El 5 de junio, día mundial del ambiente, los tolimenses indignados con los atropellos ambientales que propicia el gobierno y comprometidos con el país que queremos para nuestros hijos, marchamos pacífica, festiva y culturalmente por séptima vez consecutiva en defensa de nuestros bienes sagrados: la vida, el agua, el territorio y la soberanía.
Al presidente y al procurador queremos decirles que no los aceptamos como representantes del pueblo y del estado colombiano. Es bien claro que su poder está al servicio de los negocios de las multinacionales y que su indolencia es total y vergonzosa, frente a las consecuencias de esas operaciones en el deterioro ambiental y social de nuestras comunidades. Es bien claro que ellos y su gobierno desconocen el derecho de las regiones a su autonomía y a la definición de su propio desarrollo, amparando su autoritarismo y su agresión en las figuras del “interés público y la utilidad social” e imposición de decretos para amedrentar y amarrar a las autoridades y ciudadanos que tienen en la mira de la devastación. Es bien claro que las licencias otorgadas por el propio estado, para matar biodiversidad, agotar fuentes de oxígeno, agua, alimentos y para desplazar comunidades son semillas de otra guerra -injusta y cruel- en contravía de la ilusión de paz que tanto nos anuncian.
A las empresas extranjeras que se lucran con los negocios del extractivismo, queremos decirles que reprobamos sus métodos corruptos para comprar simpatías y ganar influencias; que sus dádivas interesadas e hipócritas ofenden la honestidad y dignidad del pueblo colombiano; que su negocio es perverso porque se aprovecha de las necesidades de comunidades pobres y vulnerables; que su codicia -siempre impuesta a la fuerza deja una estela de muerte, atropellos, conflictos y descomposición social, que ya vemos con dolor en nuestro territorio; que su actividad destructora va en contra de bienes irrecuperables para la humanidad y la vida planetaria.
A los congresistas, diputados, concejales, alcaldes, gobernadores dirigentes, empresarios, educadores, periodistas, y académicos que comparten nuestros ideales, les decimos que hay una ciudadanía creciente, consciente y mayoritaria que aplaude y reconoce su consecuencia. Les decimos que la memoria histórica y colectiva de nuestro país reconocerá el honroso liderazgo que debemos asumir para defender los bienes que pertenecen a las generaciones presentes y futuras, que hoy son condiciones de vida insustituibles para todos los colombianos, sin exclusión alguna. Las crónicas de la vergüenza quedarán para los que hoy pretenden imponer el interés privado sobre el bien público y para todos aquellos que con espíritu servil regalan las riquezas de la patria, justificando, desde la supuesta “confianza inversionista”, el cambio de montañas y páramos por cráteres y desiertos.
Con el amparo de las garantías y derechos consagrados en nuestra carta magna; con los fundamentos de la equidad, la dignidad y la justicia; con la voluntad de un Tolima soberano que tiene en su gente la fuente del poder legítimo; con el ejemplo de valerosos colombianos que han sido perseguidos y asesinados por la defensa de sus bienes ambientales y su territorio, como grito unísono de esta multitud que nos acompañó con movilizaciones en Ibagué, Espinal, Líbano, Saldaña, expresamos con toda vehemencia:
• Conocemos y sabemos de otros modelos capaces de un desarrollo equitativo, de mayor valor agregado y respetuoso de los derechos de la naturaleza y la gente. Somos una ciudadanía consciente que no acepta la tesis de las industrias extractivas como camino obligado al desarrollo.
• Nuestra voluntad de resistencia y oposición a las políticas que agreden nuestro hábitat vital, es un mandato ético, espiritual e indeclinable. Derrotaremos con la movilización social la amenaza de la locomotora minera.
• Seremos incansables en los procesos de formación, en las convocatorias y movilizaciones para denunciar, consultar y generar mayores niveles de conciencia, conocimiento, participación ciudadana y defensa territorial.
• Rechazamos el Plan Nacional de Desarrollo –PND- 2014-2018 “Todos por un nuevo país, equidad, paz y educación” de Juan Manuel Santos, dado que fue diseñado de manera deliberada para favorecer el interés de empresas mineras, en contravía del bienestar de los colombianos y el derecho colectivo a un ambiente sano. Este Plan representa una amenaza para las áreas protegidas del país, la vida campesina y los ecosistemas estratégicos esenciales en la regulación del ciclo del agua y demás bienes comunes necesarios para la vida.
• Acudiremos a las cortes y la comunidad internacional para solicitar el amparo del derecho a la vida, al agua y al territorio, lo mismo que el derecho a la participación ciudadana, la democracia y las consultas populares.
• Rechazamos de manera enfática y decidida el proyecto minero La Colosa y demás proyectos minero-energéticos que pretenden imponer sobre nuestros territorios sin el aval de las comunidades. Exigimos al gobierno nacional respetar la voz del pueblo tolimense y colombiano. Demandamos la salida inmediata de la Anglogold Ashanti de nuestros territorios. Rechazamos la privatización del Río Magdalena.
• Invitamos al pueblo tolimense y colombiano a seguir defendiendo el derecho colectivo a un ambiente sano; a preparar y organizar paros cívicos regionales y nacionales en el caso que el gobierno nacional decida imponer sus ilegítimos proyectos mineros por encima de los intereses y derechos de las comunidades.
Hoy declaramos con el coro de nuestra vocación musical, con las voces de nuestros ancestros, campesinos e indígenas y con el sentimiento profundo de nuestro amor y veneración por este territorio “que en esta tierra queremos vida, que nadie puede vender montañas, que por la suerte de nuestros hijos, todo el Tolima en firme avanza”
COMITÉS AMBIENTALES EN DEFENSA DEL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO. 5 de junio de 2015
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