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Publicación auspiciada por Swissaid

Experiencias locales

Nuestra consulta popular en Piedras, Tolima

Julián Viña Vizcaino, integrante del comité ambiental del municipio de Piedras, Tolima, promotor de la consulta popular. , Colombia, Abril 04 de 2018, Este artículo ha sido consultado 957 veces

El municipio de Piedras con una extensión de 355 Km2 y con 5.200 habitantes, de los cuales el 73 % es población rural, se encuentra localizado en la zona centro oriente del departamento del Tolima, de origen netamente indígena proveniente de  las tribus indígena Itandaimas y Doimas de la tribu Panche que pertenecían al cacique de Doima. Fundado el 20 de enero de 1.552 por Andrés López de Galarza, fue elevado a categoría de municipio el 13 de octubre de  1887 según Decreto No. 650.  

 

 

Su superficie está asentada en dos regiones totalmente diferentes, una plana localizada cerca del río Magdalena al norte y occidente, otra zona montañosa situada al sur con alturas menores de los mil metros sobre el nivel del mar. Su economía es agrícola y pecuaria y en la región se extrae hidrocarburos desde hace más de treinta años. El corregimiento de Doima y seis de sus veredas, están sentados sobre el cuarto acuífero más importante de Colombia.

 

El territorio circundante a la explotación de hidrocarburos camina a pasos acelerados a convertirse en un desierto. Hace más de veinticinco años InterOil Gas quien realiza la explotación, lo único que ha generado para el territorio es el deterioro ambiental y social pues su población en vez de mejorar cada vez se sumerge en la pobreza.

 

El municipio en 2012, empezó a sentir con la llegada de la multinacional Anglogold Ashanti la mayor amenaza para su territorio; la multinacional pretendía instalar en la finca La Perdiz en el corregimiento de Doima una gran escombrera, en donde con la construcción de montañas artificiales producto del material explotado en la Colosa en el municipio de Cajamarca, transportado a Doima estos residuos bañados con cianuro, para luego separar metales de inertes y recoger los lodos contaminados en una geomembrana, depositarlos en un dique de cola de proporciones gigantescas. Esta circunstancia hizo que la población en su totalidad se uniera en torno a esta problemática y el 31 de enero de 2013 la comunidad se reunió en Doima iniciando un paro indefinido.

 

Esto fue el detonante que puso a hablar a la población y nos obligó a que indagáramos sobre las actividades que la empresa pretendía iniciar en el corregimiento. Acudimos a la administración municipal, a la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) y a la Gobernación, percibiendo inicialmente que no había un consenso por parte de estas entidades de cómo defender nuestro territorio. Esto nos obligó a utilizar las vías de hecho para visibilizar la problemática en que nos encontrábamos, fue así como el primero de febrero del 2013 la población digna de Doima bloquea el ingreso de la multinacional al corregimiento. Es así como más de 350 personas declaran el paro indefinido y el cierre de la vía a la multinacional definitivamente, sumándose el 98 % de los habitantes del municipio y cerrándole el acceso también en la cabecera municipal días después.

 

La respuesta de Anglogold llega en febrero 18 de 2013 mediante una acción de tutela contra el municipio en cabeza del alcalde Arquímedes Ávila Rondón. A través de esta acción, el apoderado solicitaba la protección inmediata a los derechos de libre locomoción y al trabajo que, según la empresa, estaban sido vulnerados directamente por personas indeterminadas e indirectamente por el alcalde de Piedras.

 

En febrero 20 del 2013, la comunidad se reúne y expresa: “No queremos que el Alcalde de Piedras se vea envuelto en algún problema, por eso la decisión de levantar el bloqueo; ahora lo que vamos hacer es buscar también los mecanismos legales para neutralizar la idea de que Anglogold Ashanti se establezca en Piedras” En este momento la totalidad de los hacendados toma la decisión de apoyar el paro y se asignan tareas, para determinar qué mecanismo jurídico sería el más conveniente y la estrategia a seguir para empoderar a la población.

 

El 22 de febrero del 2013 logramos a través de la ONG PAX (Colombia) que el hidrogeólogo y geoquímico estadounidense Robert E. Morán, reconocida autoridad mundial en minería, visitara a la población de Doima y nos advirtiera sobre los riesgos que representa para el Tolima el proyecto aurífero La Colosa, destacando entre otros grandes impactos, el riesgo de contaminación de las aguas de la región. “La roca no solo contiene oro y plata, sino sulfuros, y eso más tarde puede generar ácidos; eso es lo que ocasiona los altos costos ambientales. Esa roca mineralizada también contiene otros metales y químicos potencialmente tóxicos, los cuales se liberan al medio ambiente cuando se forman aguas ácidas. Estas pueden contener arsénico, antimonio, mercurio, cobre, plomo y selenio...”[1]

 

El 25 de febrero del 2013 es creado en Doima el comité ambiental como extensión del Comité Ambiental en Defensa de Vida, en donde fue fundamental el apoyo y acompañamiento de Renzo García y de más de setenta jóvenes de ese movimiento y de la Universidad del Tolima.

 

La respuesta del gobierno como siempre  fue increpar y agredir a la población con el Esmad; el 25 abril del 2013 a la madrugada, la manifestación y el plantón fueron disueltos por el terrorismo estatal. Lo que impulsó a salir con más fuerza a exigir nuestros derechos.

 

Mientras sucedía todo esto, se organizaban reuniones en donde planteábamos qué mecanismo jurídico deberíamos interponer, y en una reunión en el salón comunal de la vereda Paradero de Chipalo citada por el gobernador Luis Carlos Delgado Peñón en donde se había invitado a la multinacional, nunca asistió. De esta reunión se propuso que realizáramos un plebiscito con el fin de que fuera iniciativa del pueblo la decisión de defender el territorio y de esta manera empoderar al alcalde, el personero y el gobernador, para que tomaran la iniciativa, y así defenderlos, protegerlos y blindarlos jurídicamente.

 

En reunión privada en Ibagué nos reunimos tres agricultores, un concejal por parte del corregimiento de Doima, un diputado abogado con especialización en legislación minera y ambiental y una ex

funcionaria de Cortolima. En esta reunión se llegó a la conclusión de que el mecanismo jurídico más idóneo era la consulta popular.

 

Nos pusimos en la tarea de construir el documento, con el apoyo de amigos en Ibagué y Bogotá. Este documento se le entregó al alcalde del municipio, quien lo retuvo mes y medio y después de ese tiempo en reunión en el barrio la Pola de Ibagué, donde asistió el alcalde, el personero, dos abogados más que acompañaron al alcalde y Julián Viña se discutió ampliamente el documento decidiéndose su presentación al Concejo para sus respectivos debates y aprobación. Una vez en el Concejo y después de cumplir todos los procesos legales este fue aprobado por 8 concejales a favor y  solo uno en contra.

 

El 27 de junio del 2013 el Tribunal Administrativo del Tolima otorgó el aval para que en Piedras se efectuara la consulta popular. Y luego la Registraduría nos plantea el  día 28 de Julio para  llevar a cabo consulta popular.

 

La estrategia emprendida por nosotros, se centró en empoderar con conocimientos a los habitantes del municipio, y en no ceder a las presiones del gobierno ni de la multinacional. Realizamos conversatorios, mitin, y visitas puerta a puerta, como si se tratara de una campaña política. En esta labor fue fundamental el acompañamiento permanente que durante más de veinte días nos hicieron integrantes del comité ambiental de Ibagué, así como profesores y alumnos de la Universidad del Tolima y de organizaciones como Dejusticia[2] y otros amigos abogados que siempre estuvieron pendientes.

 

Tres días antes de la  consulta, la Procuraduría General de la Nación en cabeza de Alejandro Ordoñez emite el documento en el cual amenaza a los alcaldes del país, a los concejos, gobernadores y diputados para que se abstuvieran de realizar consultas populares en contra del modelo denominado locomotoras de desarrollo, so pena de iniciarles investigación con miras a destitución. Esto causó algo de temor en algunos de los concejales, pero el proceso estaba muy adelantado y ninguna amenaza del gobierno hubiera podido obstruir nuestra lucha.

 

El día de la votación el municipio amaneció con incertidumbre, a medida que trascurría el día y ver que la población en masa respondía, la alegría y el sabor de la victoria se contagió en todo el territorio. Después de las 5 de la tarde, cuando se supo el resultado, todos nos abrazábamos y felicitábamos, la alegría y fiesta inundó el pueblo y quedo cincelado en nuestros corazones de por vida el orgullo y la dignidad que se obtienen cuando un pueblo se une para defender la vida, el agua y el territorio en pro de las futuras generaciones.

 

La votación obtenida fue la siguiente: Por el NO 2.971 votos (98,8 % de la votación), por el SI 24 votos (0,8 % de la votación), votos nulos 2 (0,1 % de la votación), votos no marcados 10 (0,3 % de la votación).

 

Hoy tenemos la amenaza del fracking en nuestro municipio, ya que el bloque VMM 29 que cobija parte de nuestro territorio está concesionado por el gobierno para implementar esta práctica perversa. Sin embargo la dignidad del pueblo de Piedras sigue fortalecida y en su gran mayoría sigue estando dispuesta a enfrentar la corrupción, la destrucción y muerte que el gobierno Colombiano pretende imponer en los territorios.           

 

Artículo escrito por Julián Viña Vizcaino, integrante del comité ambiental del municipio de Piedras, Tolima, promotor de la consulta popular.

 


[1] Robert E. Morán. Doctor en Ciencias Geológicas. Hidrogeólogo y geoquímico estadounidense con 40 años de experiencia en el campo de la minería. Consultor de gobiernos, compañías, abogados, universidades y ONG, Morán es considerado una autoridad mundial en el campo de la minería.

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Publicado en Abril 04 de 2018| Compartir
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