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Anexo 0. Cumbre climática y justicia ambiental

Catalina Toro Pérez , Colombia, Diciembre 10 de 2015, Este artículo ha sido consultado 320 veces

Uno de los más graves impactos posibles con el aumento del Cambio Climático y el modelo de desarrollo extractivista en los ecosistemas insulares y costeros, está asociado al aumento del nivel del mar. Según nuevas proyecciones, entre 2013 y 2014 se elevó el nivel del mar entre 2.6 y 2.9 mm, duplicándose, la velocidad de este fenómeno en tan solo dos años, en relación con lo ocurrido en la mayor parte del siglo XX. Ello significa que para el año 2100, el incremento del nivel del mar podrá llegar hasta 98 cm., si se continúa con los niveles actuales de emisión de gases de efecto invernadero. Nuevos estudios demuestran que el aumento del deshielo en el Ártico, puede provocar un incremento de emisiones de gas metano y dióxido de carbono a la atmósfera, lo cual puede intensificar y es a su vez un efecto del calentamiento global, generando consecuencias catastróficas, como grandes inundaciones, contaminación de acuíferos y de suelos, además de la pérdida del hábitat de peces, aves y plantas. Más de 41 científicos, estimaron en un 35 % adicional, esta emisión de gases de efecto invernadero (Nature Climate Change, 2015).

Aun cuando las manifestaciones preparadas por las organizaciones sociales y ambientales fueron prohibidas después de los injustificables atentados en Paris, ello no impidió que las actividades preparadas en los denominados eventos diversos alternos a las negociaciones sobre el clima, se desarrollaran paralelamente, ante la ausencia de las voces de los principales afectados por el cambio climático en el escenario de la negociación: mujeres, trabajadoras, campesinas, indígenas, pescadores artesanales y comunidades afro-descendientes, quienes cargan los impactos negativos de la extracción y producción energética que profundiza el desplazamiento fuera de sus territorios y con ello los sistemas locales de producción de alimentos. 

En uno de esos espacios paralelos a la COP 21, en el contexto del Tribunal Internacional de defensa de los Derechos de la Naturaleza, surgieron propuestas como la del Anexo 0,[1] un anexo, que propone la necesidad de reconocer el respeto y el compromiso real de los pueblos impactados por las actividades extractivas, (gran minería, agroindustria, petróleo y gas en el mar y en tierra) ausentes ellos de la arena de la negociación, haciendo referencia a la Convención de Cambio Climático en Rio 92, que incluye en los anexos 1 y 2 a los países del Norte (países desarrollados) y las denominadas “economías en transición” (Rusia y Europa del Este) consideradas necesarias para financiar actividades concretas de  prevención y adaptación  al Cambio Climático en los países del Sur (países no desarrollados). Como se ha constatado con el aumento desmesurado de la explotación de combustibles fósiles, el compromiso de desarrollar acciones para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, no se ha cumplido.

Después de veinte años de negociaciones  desde la primera celebrada en Berlín en 1995, no se ha hecho nada efectivo para detenerlo, y por el contrario se han agudizado las condiciones que han ocasionado  el  fenómeno  de cambio climático. Ello se debe a que justamente lo que está en cuestión es la crisis del modelo de desarrollo capitalista global, basado en la extracción y procesamiento de combustibles fósiles para  producir  energía,  la  utilización  masiva  de  transporte terrestre privado, aéreo y marítimo, la expansión de la urbanización en las ciudades, la liberalización de los regímenes comerciales globales, la agricultura industrializada, y el sobre consumo en el norte global incluyendo algunos lugares en el Sur.

 

 

El Anexo 0 parte de considerar que uno de los principales problemas de ausencia de resultados derivados de las anteriores negociaciones tiene que ver con el grado de influencia que tienen las corporaciones    de  los  sectores minero-energéticos provenientes  de los países del Norte y la ausencia de  voluntad  política  de sus gobiernos y algunos de los países del Sur, para abordar la raíz de los verdaderos problemas asociados a los diversos aspectos de la cadena energética basada en combustibles fósiles, desde la extracción, el refinamiento la producción y el consumo. Son las mujeres, los trabajadores, las comunidades indígenas y campesinas quienes directamente sufren las consecuencias sociales y ambientales, de la devastación provocada en el Sur global incluyendo también algunos lugares en el Norte. Precisamente son las comunidades locales, las víctimas, de los derrames petroleros, el acaparamiento de tierras, la polución en tierra, aire y fuentes de agua, los impactos en la salud y el aumento de la mortalidad en sus territorios, la ausencia de servicios estatales, la criminalización de la protesta social, en lugares de servicios cada vez más comercializables con altísimo nivel de violencia interpersonal doméstica y sexual, muchas veces relacionada con la militarización asociada a los recursos energéticos. 

En lugar de reconocer las voces  y prácticas de los pueblos en África, Asia y América Latina, con propuestas concretas en la construcción de alternativas reales de justicia climática y ecológica (reconocimiento de la responsabilidad de las corporaciones y Estados), justicia energética (dejar el 80 % de los combustibles fósiles bajo tierra y mar), justicia alimentaria (acceso y control de las comunidades sobre sus prácticas ancestrales y territorios) y justicia de género, (equidad en los procesos de participación en la toma de decisiones) frente a la crisis climática[2], surgieron de nuevo de parte de las corporaciones financieras e industriales asociadas a la industria extractiva, toda una variedad de falsas soluciones “verdes” con nuevos riesgos tecnológicos, para legitimar sus depredadoras prácticas, las cuales incluyen los mercados de carbono, la agroindustria, los cuestionados programas de desarrollo limpio REDD, la geo-ingeniería con tecnologías de modificación del clima, proyectos de desarrollo de energía nuclear,  grandes hidroeléctricas, y tecnologías para capturar  y almacenar el carbono (CCS). En el Grand Paláis, de Paris, estas empresas organizaron una exposición de “alternativas” la cual, ante las protestas del público frente a tamaña hipocresía, fue cerrada, desalojados y detenidos algunos activistas ambientales que allí se encontraban, teniendo que permanecer encerrados las semanas que duró la conferencia, acosados de terrorismo. 

Mientras  se celebraba  el publicitado acuerdo, entre 195 líderes mundiales de los países del Norte y del Sur para controlar las emisiones de carbón en la atmósfera, éstas corporaciones, continuaban tranquilamente expandiendo la frontera de la extracción hacia la explotación marina y la exploración y explotación de yacimientos no convencionales en los países del Sur, cada vez más abiertos a su intervención, a través de tecnologías tan perniciosas como el Fracking. Sus obligaciones  en términos de reparar y compensar los enormes daños causados en términos de los costos ambientales y sociales que su actividad acarrea, no fueron de ninguna manera abordadas. Como si esto fuera poco, tampoco se cuestionó el carácter no vinculante de las convenciones ambientales globales, que ha posibilitado el incumplimiento de la responsabilidad de los países desarrollados, de generar verdaderos resultados para recortar las emisiones de gases a efecto invernadero, y trasladar a los pueblos afectados, indígenas, campesinos, comunidades tradicionales, comunidades urbanas, la responsabilidad de asumir en sus  territorios los  efectos provocados por la explotación.

 

 

¿Qué se logró en Paris?

Por primera vez se incluye los Océanos  en  el  texto del preámbulo del Acuerdo de Paris. No es poca cosa, en ninguno de  los  principales convenios  incluyendo el de biodiversidad los ecosistemas marinos habían sido objeto de regulación, lo cual había dejado un gran vacío en términos de una gobernabilidad ambiental del mar, que controlara y regulara la avidez de la industria pesquera internacional, el impacto provocado por los derrames petroleros cada vez más frecuentes, el aumento del transporte marítimo, entre países del norte y del sur, quienes no tienen ningún interés en regulación alguna de los mares. Aun no se regula, al menos se menciona.

Pese a las evidencias  del cambio climático planetario, las conferencias de las partes que se celebran cada año, constituyen un ritual que se expresa ahora en el Acuerdo de Paris, en un  pacto con “el mejor resultado posible” de una negociación desigual entre Estados todavía clasificados en el argot de Naciones Unidas como desarrollados, emergentes y no desarrollados. Un colectivo de países y empresas poderosas que buscan continuar su desmesurado modelo de acumulación y despojo, aumentando el comercio  mundial  y  la  multiplicación  del  consumo.  Una  negociación  en  la  que participan de manera directa las empresas de energía más poderosas , las ONG (organizaciones no gubernamentales ambientales del norte), financiadas por ellas, quienes trabajan estrechamente con las delegaciones más poderosas como las de los Estados Unidos, Gran Bretaña y fuera de ella, (lo más lejos posible) las comunidades locales, las ONG del Sur,   organizaciones representadas por líderes sociales y populares, las universidades de  estos  países, ellos  sí bien, lejos de la arena de la negociación de un texto común, que como en el caso de todas las convenciones ambientales sin excepción, no contemplan obligaciones en términos de las metas establecidas, las responsabilidades de los países y sus empresas contaminantes, por el contrario están sometidas a las reglas del comercio internacional. 

Si bien, en el Protocolo de Kioto los países asumieron (simbólicamente) un compromiso de reducción de emisiones pasibles de sanciones, en el Acuerdo de Paris, los países ratifican que no están obligados a cumplir con sus objetivos expresados en las contribuciones para actividades de mitigación, ni se establecen sanciones y menos aún se asumen responsabilidades. Y en cuanto a las metas, el acuerdo es aún más regresivo: El 1.5 % publicitado es menor, al objetivo de 2 grados  impuesto hace 5 años en la COP16 de México. En este sentido, el mismo, no puede ser más ambiguo: el punto máximo de emisiones mundiales de gases de efecto invernadero deberá lograrse “lo antes posible” y deberá alcanzarse “en la segunda mitad de siglo”[3] (Honty, 2015), lo que puede llegar, si  acaso llegara a modificarse la matriz energética planetaria, lo cual es poco probable, a un posible cero neto de emisiones en 2099, muy lejos de los límites establecidos. 

Uno de los puntos centrales de la negociación, hizo referencia  al objetivo cuantificado de movilización de recursos hasta el 2025, (USD 100 mil millones anuales), un compromiso fijado en la COP de México, cuyos fondos podrán porvenir “de una gran variedad  de  fuentes,  instrumentos  y  cauces”  que  como  vemos  hoy  en la práctica, vienen en su mayoría de las empresas mineras, petroleras y de gas más contaminantes,   asociadas bajo el discurso de la responsabilidad ambiental empresarial, quienes paradójicamente son las grandes responsables de un gran porcentaje del caos climático.

Empresas consultoras, financiadas por la gran minería trasnacional, continuarán utilizando la fachada ambiental para imponer a través de proyectos de “adaptación y mitigación de Cambio Climático” sus intereses en los territorios, a través de sofisticados y costosos sistemas de contratación privados de sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales de las universidades y ONG del sur, que deberán, en lugar de construir consensos y espacios en los cuales participen las comunidades en términos de la decisión de si se realiza o no un proyecto extractivo y de sus riesgos, desarrollar procesos de “socialización” para convencerlos de que el proyecto  que  contaminará  sus  ríos y desplazará sus familias a los cinturones de miseria en las ciudades, es ambientalmente responsable.

 

 

Con respecto a los mercados de carbono establecidos en el protocolo de Kioto, en los que los países desarrollados establecían un tope de emisiones y le compraban tasas a los países de desarrollo, se convierten en el Acuerdo de Paris, en los “enfoques cooperativos” que tampoco resuelven el problema de la definición de las unidades de reducción a ser adjudicadas. Los proyectos de Modelo de Desarrollo Limpio, financiados a través de este mecanismo no mostraron resultados y no es claro cómo se cuantificarán  las  reducciones  prometidas,  en  toneladas  de  CO2  (20 %  en  Colombia, 33 % en Paraguay) para dar unos ejemplos.

Claramente se generaron dos tipos de espacios: Los oficiales, donde se tomaron las decisiones  finales  y  los  alternos  donde  se  debatieron los  problemas  reales  y  se propusieron alternativas.

En los oficiales, poco de este debate y de sus propuestas presentadas, como la propuesta de considerar en la Corte Penal Internacional, el delito de “Ecocidido” se consideraron. Estados Unidos, el gran financiador de las diversas COP Ambientales, y quien no ha ratificado ni un solo acuerdo o protocolo emanado de los programas de medio ambiente, desde hace más de 20 años y sede de varias de las principales empresas planetarias se presenta con Francia y los países “desarrollados”, junto con emergentes países del Sur, (China entre ellos), como los victoriosos ganadores de una negociación, con responsabilidades diferenciadas, que en nada perjudica los intereses de  sus  corporaciones  financieras  y  empresariales  (90  de  sus  compañías  producen  el 63 % del Cambio Climático) y sus prácticas históricas de colonialismo y extractivismo que constituyen las verdaderas causas de la violencia racista, militarista y guerrerista del planeta. 

En los espacios alternos, en cambio se fortalecieron las redes de resistencia al extractivismo dominante y se propusieron estrategias de lucha por la paz global en el contexto de los hechos ocurridos en Paris, Beirut, Bagdad y Bamako que expresan manifestaciones de una crisis sistémica planetaria que produce terrorismo, militarización, racismo y guerra. Una lucha por justicia, paz solidaridad en torno al planeta.

 


[1]  Iniciativa coordinada por OilWatch. (oilwatch.org) presentada en el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza. Paris 4 y 5 de Diciembre de 2015

[2] Ver también, “An African Ecofeminist Perspective on the Paris Climate Negotiations”, (www.womin.org.za)

[3] Ver CLAES, Honty, Gerardo. “Evaluación del Acuerdo de París”. (energiasur.com)

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Publicado en Diciembre 10 de 2015| Compartir
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