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La imposición del modelo por parte de la Banca Multilateral comenzó a finales de los años ochenta y se hizo a través de sus mecanismos de “legitimación” como los acuerdos de desempeño con los gobiernos, en ellos se introdujeron elementos obligatorios para nuestras naciones como rebajas tributarias colosales para las Transnacionales, mínimo control ambiental para sus explotaciones, cero aranceles para exportar lo producido, rebajas por ingreso de materiales y maquinaria para su industria, reformas laborales que impiden el derecho de asociación, movilización y huelga, además de hacer obligatoria la jurisdicción de un Tribunal del Centro Internacional de Arreglo en Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, donde las multinacionales demandan nuestros países por cualquier ‘violación” a lo pactado y/o la imposición de Tribunales Internacionales de Arbitramento que suplen la jurisdicción interna,<a href="#_ftn1">[1]</a> similares mecanismos se imponen dentro de los TLC, que obligan al cumplimiento estricto de los aspectos más infames de estos tratados.
La creación de las leyes del sector ha sido una macabra alianza entre abogados de las Multinacionales, organismos de cooperación como CIDA-Canadá, USAID, GTZ etc., y los llamados parapolíticos, a manera de ejemplo las leyes de Minería, Medio Ambiente, Petróleo, Estabilidad Jurídica de las Inversiones, Bosques y tres reformas tributarias fueron elaborados por esta “alianza”.
En las recientes declaraciones de militares, paramilitares, ex funcionarios y ex contratistas de la Drummond dentro del proceso contra dicha compañía en el Tribunal de Alabama[1], quedo claro que esta y otras compañías financiaron la creación, pertrechamiento, entrenamiento y toda la operación paramilitar en las zonas de producción minera al norte del país, (lo mismo ocurrió en todo el territorio nacional donde las Multinacionales tienen sus intereses) para “garantizarse”, uno la “seguridad” de sus operaciones y dos, a través de la violencia y el fraude elegir a los parapolíticos que llegados al Congreso[2] han aprobado la mayor operación de saqueo de recursos naturales a través de leyes totalmente favorables a sus financiadores, las multinacionales minero-energéticas. El resultado es que por medio de estas reformas hoy una Multinacional Minero Energética que invierte en Colombia US$100, recibe automáticamente y por efecto directo de estas leyes lesivas, US$165 en rebajas y exenciones tributarias de todo tipo[3].
En un informe del profesor Kalmanovitz se demuestra que las Petroleras han pagado 5.5 billones de pesos en impuestos y la nación les ha devuelto 20.5 Billones de pesos, es decir se llevan gratis el petróleo y el gas y les pagamos 15 billones. Con las mineras ocurre lo mismo, Drummond, Cerro Matoso y Prodeco, (subsidiaria de la Suiza Glencore), pagaron cercan de US$150 millones menos en regalías al Estado en 2007 y en 2008 de lo que realmente debían pagar. En el 2007 fueron más las deducciones que el pago de impuestos según la Contraloría General de la Nación[4], además explotan inmisericordemente la fuerza laboral, producen hambre, violencia desplazamiento, miseria y de paso debemos estar “agradecidos” de la inversión extranjera, que desde siempre ha sido un negocio de corrupción y crimen entre el establecimiento Colombiano y los accionistas de estas compañías; sobra aquí recordar el papel de gobiernos y agencias de inteligencia de países como Israel, Inglaterra, EE.UU., Canadá y Suiza en la creación de la estrategia militar-paramilitar que ha posibilitado mayor ganancias a sus empresas, a costa de la vida y la seguridad de millones de seres humanos que no compartimos su particular visión criminal de “desarrollo”[5].
Pero lo más preocupante de este modelo es el crecimiento desmesurado de las solicitudes y contratos mineros en todo el país. En el mapa elaborado por Guillermo Rudas[6] vemos como una mancha roja se ha ido expandiendo por todo el territorio nacional. Son las solicitudes y contratos de las compañías mineras, aprovechando una legislación que abrió todo el país a los intereses Multinacionales. El área de reserva minera especial subió a 20.5 millones de hectáreas, principalmente en los Departamentos de Vichada, Guainía y Vaupés, así como en gran parte de los departamentos de Amazonas, Guaviare y Chocó. Según el Viceministro de Minas y la directora de la ANM,[7] el crecimiento de la explotación petrolera llego al 68%, el carbón al 36%, y el oro al 35% entre el 2010 y el 2011, precisamente aprovechando todas las gabelas que dan las leyes agenciadas por esta macabra alianza arriba citada.
Las compañías están entrando a las zonas ambientalmente más frágiles como los páramos. En un informe de la Defensoría del Pueblo,[8] citado por el diario el Espectador se señala como 108.972 hectáreas de paramos han sido concesionadas mediante 391 títulos mineros para la exploración y explotación de estos recursos, esta decisión que tiene más de corrupción que de “errores”, pues estaba “fríamente” calculada por el señor Uribe Vélez al liquidar Minercol Ltda y pasarle toda la contratación al Ingeominas, donde no existía un sindicato fuerte que le hiciera denuncias y donde funcionarios corruptos, que luego han sido nombrados directivos de las multinacionales, han aprobado todo tipo de abusos contra las poblaciones afros, indígenas, además de contratos mineros sobre zonas de especial protección ambiental, poniendo en peligro la existencia de 22 paramos y las ciudades y pueblos que se surten del 70% del agua que producen dichos sistemas.
En un artículo de El Tiempo[9] de acuerdo con el profesor Rudas, en el 2010 las multinacionales mineras debieron pagar 15,3 billones de pesos en impuestos, solo pagaron 5,6 billones, el resto fueron “exenciones tributarias, elusión o evasión fiscal, mayores a las regalías pagadas por 6,4 billones. El articulo precisa que “En el caso del carbón, entre el 2002 y el 2010, estas empresas debieron pagar una tasa de tributación sobre las utilidades del 35%, pero solo pagaron el 8% [10], en 2010 pagaron regalías por 6.7 Billones pero las exenciones tributarias alcanzaron la suma de 3.5 billones[11]. Aquí no se cuenta el fraude en lo reportado por explotación, exportación, declaración y pago de impuestos.
Pero su acción criminal no es solo en temas de derechos civiles, el periodista Guillermo Maya en el mismo artículo cita al director de la Dian, Ricardo Ortega, quien dice “ha afirmado que se reciclan activos fijos viejos ya depreciados para aprovechar la deducción especial, se disfrazan de legítimas importaciones ilegales de equipos robados en Venezuela y Ecuador, incluyen estas transacciones como activos fijos que usan para la deducción especial, inflan los costos de los servicios contratados para disminuir la base gravable y no hay información clara disponible en sus estados financieros”[12], es decir no se está tratando con gente medianamente decente, sino con la crema y nata de la más peligrosa delincuencia Transnacional. Aquí cabria la pregunta: ¿Dónde está la Fiscalía General y/o el estado Colombiano?…si es que aún existe.
Una de las estrategias tejidas desde la creación del Código de Minas en el 2001 ha sido la ilegalización de la pequeña minería, para darle paso a la minería Multinacional, montada a partir de la declaración de utilidad pública en el artículo 13, desconociendo la propiedad de afros e indígenas, pasando por el Título IV, Capitulo XVI que eliminó la diferencia entre la minería pequeña, mediana y grande, para llegar al Capitulo XVII de exploración y explotación ilícita de minas, donde se penaliza al pequeño minero, esencialmente, que explote sin permiso y que no se legalice a pesar de la presencia de militares-paramilitares, al servicio de las Multinacionales, que con operaciones permanentes en las zonas mineras, han impedido el retorno de pequeños mineros.
Pero una cosa es el pequeño minero tradicional y otro es el boom de las retroexcavadoras muy ligadas a capitales de narcotraficantes, paramilitares y corruptos. Si bien ha habido algunos pequeños mineros que las alquilan, el grueso de esa maquinaria proviene de estos actores criminales[13]; aquí aclaramos que jamás hemos estado de acuerdo con una minería pequeña o mediana que contamine o que esté ligada a la corrupción, al narcotráfico o actores armados legales o ilegales, hemos apoyado y seguimos apoyando comunidades de pequeños mineros artesanales que con su trabajo sostienen sus familias, sus comunidades y con una explotación como la del proyecto Oro Verde en el Choco, son perfectamente viables para ellos y su región.
No compartimos la estrategia de los grandes medios, a los que inocentemente algunos los quieren ver como voceros de la Nación, cuando lo que hacen es abrirle campo muy sutilmente y con su maquinaria de dominación a los intereses multinacionales. El hecho de presentar a la minería como ilegal y meter en ese mismo saco a los mineros tradicionales, los pequeños e incluso a mineros indígenas y afros que desarrollan sus actividad a través del barequeo, es facilitar y “legitimar” la criminalización, penalización y posterior asesinato como ya desgraciadamente viene ocurriendo en Antioquia, de decenas de mineros, con el perverso animo de garantizar la entrada de las Multinacionales.
Desde las organizaciones sociales creemos que debe haber una respuesta contundente, inteligente, inmediata y solida contra el modelo, por ello estamos construyendo una Escuela de Resistencia que eduque a las comunidades sobre cuál es el modelo económico que estamos confrontando, cuáles son sus estrategias, su conducta en otros países, como está conformada, quienes la financian, hacia donde se dirigen, que minerales buscan y como piensan lograr su explotación, pero lo mas importantes es la segunda parte, como confrontar ese modelo, cuales son las experiencias exitosas de otros pueblos, como asimilarlas y mejorarlas, y cuál debe ser el mecanismo que nosotros debemos impulsar en respuesta a este que tanto daño produce a la humanidad.
Otro de los elementos esenciales de esta estrategia de respuesta es la creación, el impulso y la consolidación de medios alternativos de comunicación que rompa de una vez por todas con la hegemonía criminal que impera en nuestro país y que cada vez mas sutilmente nos divide, nos confunde y legitima el establecimiento, su corrupción y su violencia. Muy importante es seguir sosteniendo la movilización regional y nacional pero contra los verdaderos autores de nuestra tragedia. No se puede llamar a una protesta mundial contra las mineras Canadienses e ir a protestar en espacios donde no hacen presencia Multinacionales u organismos estatales de ese país. De igual importancia es activar y “tensar” las acciones judiciales dentro y fuera del país, sin olvidarnos que son ellos los que crean las leyes, es importante aprovechar los espacios reducidos que da una legislación creada para la defensa de interés Multinacionales dentro y fuera del país.
Hemos avanzado en demandas por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad en la jurisdicción civil de EE.UU., dos contra la Occidental, dos contra la Drummond, una contra Chiquita y marcha ahora nuevas demandas contra dos bananeras dedicadas al cultivo de palma aceitera y que han cometido los mismos crímenes de las anteriores. Igualmente estamos por presentar una contra Cerrejón por el asesinato y desplazamiento forzado de indígenas Wayuu, contra Prodeco-Glencore por el asesinato del presidente del sindicato de esa empresa en la Jagua y la muerte de 18 campesinos en la zona de Prado y Mechoacan en el Cesar, operación de la que se hace responsable a Glencore y Drummond. También estamos iniciando una demanda contra Grey Star en la jurisdicción Canadiense, igual demandas contra Perenco y BP por secuestros y desapariciones forzadas en Casanare. En lista siguen doce compañías responsables de más de 2 millones de desplazados forzados, del asesinato de casi 2 mi sindicalizados, decenas de desaparecidos forzados y la destrucción de organizaciones sociales y el tejido social que ellas imbricaban.
En toda esta estrategia hay que hacer responsables a los gobiernos y sus Embajadas muy comprometidos en la imposición del modelo y en muchas ocasiones en las actividades de represión contra nuestro pueblo. Es importante generar un debate en nuestras organizaciones sociales sobre la utilización de nuestros recursos naturales, especialmente de recursos fósiles para la generación de energía, los impactos graves que ello está teniendo para la existencia de la humanidad misma, versus los intereses de las multinacionales. Hay que propender por el uso racional de nuestros recursos profundizando en la utilización de energías alternativas al modelo capitalista. Debatir abiertamente sobre la soberanía de estos recursos, la racionalización y la generación de mayor rentabilidad que permita un desarrollo de nuestras comunidades sin impactar gravemente nuestra existencia y la de la humanidad misma.
Finalmente y como política de preservación de bosques y selvas tropicales hemos impulsado la creación de estos espacios y la protección de los que existen dejando en la memoria viva a personas importantes para la humanidad y para nuestra historia, un claro ejemplo de ellos fue el bautizar un bosque en el municipio de la Vega Cauca en honor de la esposa de Noam Chomsky, una persona profundamente solidaria con nuestro país. De igual forma debemos hacer con los miles de víctimas generadas por la violencia y la corrupción de la Multinacionales, en la preservación de la vida la consigna es, por la vida toda nuestra vida.
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[1] Declaraciones de Jaime Blanco Maya, José de Jesús Charrys Castro, Alias Samario, Alias el Tigre, Alias El Canoso y Alias Bam Bam.
[2] A manera de ejemplo Edgar Ulises Torres, Álvaro Araujo Castro (ponente de la ley) y Luis Fernando Almario de la comisión Quinta del Senado que elaboraron el Código de Minas, Ley 685 de 2001, han sido condenados por sus nexos paramilitares.
[3] http://www.slideshare.net/TatianaMaldonado/guillermo-rudas-foro-de-reclame
[4] Salomón Kalmanovitz, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Cartagena, 21 de Septiembre de 2011.
[5] La Gran Minería en Colombia, las Ganancias del Exterminio, Presidencia de SINTRAMINERCOL, Año 2002.
[6] http://www.slideshare.net/TatianaMaldonado/guillermo-rudas-foro-de-reclame
[7] Entrevista en el Diario Portafolio, Junio 21 de 2012.
[8] Defensoría del Pueblo presenta un crudo diagnóstico de explotación minera, Minería amenaza páramos. 25 de Enero de 2011.
[9] La gratuidad de la Minería, El Tiempo, 15 de Abril de 2012.
[10] Portafolio': "Buen momento minero no se refleja en los impuestos", febrero 21 de 2012.
[11] Salomón Kalmanovitz, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Cartagena, 21 de Septiembre de 2011
[12] La gratuidad de la Minería, El Tiempo, 15 de Abril de 2012.
[13] Conversación sobre su informe sobre minería Colombiana con el periodista francés Romeo Langlois., Año 2011.
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