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Balance de un año de implementación de la política de sustitución de cultivos de coca

Camilo González Posso. Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Colombia, Abril 02 de 2018, Este artículo ha sido consultado 146 veces

Al cumplirse este 24 de noviembre el primer año de la firma del acuerdo final de paz se hacen muchos balances sobre su significado en la historia de Colombia, sus alcances y las limitaciones en la implementación de cada uno de sus compromisos. Todas las páginas de ese acuerdo final están bajo el escrutinio crítico y por supuesto no escapan las que se refieren a la política sobre drogas que aparece como la primera preocupación de la administración Trump en lo que a Colombia se refiere.

 

Estas notas se proponen llamar la atención sobre los profundos cambios que se han desatado en la realidad colombiana con la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y las Farc-Ep que significan oportunidades de transformación positiva en muchos asuntos y en particular en lo que se refiere al narcotráfico y sus impactos en la sociedad.

 

El acuerdo sobre drogas: incompleto pero en la vía correcta

El capítulo 4 del acuerdo final se denominó “solución al problema de las drogas ilícitas”[1] y a pesar de abordar lo relativo a cultivos de hoja de coca, producción de cocaína, narcotráfico, consumo problemático y lavado de activos sólo ha sido divulgado en lo relacionado con las hectáreas de coca sembradas y el incremento que han tenido desde el 2014 al 2017. En los informes oficiales y de la DEA se habla mucho sobre las causas del aumento extraordinario de la oferta de coca y la cocaína sin que llegue al meollo del problema; la reiteración de discursos propios de la guerra de las drogas lleva a algunos analistas a no reconocer el cambio dramático de la situación de la oferta de drogas por la terminación de la guerra interna y la inmediata irrupción de un movimiento social campesino y étnico que reclama la reconversión de regiones cocaleras en economías legales.

 

El acuerdo de La Habana merece todos los debates y no cierra la construcción de nuevas políticas sobre los cultivos prohibidos o en general sobre las drogas. Pero al mismo tiempo hay que verlo en su contexto como un gran avance y una oportunidad excepcional para respuestas innovadoras en las múltiples dimensiones del problema. Los hechos son tozudos y en los pocos meses de implementación encontramos que en todas las regiones en las cuales las Farc-Ep tenían influencia y conexión con las economías cocaleras hoy hay un verdadero tsunami social buscando caminos de reconversión en economías legales. Y ese tsunami abarca también muchas otras zonas en las cuales no era importante la presencia de las Farc-Ep. Hay también una recomposición violenta de los negocios ilegales y es evidente la confrontación entre la oferta veloz del narcotráfico para darle continuidad al flujo de cocaína y la lenta iniciativa desde la sociedad y el Estado que debería mostrar que desde la legalidad pueden ser mayores los horizontes de bienestar. En estas regiones toda está en crisis y en redefinición y el curso definitivo de la vida económica y social, de los niveles de violencia o de convivencia pacífica, se define en estos meses dependiendo de la respuesta democrática y de soluciones de fondo que se den desde el Estado implementando los acuerdos de desarrollo integral territorial.

 

El acuerdo final habla de la necesidad de una “nueva visión”[2] y retoma algunas de las recomendaciones consensuadas en las Naciones Unidas o basadas en las lecciones aprendidas en cuarenta años de guerra antidroga y de intentos de desarrollo alternativo a las economías basadas en plantas prohibidas. Esa nueva visión se propone como resultado de la participación de las comunidades y sectores sociales o económicos implicados en el desarrollo regional y al mismo tiempo en el diálogo internacional con Estados Unidos y los organismos multilaterales. En esa dirección se proyecta una conferencia internacional que aborde opciones nuevas en cuanto a política de drogas.

 

Para la construcción de la “nueva visión” hay claves en los acuerdos como las siguientes:

  • El reconocimiento de la alianza con los campesinos y pueblos étnicos como parte de la solución hacia la reconversión de regiones y zonas dominadas por la economía de la coca y del narcotráfico.
  • La aceptación de un enfoque de desarrollo integral territorial con alternativas de vida digna a los campesinos y comunidades étnicas en las regiones con huella cocalera o de cultivos prohibidos.
  • La ubicación del programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito como un componente en el engranaje general de la reforma rural y los planes territoriales de inversión.
  • La reivindicación de la preeminencia en materia de drogas de un enfoque de derechos humanos y salud pública en contra de las estrategias de guerra, cárcel y criminalización.
  • La identificación del problema del lavado de activos y de la relación entre grandes capitales con los eslabones que concentran las mayores ganancias del narcotráfico.
  • El reconocimiento del papel central de la corrupción y de la relación de agentes estatales de diversos países - incluidos los Estados Unidos - con las mafias trasnacionales del tráfico ilegal y el enriquecimiento ilícito[3].

 

El tsunami cocalero pro-legalidad es la gran oportunidad

La implementación de los acuerdos en materia rural y de política antidroga comenzó con el pie equivocado al subordinar todos sus componentes a una estrategia militar y policial de control territorial. La lógica de la estrategia parece ser entrar a controlar territorios cocaleros, laboratorios o rutas en donde antes era difícil por la protección armada de las Farc-Ep y neutralizar la llegada directa o fortalecimiento de agentes del narcotráfico, grupos armados organizados o bandas asociadas. Hacia este objetivo de control territorial se orientaron 65.000 efectivos de la fuerza pública. Simultáneamente con esta operación se puso en marcha la ofensiva de erradicación forzada mediante ocupación de predios y cultivos por el ejército y la policía antinarcóticos.

 

Con ese telón de fondo de ocupación militar de territorios se inició la implementación de los acuerdos con la oferta del Plan de Atención Inmediata (PAI)[4] como fase preparatoria de los planes integrales de sustitución. El punto de referencia fue el acuerdo entre el gobierno y las Farc de un paquete de beneficios a los campesinos que se acogieran al pacto voluntario de sustitución. Y con ese PAI los delegados del gobierno y las Farc recorrieron las zonas priorizadas en Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta, Choco, Antioquia y Norte de Santander para suscribir preacuerdos con las organizaciones regionales y locales representativas de los campesinos cocaleros y vecinos en las veredas dependientes de ese negocio. Ese marco de compromisos se presentó como la base para la firma de aceptación por parte de cada familia en los territorios correspondientes y el inicio en algunas zonas del proceso de sustitución.

 

El resultado de la convocatoria a los planes de atención inmediata y sustitución voluntaria fue asombroso. En solo seis meses los pactos colectivos y locales comprometieron al gobierno con 115.000 familias en 72.000 hectáreas de cultivos de coca. Al mismo tiempo en veredas vecinas a las cubiertas con la promesa del programa campesinos cocaleros y comunidades étnicas que no habían sido convocadas se levantaron para exigir ser incluidas en los pactos de sustitución voluntaria y por lo mismo excluidas de la ofensiva de erradicación forzada. Se puede calcular que otras 100.000 familias se sumaron a ese gran movimiento por la inclusión en los programas de reconversión en economías legales. Ese es el hecho extraordinario desatado por el anuncio de implementación de los acuerdos y la expectativa de comunidades, familias y regiones enteras de salir de la economía del narcotráfico y de los círculos infernales de la violencia y de las denominadas economías de guerra.

 

Son varios los factores que desencadenan el tsunami cocalero hacia la legalidad. El detonante se gesta con la firma del borrador del acuerdo en materia de drogas anunciado el 16 de mayo de 2014 y se dispara con la firma definitiva en noviembre de 2016. El borrador de 2014 da un doble mensaje al pequeño productor y a las comunidades: el negocio de la coca y la pasta básica entra en zona de turbulencia y de mayores incertidumbres allí donde ha existido influencia o regulación armada por parte de las Farc-Ep y, al mismo tiempo, se anuncia una compensación para quienes a la hora de la sustitución voluntaria tengan coca para mostrar. Pero la firma del acuerdo final y el anuncio del plan de acción inmediata de pactos de sustitución voluntaria dan un mensaje más radical: el negocio se acabó o tiende a deteriorarse y lo mejor es aceptar una propuesta regular e incierta como implementación del acuerdo, que quedarse en el infierno del narcotráfico y de las nuevas formas de violencia y represión.

La erradicación forzada, con su meta en 2017 de destruir 50.000 hectáreas de sembrados de hoja de coca, influye brutalmente en las manifestaciones de campesinos cocaleros y comunidades reclamando ser incluidos en los pactos de sustitución voluntaria.

 

Por una u otra motivación el hecho sin precedentes en Colombia y en el mundo es que hoy tenemos a cientos de miles de campesinos e integrantes de pueblos étnicos reclamando ser parte de las economías legales prometidas en los acuerdos de paz, en pactos como los suscritos con la Cumbre Agraria o en los programas enunciados por las comunidades indígenas y afrodescendientes de toda Colombia. Son millones de personas, entre las más pobres y golpeadas por la violencia armada y las guerras territoriales, las que hoy se levantan para exigir la inclusión en los programas prometidos por el gobierno en razón de los acuerdos de paz. Desafortunadamente, allí en donde hay una oportunidad transformadora extraordinaria, muchos gobernantes, opinadores, redactores de informes de la DEA o de centros de pensamiento, solo ven criminalidad, complicidad con el narcotráfico o nuevos objetivos militares.

Las cifras ilustran la magnitud del movimiento social por la reconversión de economías ilegales:

Los proyectos productivos de sustitución se están quedando en el papel y como van llevan a una grave frustración

Desafortunadamente es cada vez mayor la distancia entre la demanda por la implementación de los pactos voluntarios y la capacidad o velocidad de respuesta que ha mostrado el gobierno. El tsunami a favor de los pactos voluntarios desbordó al gobierno y puso en evidencia la falta de recursos y la descoordinación interinstitucional con los Ministerios de Hacienda y Agricultura y las Agencias sucesoras del Incoder.[5] Inicialmente se habló de llegar a 50.000 hectáreas sustituidas al 15 de noviembre de 2017 y en octubre ante la lentitud del programa se cambió la fecha para mayo de 2018. Los problemas no se han mostrado sólo en las metas sino en la desconexión de los pactos de sustitución voluntaria concretados en planes de acción inmediata con el conjunto de la política de reforma rural integral, los planes de desarrollo con enfoque territorial y los Planes Integrales de Sustitución (PNIS)[6].

 

El Plan de Acción Inmediata se plasmó en compromisos escritos que tienen varios componentes de corto plazo y con un horizonte final de dos años. El primer componente de apoyo a las familias con pagos mensuales o bimensuales para un total de $12 millones en el primer año, más $1,8 millones para proyecto de pan coger y dos proyectos productivos, de ciclo corto y largo plazo, por valor de $19 millones y además $3,8 millones/familia para asistencia técnica. A ese paquete de $36 millones/familia se le agregan otros aportes de bienestar social urgente al adulto mayor, infantes, atención en salud y educación, apoyo para búsqueda de empleo de los asalariados y de créditos o recursos para proyectos asociativos, planes de infraestructura de ejecución rápida, de sostenibilidad y protección ambiental. El total puede estimarse en $60 millones de pesos familia en el primer año, sin incluir la formalización o acceso a la tierra en forma progresiva y el inicio del conjunto de planes territoriales previstos en el Acuerdo Final y en las políticas públicas de inversión social.

 

Esto significa que sólo el PAI, entendido como la cuota inicial de los Programas Integrales de Sustitución tendría un valor de $24 billones de pesos si se pretendiera atender a las 100.000 familias que están cubiertas por los pactos ya firmados y a otras 100.000 que están pidiendo ser incluidas. De esa cifra $12 billones correspondería a los aportes por familia y otra cantidad igual a las inversiones complementarias. La sola cifra muestra la dificultad de un programa semejante para ser ejecutado antes de terminar el actual gobierno. Pero los problemas del esquema son aún más evidentes cuando se tiene el compromiso de poner en marcha de inmediato decenas de miles de proyectos productivos de ciclo corto, cortísimo o largo plazo.

 

Es probable que a mediados de 2018 la estrategia de sustitución voluntaria se acerque a la meta de 50.000 familias con algún pago de la mensualidad equivalente a un millón de pesos, pero como van las cosas muy pocos habrán iniciado los proyectos productivos de pan coger o de ciclo corto; en esas condiciones las familias utilizarán el apoyo para pago de deudas y gastos urgentes y un porcentaje importante de ellas seguirá vendiendo coca o pasta básica acumulada y resembrando monte adentro.

 

En términos prácticos los planes integrales de sustitución antes de terminar el actual gobierno podrán iniciarse sólo en una fracción del total de familias incluidas en los pactos voluntarios y tendrán futuro si se redefinen metas y se retoman los supuestos del acuerdo final que hace depender el éxito de los planes integrales de sustitución y desarrollo alternativo de programas mayores de reforma rural y de opciones inmediatas y a mediano y largo plazo para las poblaciones atrapadas hoy en las redes de producción de insumos para el narcotráfico. Aquí también es válido decir que lo importante es comenzar a recorrer el camino con transformaciones de fondo y no intentar cumplir metas ilusorias, ineficaces e imposibles.

 

No se puede pasar de la guerra anti Farc-Ep a la guerra contra campesinos y comunidades étnicas

La estrategia de erradicación forzada que se le ha encomendado de manera improvisada a la fuerza pública se presenta exitosa por aproximarse a la meta de 50.000 hectáreas de sembrados de hoja de coca eliminados antes de terminar el 2017. Según el informe del observatorio de cultivos declarados ilícitos e Indepaz entre enero y septiembre de 2017 se habían realizado operaciones de erradicación forzada en 147 veredas correspondientes a 45 municipios.[7] En 2017 de esas operaciones la fuerza pública se encontró con grupos de campesinos que protestaban o intentaban bloquear la erradicación y en 49 casos la situación se transformó en enfrentamientos violentos con resistencia de los cocaleros y acción represiva de la fuerza pública. Se estima que el 30 % de los cultivos ocupados para erradicación forzada ya estaban inscritos en los pactos de sustitución voluntaria.

 

La efectividad de las modalidades de erradicación forzada ha sido cuestionada en todos los documentos de evaluación de políticas antidrogas producidos por organismos de las Naciones Unidas y de cooperación internacional. Así consta en documentos como UNDC 2106, monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos, BMZ, reformulando el enfoque de desarrollo alternativo, UNODC, 2014, desarrollo alternativo – evaluación temática mundial, conferencia internacional sobre desarrollo alternativo.

 

El señor Bo Mathiasen, representante en Colombia de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el pasado 3 de noviembre de 2017 afirmó que:

"La erradicación forzosa no es desarrollo, es una medida represiva". "La resiembra de zonas de erradicación forzosa sin la intervención de alternativas de desarrollo es muy elevada. Sabemos que a los tres meses de la erradicación, la resiembra es del 25 al 30 por ciento. Y después de un año alcanza el 50 por ciento o más de la superficie erradicada”.[8]

 

Pero además de las dinámicas de resiembra y de los altos costos de estas operaciones que comprometen a decenas de miles de efectivos de la fuerza pública, esta estrategia lleva a una nueva guerra del Estado en contra de comunidades y centenares de miles de pobladores rurales identificados como objetivos de la represión y condenados a la desesperación y al hambre. Si cumplen este año la meta de 50.000 hectáreas erradicadas en operaciones militares y el otro año una cifra similar, eso significa que más de 150.000 familias son tratadas como enemigos. El ejército y la policía que son los encargados de llegar con el garrote a las comunidades, en lugar de ser la avanzada de la paz y de la llegada del Estado social a zonas que han sido azotadas por la guerra, se presentan como la nueva amenaza y los encargados de una nueva ola de desplazamiento masivo y criminalización a gente pobre.

 

Los trágicos sucesos ocurridos en El Tandil el pasado 5 de octubre cuando fueron masacrados siete campesinos, mostraron la necesidad de una seria caracterización de las comunidades cocaleras o zonas de impacto de esos cultivos ilegales y sus economías conexas que se han identificado como blanco de erradicación forzada.

 

Si se analizan los cultivos en 147 veredas en donde se realizaron o intentaron operaciones de erradicación forzada se encuentra que no existe una diferencia evidente con 291 veredas en las cuales se firmaron pactos voluntarios de sustitución.[9] No hubo estudios ni caracterizaciones previas pues toda la estrategia se subordinó al objetivo de cumplir metas semanales de erradicación que pesan sobre la cabeza de los mandos enviados a terreno a semejante tarea.[10]

 

A posteriori de la ofensiva de erradicación se ha estado construyendo una justificación argumentando que la acción militar de erradicación se dirige contra cultivos industriales y redes de narcotraficantes. Pero es imposible sostener que las 42.000 hectáreas que aparecen como erradicadas entre enero y octubre de 2017 sean cultivos industriales o que correspondan a cultivos con más de 3,8 hectáreas que es la cifra a partir de la cual algunos entes del Estado dicen que dejan de ser de pequeños productores para pasar a ser inversiones directas de narcotraficantes.[11] Es más probable la hipótesis de que la inmensa mayoría de la coca erradicada era de cultivadores pobres que ahora deambulan por esos territorios intentando sobrevivir.

 

En todas las protestas y bloqueos los cocaleros llegan al extremo de arriesgar su integridad por la situación de extrema necesidad e indigencia a la que son empujados con erradicaciones violentas que no ofrecen ninguna alternativa. Es por eso que arriesgan la vida y no por ser agentes del crimen organizado. En esa situación vulnerable de los pequeños productores la mayoría de las protestas son espontáneas y sólo en casos especiales tiene peso la presión de narcotraficantes, de bandas residuales o disidentes de las Farc.

 

Algunas pistas a seguir

Estas notas pueden ayudar a retomar reflexiones y propuestas dirigidas a fortalecer políticas sobre drogas y la implementación de aquellas que están retomadas o formuladas en los acuerdos de La Habana o con las organizaciones sociales y étnicas. De lo dicho aquí y en otros textos pertinentes[12], lo mismo que a partir de ideas recogidas en el intercambio con líderes/as y académicos destaco algunas pistas a considerar:

  • Reconocer la oportunidad excepcional de la paz y de los acuerdos.
  • Fortalecer todo lo que signifique integralidad desde un enfoque de derechos humanos y no violencia.
  • Retomar las recomendaciones de la comisión nacional asesora de la política de drogas (2014) y sus criterios basados en enfoques de regulación, sanitarios, de reducción del daño y ataque a los eslabones de mayor rentabilidad en la cadena del narcotráfico. De igual manera acoger las directrices de las reuniones internacionales de evaluación de política antidroga y desarrollo alternativo. (Supra pág. 14).
  • Implementar simultáneamente los acuerdos de La Habana o AF del Teatro Colón en todos sus componentes.
  • Poner en marcha la institucionalidad diseñada procurando su trascendencia como política de Estado y su proyección en los próximos gobiernos. Esto incluye el trámite e implementación de las leyes relativas a la reforma rural integral, política sobre consumo problemático de drogas.
  • Formular la política criminal y la estrategia integral de lucha en contra de la corrupción. Punto 4.3.4.
  • Tomar las medidas urgentes para neutralizar la complicidad de agentes del Estado con las redes del narcotráfico y para fortalecer las medidas de extinción de dominio a los activos que son producto del lavado de activos.
  • Asegurar los recursos necesarios para la implementación de los acuerdos de paz y pactos con las comunidades en lo relativo a la reforma rural integral y política sobre drogas. Garantizar los presupuestos 2018, 2019 y la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022.
  • Definir de urgencia una estrategia con los instrumentos y recursos suficientes para que sean los programas de reforma rural integral los que enmarquen a los planes integrales de sustitución y no al contrario que la política rural y de seguridad tenga como avanzada unos planes de sustitución de cultivos de uso ilícito.
  • Considerar como aliados a las comunidades, campesinos, indígenas, afrodescendientes y demás pobladores de las zonas o regiones con alta incidencia de las economías ilícitas.
  • Darle tratamiento diferencial a los pactos de desarrollo rural y de sustitución o reconversión ambiental y de vida con comunidades indígenas afros. Realizar las consultas y concertaciones teniendo en cuenta las propuestas entregadas al gobierno nacional por parte de la ONIC y del CRIC. Promover la modalidad colectiva de contrato – plan de vida con las comunidades étnicas, considerándolas como aliadas y garantizando sus derechos como pueblos. Promulgar un decreto específico para pueblos indígenas con previa consulta.
  • Elaborar y hacer pública la estrategia de gobierno para responder a las 115.000 familias que ya están cubiertas por pactos voluntarios colectivos de sustitución y definir rutas y cronogramas para su inscripción veredal y familiar a los programas de implementación de los puntos 1 y 4 del AF.
  • Poner en marcha planes integrales de sustitución con comunidades que están por fuera de la órbita de influencia o de convocatoria conjunta Farc – Gobierno de modo que se incluya a más 100.000 familias de zonas de influencia cocalera que están reclamando entrar en acuerdos con el gobierno similares a los PAI, PISDA, PNIS y PDET.
  • Suspender las operaciones de erradicación forzada en su meta ya dada de 50.000 hectáreas erradicadas y ofrecer respuestas pos erradicación a las 75.000 familias directamente afectadas y a las comunidades vecinas. Darles prioridad en planes de atención y PDET.
  • Reafirmar el carácter subordinado y excepcional de las medidas de erradicación forzada en los términos definidos en el acuerdo final punto 4. 
  • Enfocar las políticas represivas en contra de los eslabones clave del narcotráfico en particular en lo relativo a lavado de activos, neutralización de las mayores estructuras trasnacionales de crimen organizado.
  • Darle importancia a la redefinición de políticas, planes en las iniciativas de cooperación internacional de modo que sean claros los compromisos de metas en cuanto a reducción de violencia, consumo problemático, incautaciones, decomisos y medidas de extinción de dominio en los países importadores de drogas controladas y principales receptores de capitales ilegales.
  • Preparar y convocar la conferencia internacional sobre política de drogas prevista en el acuerdo final del 24 de noviembre de 2016.

 

Autor: Camilo González Posso. Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – Indepaz. C.e: camilogonzalezposso@gmail.com

Resumen del documento “Balance de un año de implementación de la política de sustitución de cultivos de coca- El tsunami cocalero hacia la legalidad desborda al gobierno. Disponible en: http://www.indepaz.org.co/7769/balancede-un-ano-de-implementacion-de-la-politica-de-sustitucion-de-cultivos-de-coca/

 

 


[2] Acuerdo Final, 2016. “… es necesario diseñar una nueva visión que atienda las causas y consecuencias de este fenómeno, especialmente presentando alternativas que conduzcan a mejorar las condiciones de bienestar y buen vivir de  las comunidades —hombres y mujeres— en los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito; que aborde el consumo con un enfoque de salud pública y que intensifique la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, incluyendo actividades relacionadas como las finanzas ilícitas, el lavado de activos, el tráfico de precursores y la lucha contra la corrupción, desarticulando toda la cadena de valor del narcotráfico”.
[3] Acuerdo Final, numeral 4.3.4. “… el Gobierno Nacional pondrá en marcha una estrategia de política criminal, en forma paralela a la implementación de una estrategia integral de lucha contra la corrupción, que fortalezca y cualifique la presencia y efectividad institucional…”. “…La estrategia deberá incluir el establecimiento de grupos interinstitucionales especializados con el fin de atacar las distintas expresiones de la corrupción y sus responsables y contribuir a mejorar el desempeño institucional”.
[4] Comunicado conjunto Gobierno Nacional – FARC sobre el inicio de los PNIS y los Planes de Atención Inmediata – PAI, suscrito el 27 de enero de 2017.
[5] En las mesas de diálogo entre el gobierno y los campesinos cuando las marchas de 2013 y con la Cumbre Agraria desde 2014 se advirtió sobre la necesidad de iniciar programas de reconversión regional en zonas cocaleras independientemente del avance de las negociaciones en La Habana y para anticipar posibles conflictos. Eso quedó consignado en las actas de reuniones nacionales y regionales con las Mesas de Interlocución y Acuerdos (MIA). La representación campesina que se atribuyó entonces la representación del 90% de los cocaleros del país puso a discusión lineamientos para planes concretos de sustitución y desarrollo territorial y habló de iniciar en cuatro zonas piloto en Nariño, Putumayo, Catatumbo  y Guaviare.
[6] PNIS, Decreto Ley 896 de 2017
[7] La COCCAM habla de 481 operaciones de erradicación violenta en 2017.
[8] Mathiasen B, 2017. "La erradicación forzosa no es desarrollo, es una medida represiva": ONU, El Espectador, 3/9/2017. Disponible en https://www.elespectador.com/noticias/paz/la-erradicacion-forzosa-no-es-desarrollo-es-una-medida-represiva-onu-articulo-721355
[9] Fuente, base de datos OCCDE- Indepaz 2017.
[10] En el marco del PNIS, según el numeral 4.1.3.2 del Acuerdo Final (párrafos 3 y 4) se priorizará la sustitución manual de cultivos de uso ilícito con carácter voluntario y concertado. No obstante, “en los casos en que los cultivadores y cultivadores no manifiesten su voluntad de sustituir o incumplan los compromisos sin que medie     caso fortuito o fuerza mayor a pesar de los esfuerzos del Programa y de las comunidades para persuadirlos, se procederá a la erradicación manual, previo proceso de socialización e información con las comunidades” (Gobierno Nacional y Farc-Ep, 2016).
[11] Ministerio de Justica 2017. Proyecto de Ley presentado al Congreso de la República.
[12] González Camilo, 2017: Coca no es cocaína, Indepaz. Disponible en www.indepaz.org.co y también otros enfoques en la implementación del punto 4 del Acuerdo Final

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Publicado en Abril 02 de 2018| Compartir
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