bogota, en donde se toman la embajada  de Estados Unidos por 14 días, los desalojan y se trasladan a la Universidad Nacional, y desde allí realizan acciones permanentes en la ciudad para visibilizar la problemática; esta movilización se realiza simultáneamente por 19.000 personas en Barrancabermeja, la movilización duro 3 meses hasta que definitivamente el 4 de octubre de 1998 en San Pablo se llego a unos acuerdos en Cabeza del presidente Andrés Pastrana.  Las comunidades para esta oportunidad firmaron directamente con el gobierno nacional sin la intermediación de los poderes locales, ya que esto habían utilizado mal los pocos recursos provenientes de anteriores acuerdos.

Acuerdos: Realizar un plan de desarrollo Integral para el Magdalena Medio, que contenía temas fundamentales como, Violación de derechos Humanos (salud, educación, trabajo, vida entre otros); garantías para desarrollar la actividad agrpecuaria; y se inicia con el proyecto de Integración de áreas Mineras. (Inversión en maquinaria y asistencia técnica).

En esta movilización se logro visibilizar la problemática y la existencia del Sur de Bolívar, a nivel nacional e internacional, siendo fundamental el acompañamiento internacional.

Durante el transcurso de esta movilización fue que se cambio de Asoagromisbol a Fedeagromisbol como requisito jurídico para poder interlocutar con el gobierno y firmar los acuerdos.

Después de que las personas retornan comienza la arremetida mas fuerte del paramilitarismo, saliendo de uno de los talleres para construir el plan de desarrollo integral  en Norosi  la zona se encontraba militarizada por el ejercito y al otro día aparecen quemados los caseríos por los paramilitares, al igual que las alcaldías de Arenal y Tiquisio, se inicia los bloqueos en toda la región, no se permite la entrada de ropa, droga, alimentos y se controla la movilidad humana. A dos días de firmados los acuerdos en el camino de regreso a la zona alta de San Pablo, ocurre una masacre y a finales de diciembre en el casco urbano  otra.

Para 1999 frente a toda esta persecución, las comunidades agromineras se declaran en resistencia [11]. En esta época se destaca la fortaleza de los lideres de mantenerse al lado de las comunidades, pero para poder salir de la región se tenia que caminar hasta 24 días.

Las comunidades inician los proyectos productivos de seguridad alimentaria con ayuda de organizaciones nacionales e internacionales, se inician las giras para visibilizar la problemática. El 28 de noviembre de 1999 en Agua Azul San Pablo es asesinado Edgar Quiroga conocido popularmente por las comunidades como (Cuco), regresaba de una gira diplomática por las embajadas, era miembro del equipo de liderazgo regional y de la Mesa de Trabajo Permanente por la Paz. A pesar de estos hechos las comunidades continúan sus largas jornadas de resistencia y movilidad interna en la región para mantenerse en el territorio.

Como alternativa, la población del Sur de Bolívar azotada por los altos grados de violencia, a través de la Fedeagromisbol y la Mesa Regional de Trabajo Permanente por la paz en el Magdalena Medio, recurrió a la solidaridad de Organizaciones Internacionales para denunciar los hechos, fue de esta manera que para agosto de 2001 se realizo la caravana internacional por la vida con presencia de mas de 60 delegados extranjeros, la cual fue bloqueada llegando a San Pablo por los paramilitares, por ello tuvo que ingresar a la zona por Morales, Micoahumado y luego a la parte alta de la minas, este hecho marcó el inicio de nuevos acompañamientos internacionales que permitieron oxigenar la situación y garantizar muchas vidas, luego de ello, para finales del 2003 se realiza el Tribunal Internacional de Opinión en Paris- Francia, que permitió denunciar y juzgar popularmente bajo los principios de los derechos humanos y de los pueblos, a los responsables de los atropellos contra  la comunidad y el papel pasivo que ha jugado el Estado en estas situaciones.

Durante el año 2004 y 2005 se mantienen las dinámicas propias de las comunidades como las asambleas generales, las de lideres, los encuentros de jóvenes, de mujeres y actos culturales que permitieron consolidar espacios como la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, que jugó un papel importante al exigirle a los grupos armados legales e ilegales el respeto a la vida de todo poblador. También se decide convocar desde este espacio al gobierno nacional (ministerios y programa de derechos humanos de la Vicepresidencia) para interlocutar directamente desde una Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar; esta se instala para el mes de Agosto de 2005 luego de un debate con ésta comisión de la Vicepresidencia, que planteaba solo tratar los derechos humanos en comisiones, mientras las comunidades continuaban con su propuesta de poner en practica el plan de desarrollo integral firmado con el gobierno en 1998. Este espacio de Interlocución con el gobierno se ha mantenido, y se realiza por lo menos unas cuatro veces al año y de acuerdo a la dinámica presentada en la región.

En agosto de 2006 en Santa Rosa se realiza la preaudiencia del TPP [12] en el cual se juzgo el caso de minería y se puso de manifiesto el interés del Gobierno de entregar los recursos mineros a la Multinacional Kedahda mediante toda la intimidación de las fuerzas militares y los marcos jurídicos contenidos el la legislación minera.

Para el 19 de Septiembre es asesinado por tropas del Batallón Nueva Granada de la V Brigada del Ejercito Nacional el Líder agrominero Alejandro Uribe, presidente de la Asociación de Mineros de Mina Gallo y miembro de la Fedeagromisbol. Debido a este hecho las comunidades se movilizan y se desplazan al casco urbano de Santa Rosa exigiendo el respeto a la vida y la responsabilidad del ejercito en este crimen, la movilización dura mes y medio, hasta que el treinta de octubre el Gobierno Nacional en Cabeza de la Viceministra del Interior y otras instituciones de nivel nacional como la Procuraduría, la Fiscalia, el programa de derechos humanos, la Defensoria y  Acción Social, además del acompañamiento internacional  firman unos acuerdos en el tema del respeto de los derechos humanos y el reconocimiento de la Fedeagromisbol. como organización social de las comunidades.

En el mes de noviembre se realiza la audiencia del TPP caso minero y se da a conocer el porque del asesinato de Alejandro y su relación con la entrada de la Multinacional Kedahda en el Sur de Bolívar y lo que viene realizando ésta empresa minera en otras regiones del país donde también tiene solicitudes.

Para mediados de diciembre se realiza otra mesa de Interlocución donde se pone de manifiesto el incumplimiento del Gobierno en los acuerdos y en donde se comprometen adelantar acuerdos en el tema minero, como lo fue el caso del diagnostico del proyecto de fomento a la minería planteado desde el año 98 y el cual hasta la fecha fue un robo a las comunidades, la legalización de títulos colectivos y las fumigaciones y sustitución de cultivos de uso Ilícito.

Para febrero de 2007 se realizó el Foro Agrominero para tratar el tema preocupante nuevamente para los mineros al no entender cual es el interés del Gobierno de interlocutar con las comunidades, pero al tiempo proponer una reforma autoritaria y sin participación de los mineros buscando desaparecer la pequeña minería y favoreciendo la inversión de las multinacionales.

Este rápido recuento de la historia en el sur de Bolívar revela como la riqueza natural de la Serranía de San Lucas es el único un interés de los grupos económicos y las multinacionales de apoderarse del territorio, sin importar los asentamientos humanos que han permanecido por años allí. Por eso las comunidades agromineras continúan en la lucha “por el derecho a una vida digna y la permanencia en el territorio”.


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[1] Palabras de un anciano de la Cordillera, Filipinas.  (Aguillon 2003). 
[2]  Federación Agrominera del Sur de Bolívar, Organización social regional que agrupa a las asociaciones mineras y campesinas, hace parte de la comisión de Interlocución del Sur de Bolívar y es Miembro del Coordinador Nacional Agrario. C.N.A. email: oroteta@yahoo.es
[3]  Derecho Internacional Humanitario.
[4]  Derechos Humanos.
[5]  Asociación Agrominera del Sur de Bolívar.
[6]  Otra persona aparece como dueño.
[7]  Empresa conformada por ella y un canadiense.
[8]  Juan era líder de la comunidad de Buena Seña en donde hoy esta Ubicada la Multinacional KEDAHDA.
[9]  vicepresidente de Asoagromisbol.
[10]  Del 23 de Octubre al 28 de Noviembre.
[11] No salir del territorio pero tampoco a  dejarse asesinar, para ello se desplazaban a la selva y retornaban a construir sus casas destruidas por el paramilitarismo cuando estos se retiraban.
[12]  Tribunal Permanente de los Pueblos.

Publicado en Julio 03 de 2007| Compartir
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