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Pacific Rubiales en Puerto Gaitán

Darío Faustino Cárdenas Pachón, Febrero 16 de 2015, Este artículo ha sido consultado 343 veces

Para poder hablar de derechos humanos en la industria petrolera en Colombia es necesario recordar lo que ha pasado desde que empezó la exploración y explotación del crudo, y así saber si se puede aplicar el principio popular de “el que no conoce la historia está condenado a repetirla”.

A comienzos de la década de 1910, es decir unos pocos años antes del comienzo de la explotación del petróleo por parte de la Tropical Oil Company, existían unos dos mil indígenas yariguies en el departamento de Santander. Así lo registro el inspector Alcides Galeano en 1913 cuando decía que una expedición organizada hacia el Opón “halló muchos indios que calcularon en unos mil ochocientos”.

En adelante la destrucción de los yariguies se tornó irreversible. Desde mediados del siglo XIX, como lo registran los datos demográficos: de unos 15 mil que se calcula existían hacia 1860, bajaron a 10 mil en 1880, a 5 mil en 1900, a mil en 1910, a quinientos en 1920, y a unas dos docenas hacia 1925.

A comienzos de la década de 1910 se presentaron los últimos ataques de los yariguies, los cuales coincidieron con la llegada de los petroleros. Un testaferro, Roberto de Mares, un bogotano de origen francés que engañó al coronel José Joaquín Bohórquez para obtener la concesión del gobierno para la explotación de hidrocarburos. Esto demuestra el desplazamiento y la aniquilación de un pueblo solo por el beneficio de una multinacional. Vale la pena recordar que la zona donde habitaban estos indígenas es la zona del Magdalena Medio donde en su momento llegó a hacer el epicentro de la industria petrolera en Colombia.

Hacia mediados de la década de 1920, cuando se había consolidado la explotación de petróleo por parte de la Tropical Oil Company, ya estaba consumada la aniquilación de los yariguies. En esa década, el gobernador de Santander podía informar que en los territorios del Carare y Opón ya no había indígenas, con lo cual se cumplía la disposición de que “dentro de las tierras baldías cuya adjudicación se exigió que “no se hallen comprendidas tribus o parcialidades de indígenas, dando así estricto cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 3º de la ley 60 de 1916”.

Con eso se producía la invisibilizacion absoluta de los indígenas, como forma de justificar la apropiación de sus tierras, las cuales eran consideradas como baldías, con lo que se favorecían los intereses de los explotadores de recursos naturales y forestales. La explotación del petróleo por parte de la Troco significó la desaparición de una sociedad, mediante un proceso sincronizado de genocidio y etnocidio, como se puso en evidencia en 1950 cuando regresaron los terrenos de la concesión de Mares a manos del estado colombiano. La prueba era diabólica, por decir lo menos, puesto que en los territorios devueltos no había indígenas, ya que sus últimos descendientes fueron exterminados en un lapso de treinta años.

La expansión del capitalismo mundial desde el fines del siglo XIX ha estado ligada al petróleo y durante todo el tiempo que se ha mantenido la hegemonía estadounidense, el petróleo ha sido el rey de las materias primas y la principal fuente energética. Este producto empezó a ser utilizado en 1859 en distintos procesos industriales en Estados Unidos, pero desde antes era necesario para generar alumbrado. No obstante, las transformaciones fundamentales asociadas al uso del petróleo se dieron tras la invención del motor de combustión, al que están ligados el automóvil, el aeroplano, y la industria bélica

La Primera Guerra Mundial evidenció la importancia del petróleo, que dejo de ser una materia prima más para convertirse en la base de la economía y de la guerra. Las potencias vencedoras asimilaron el valor estratégico del petróleo, en especial Estados Unidos, que hasta ese momento se había abastecido de sus propias reservas, pero tras el fin de la guerra se dio a la tarea de controlar las fuentes de recursos petroleros en diversos lugares del mundo y en primer lugar, América Latina.

Los petroleros que habían visto brotar crudo en Barrancabermeja, fundaron en Delaware la Tropical Oíl Company con 1.200.000 acciones de las cuales solo 25 mil correspondían a colombianos, incluyendo a Roberto de Mares, a cambio de lo cual este traficante de nuestro subsuelo se comprometió a hacer el traspaso de la Concesión a la empresa recién constituida. Para tal efecto, el 28 de febrero de 1916 hizo firmar el acta de San Vicente de Chucurí, en la cual quedaba registrada el supuesto inicio de las obras para la extracción del crudo.

En realidad en esta fecha no se habían iniciado los trabajos de explotación del crudo en el territorio del Magdalena Medio, sino que los capitalistas de la Tropical de los Estados Unidos habían llegado a inspeccionar de manera directa la calidad y la cantidad de los hidrocarburos que allí se encontraban, para proceder a asumir el control en forma inmediata.

En efecto, el propio de Mares en un informe al ministro de obras publicas señaló con tal cinismo que “resuelto ya el problema que preocupaba a la empresa la Tropical Oil Co, cual era saber si había petróleo, las perforaciones se multiplicarán oportunamente, a medida que las necesidades del negocio lo indiquen”.

 

Pacific Rubiales viola los derechos humanos

Algo así está sucediendo hoy con la Multinacional Pacific Rubiales Energy que opera en la vereda de Rubiales, que pertenece al municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta. Después de tanto tiempo viene sucediendo lo mismo de hace muchos años y que al parecer no tenemos memoria: el desplazamiento forzado de nuestros indígenas, la pérdida de terrenos de nuestros antepasados a manos de testaferros, la manipulación del gobierno que consideran estos terrenos baldíos por no poseer títulos de propiedad, la destrucción de las fuentes hídricas en la región, el elevado costo de vida, la prostitución de las mujeres por ganar un dinero para sobrevivir, la miseria y la degradación del ser humano. Todo esto en la regiones donde ha llegado el supuesto “progreso”.

Lo que viene sucediendo con Pacific Rubiales, respecto a los problemas laborales y sociales, es aterrador, especialmente cuando el gobierno nacional permanece impávido. No existe seguimiento a la multinacional, ni a sus contratistas, el Estado no cuenta con organismos para poder intervenir, observar y determinar si mínimamente se están cumpliendo con la legislación laboral colombiana y menos con los derechos humanos.

De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada en Paris el 10 de diciembre de 1948, en los primeros treinta artículos se establece que toda persona tiene derechos y libertades, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición; que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado, a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitaciones de fronteras, por cualquier medio de expresión. También se habla de que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Al igual que tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicalizarse para la defensa de sus intereses. Nada en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido que le confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Estos artículos son algunos de los mas violados por las petroleras en el departamento del Meta.

Los movimientos de protesta recientes en el departamento del Meta se iniciaron el 20 de junio del 2011 en el municipio de Puerto Gaitán, luego de años de injusticia y maltrato para los trabajadores. Para ese entonces la inconformidad de los trabajadores petroleros era insostenible y los brotes iniciaron en los campos de Jaguar y Caracara donde opera la empresa española Cepcolsa. Este levantamiento dejó al descubierto las irregularidades existentes en materia laboral, salarial, de sanidad básica, entre otras.

Después de ocho días de protesta, la petrolera da por cancelado el contrato que tenia suscrito con la empresa Montajes JM, pensando con ello calmar el ambiente, pero conllevando a una masacre laboral que dejó a más de mil obreros sin trabajo. Todo por reivindicar sus derechos contemplados en la Constitución Nacional y en la declaración universal de los derechos humanos. Este espacio de efervescencia que se logra con la comunidad y con los obreros es aprovechado por los trabajadores de Campo Rubiales que deciden después de muchos meses de titubeos salir en asamblea permanente el 19 de julio del 2011 junto los antiguos trabajadores de la empresa JM.

Esta vez se trataba de alrededor de seis mil trabajadores que laboran para unas 150 firmas de contratistas de Pacific Rubiales Energy. Exigían salarios dignos, sanidad basica ( alojamiento, duchas, baños, alimentación) y la presencia de la Unión Sindical Obrera - USO, sindicato de la industria del petróleo. Al día siguiente, apenas comenzaba la manifestación, estaban reunidos los trabajadores esperando recibir el tinto de las cinco de la mañana cuando son atacados por el escuadrón antidisturbios de la policía. El ataque imprevisto fue el detonante para la batalla campal que se dio dentro del campo y donde señalaron a trabajadores como terroristas y a los dirigentes de la USO como personas extrañas que entraron armados al campo y promovieron los disturbios.

Luego de este enfrentamiento se crea una mesa de negociación donde nada se logra. Los dirigentes deben salir del campo por las amenazas de la fuerza pública que les da la orden de desocupar el campo. En sus palabras: “o lo desocupan o si no miraremos que pasa”. En un segundo movimiento sucedido en el mes de septiembre del 2011, ya el movimiento obrero coge mas fuerza. Ahora eran doce mil trabajadores de unas 250 empresas de contratistas que se declaran en asamblea permanente para reivindicar sus derechos. Se exige la presencia de la USO.

Los enfrentamientos con la fuerza pública se repiten. A los trabajadores se les impide la entrada al campo de la USO negando claramente la representación del sindicato a sus afiliados. Se crea entonces una mesa de negociación con representantes de los trabajadores, de la multinacional, del Gobierno Nacional y de la USO. Esa mesa laboró en Bogotá, y acabó convertida en una burla para los trabajadores y para la USO. En complacencia del Gobierno Nacional ninguno de los puntos suscritos en el acta se cumplió, puntos que se realizaron en conjunto con la USO y representantes de trabajadores y de los cuales dependía la orden de levantar el movimiento en el campo. Con esto, dejaron claro que ellos son los que mandan en el campo y que hacen lo que les viene en gana y que ni trabajadores ni la USO pueden reclamar. También que el gobierno defiende la posición de la petrolera, olvidándosele que donde está ubicado el campo también es Colombia.

Actualmente se ha recrudecido la forma en como la multinacional Pacific Rubiales viene violando los derechos humanos de la población metense. Se inventaron una figura de “vetos” con la que niegan la entrada al campo de los trabajadores que asumieron un protagonismo en el momento de las negociaciones, o que se afiliaron al sindicato. La condición que ponen para quitar el “veto” y poder ejercer el derecho al trabajo es la de desafiliarse al sindicato. Se hicieron visitas conjuntas del sindicato y el gobierno nacional dentro del campo en donde se visualizó parte de la problemática, pues la administración omitió parte de la información y nunca llevó a las comitivas a los puntos más neurálgicos.

En cambio, nos pasearon por las oficinas y los campamentos de los trabajadores directos de la petrolera donde se evidencia la estigmatización existente en el campo: mientras los trabajadores directos de Pacific Rubiales Energy viven con todos los lujos posibles, la comida es tipo buffet, los alojamientos son máximo para dos personas, aire acondicionado, buena cama, colchones semi ortopédicos, sala de recreación, gimnasio, baños enchapados, etc.; la fuerza laboral, o sea nuestros obreros, duermen en carpas para unas 250 o 300 personas, hacen filas para poder acceder a los baños, para ducharse, acceder a los alimentos (que entre otras cosas es de muy mala calidad). La sala de recreación es una carpa con sillas artesanales, hechas por los mismos trabajadores, con un televisor. El gimnasio lo fabricaron los mismos trabajadores con tarros de pintura, tubos y varillas. La situación es patética y se presenta en la mayoría de campamentos que tienen los contratistas de esta multinacional, donde al obrero que hace posible la explotación del petróleo lo tratan muy parecido a los esclavos en la época de la conquista, cuando no tenían derecho según sus amos ni siquiera a un trato digno, ni mucho menos a una remuneración económica justa.

Gracias señores de Pacific Rubiales Energy por ser Colombia, gracias señores del gobierno nacional por permitir a esta empresa venir a violar el código sustantivo de trabajo, los derechos humanos y la constitución colombiana, retrocediéndonos en la historia, ni siquiera ala era de la Troco, sino a la época de la conquista. En el momento de escribir este artículo se siguen violando derechos a los trabajadores del campo. Ahora se han ensañado con los dirigentes, los líderes, los activistas a tal punto que les han llegado amenazas escritas y verbales. A ellos les están haciendo casi imposible la entrada al campo. Conocemos el caso de tres líderes de trabajadores que tuvieron que salir de Puerto Gaitán por amenazas contra su vida, amenazas que ni siquiera el presidente de la USO Meta y el secretario de derechos humanos de la USO-Meta fueron ajenos. A este último, hombres desconocidos fueron a visitarlo a su casa en Acacias, a unos 215 kilómetros de Puerto Gaitán. ¿Será que Pacific Rubiales Energy fue la que mando a asustar a los dirigentes, líderes y activistas? No lo puedo asegurar, pero antes de estos movimientos no había pasado nada, ni con el sindicato, ni con los trabajadores y mucho menos con la comunidad. Queda el interrogante.

Para nadie es un secreto que los campos que explota la Pacific Rubiales Energy en el municipio de Puerto Gaitán son los campos más grandes del país y por ende de los que mayor cantidad de petrodólares se llevan. Obviamente si los trabajadores se organizan y reclaman por sus derechos van a dejar de recibir las ganancias que le ponen valor a sus acciones en la bolsa. Al reclamar salarios dignos, saneamiento básico dentro del campo y de los campamentos, alimentación, inversión social, bienes y servicios, se exige que una migaja de esos dineros se queden dentro de la zona de influencia y algo se lleven los trabajadores, de la plata que esta empresa deposita en sus arcas.

Al recordar en parte lo que ha pasado en la industria petrolera en Colombia y observar lo que esta pasando en el departamento del Meta, nos lleva a darnos cuenta que no conocemos la historia, o que nos hacemos los de los oídos sordos. Permitimos que violen nuestros derechos como seres humanos y como colombianos. El petróleo que sacan de las entrañas de la tierra le pertenece al pueblo metense, y vemos como salen tractocamiones llenos del precioso líquido pero no decimos, ni hacemos nada para que esta multinacional invierta de su dinero en las veredas de la zona de influencia, en Puerto Gaitán y en general en el Meta. Recursos que se destinarían en educación, salud, vivienda, saneamiento básico y sobretodo en una vida digna a los menos favorecidos de nuestro departamento, que se podrían capacitar para que ojalá en un futuro no muy lejano el campo de Rubiales pase a manos del Estado y lo administremos los colombianos.

Publicado en Febrero 16 de 2015| Compartir
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