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COLOMBIA

Puntos para la negociación de la Cumbre Agraria con el gobierno nacional, en el tema de semillas

/ Julio 15 de 2016 / Este artículo ha sido consultado 1092 veces

Las semillas son uno de los componentes sagrados de la cultura y la soberanía y autonomía alimentaria de los pueblos, es por ello que desde el origen de la agricultura las semillas han caminado libremente con los agricultores y agricultoras, sin normas que restrinjan su producción, conservación, uso, intercambio y comercialización.
Hoy en día las semillas están amenazadas porque unas pocas corporaciones están controlando la mayor parte del sistema de semillas en el mundo, a través de la aplicación de leyes de propiedad intelectual y normas que restringen el libre uso y circulación de las semillas, pretendiendo que todos los agricultores solo utilicen las semillas protegidas legalmente por las empresas que controlan el sistema agroalimentario y se criminaliza el uso de las semillas criollas.

En el país existen una gran cantidad de iniciativas locales, regionales y nacionales que buscan fortalecer la defensa de las semillas y consolidar espacios de articulación y visibilización más amplios en respuesta a la profundización de las amenazas que enfrentan las semillas y la soberanía alimentaria.

Antecedentes de Fallos de la Corte Constitucional frente a leyes de semillas.

El ICA con la expedición de esta nueva resolución ha desconocido flagrantemente la Sentencia C-1051 de diciembre de 2012, de la Corte Constitucional que derogó la ley 1518, mediante la cual se aprobó el Convenio Internacional UPOV 91, que otorga los derechos de obtentores vegetales sobre las semillas. Uno de los argumentos centrales de este fallo es que la Corte considera que las leyes de semillas basadas en UPOV 91, no fueron consultadas con los pueblos étnicos a quienes afecta directamente. La Corte consideró que existe una profunda vinculación entre las semillas, la identidad y cultura de los pueblos indígenas y tribales protegidos por el derecho a la Consulta previa a la suscripción de este tratado y deduce la directa afectación que podía producir UPOV 91sobre sus derechos. También consideró que el Convenio UPOV 91 regula directamente aspectos sustanciales que conciernen a estas comunidades, en calidad de obtentores de variedades vegetales cuya propiedad intelectual se protege, los cuales forman parte de conocimientos ancestrales de estos pueblos. Finalmente la Corte señaló que la imposición de restricciones propias de propiedad intelectual sobre nuevas variedades vegetales como la que consagra la UPOV 91, podría estar limitando el desarrollo natural de la biodiversidad producto de las condiciones étnicas, culturales y ecosistemas propios en donde habitan dichos pueblos.

Para la Corte, la aprobación de esta ley, tenía la exigencia de realización de la consulta previa, para impedir que la implementación de dicho convenio pudiese tener una repercusión negativa sobre los derechos e intereses de los grupos étnicos, específicamente, en lo relacionado con el conocimiento tradicional, la soberanía alimentaria, la autonomía y la cultura; también sobre la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, y que llegue a desconocerse la contribución histórica de las comunidades étnicas y campesinas a la diversidad biológica, su conservación y desarrollo y a la utilización sostenible de sus componentes, así como los beneficios que tal contribución ha generado.

La Corte señaló que las normas contenidas en el Convenio UPOV 91 regulan aspectos que pueden afectar directa y específicamente los intereses particulares de las comunidades étnicas, en cuanto establece un régimen jurídico de protección cuyos derechos, pautas, criterios, plazos y condiciones de reconocimiento, si bien tienen un alcance general, se proyectan de manera especial sobre los

territorios de tales comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en la realización de derechos relacionados con la especificidad de su cultura, subsistencia y formas de vida.

De ese modo, es entonces claro que los grupos étnicos requieren para sobrevivir y para desarrollar su cultura del territorio en el cual están asentados. Desde ese punto de vista, el aprovechamiento de los recursos naturales que se encuentran en tales territorios, mediante el desarrollo de actividades comunes como la caza, la pesca y la agricultura, “es un asunto trascendental para la definición de la identidad particular y diversa de dichos pueblos”[1], lo que conlleva, entonces, el derecho de las comunidades a participar e intervenir en las decisiones que guarden relación con tales actividades. Ello, teniendo en cuenta la existencia de un derecho de propiedad, explotación y libre disposición por parte de los grupos étnicos sobre los territorios tradicionalmente ocupados, como forma de garantizar la seguridad alimentaria, el desarrollo, la diversidad y la cultura de acuerdo a sus particulares formas de vida.

Resalta la Corte que como consecuencia de la actividad agrícola que llevan a cabo en sus territorios, los grupos étnicos son fuente de obtenciones vegetales. Las variedades que durante siglos han sido desarrolladas y mejoradas por tales grupos, y que constituyen base importante de su subsistencia, pueden no obtener la protección que el Convenio UPOV 91 reconoce, debido a que no están en capacidad de cumplir los requisitos técnicos impuestos por el régimen de UPOV (“novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad”). En ello incide, el hecho de que el proceso de mejoramiento genético que aplican las comunidades diferenciadas se desarrolla conforme a las prácticas y conocimientos tradicionales, esto es, a partir de enfoques y principios diferentes a los que son utilizados por los fitomejoradores modernos, quienes a su vez hacen uso de las nuevas tecnologías existentes que son precisamente las acogidas por el UPOV de 1991.

El Convenio UPOV 91, según la Corte, se basa e inspira en una forma de propiedad intelectual individual de los “creadores” de nuevas variedades vegetales, a fin de permitirles su explotación exclusiva por un tiempo determinado. Por el contrario, los grupos étnicos, conforme a sus costumbres y formas de vida, no se dedican a la explotación comercial de los conocimientos ancestrales, ni tampoco los referidos conocimientos que se encuentran contenidos o registrados en solicitudes de derechos de obtentor, dado que los mismos tienen un uso comunitario y, como tales se basan en el concepto de propiedad colectiva. Así, conforme a las reglas de UPOV 91, podría ocurrir que variedades vegetales producto de prácticas milenarias, por el hecho de no haber sido comercializadas por las comunidades o entregadas con fines de explotación, sean presentadas como creadas o puestas a punto por parte de fitomejoradores formales, quienes serían entonces los beneficiarios de los derechos de obtentor, desplazando a los pueblos autóctonos en el ejercicio de tales derechos, lo que sin duda implicaría una seria afectación a su identidad, autonomía y subsistencia. Advirtió la Corte que las normas sobre propiedad intelectual de protección de los derechos de obtentor, deben ser respetuosas de la cultura y tradiciones propias de las comunidades étnicas, “de modo que so pretexto de una necesaria protección en ámbitos de la economía de mercado, no se impongan a dichas comunidades restricciones desproporcionadas que atenten contra su propia supervivencia”.

Aunque la Corte Constitucional declaró inexequible UPOV 91, es fundamental tener en cuenta que muchos de los aspectos críticos antes señalados, están incorporados en otras normas de propiedad intelectual y de semillas que se aplican en el país, como es el caso de la versión de UPOV 1978 que rige actualmente en la legislación nacional a través de la Decisión 345 de 1994 de la CAN, que suscribe el Convenio UPOV 78, y que incluye algunos aspectos lesivos de UPOV 91; y también los contenidos en el artículo 306 del Código Penal la ley, sobre la usurpación de derechos de obtentores

de variedades vegetales; y también actualmente se cuenta con la nueva resolución 3168 del ICA sobre semillas, que remplaza la resolución 970. Es por ello que el conjunto de normas tanto de propiedad intelectual, como las que controlan la producción, uso y comercialización de semillas, constituyen instrumentos de despojo que amenazan todo el sistema de semillas, los derechos de las comunidades locales y la soberanía alimentaria del país.

Por otro lado, En el año 2013 la Red de semillas libres de Colombia interpuso una demanda de inconstitucionalidad del artículo 306 del Código penal y la Corte en julio de 2014 expidió su Fallo, en el cual declara exequible la parte de este artículo que penaliza el uso “ilegal” de semillas protegidas por las empresas; pero se pronuncia negativamente sobre la expresión” semillas similarmente confundibles con una protegida legalmente”. El aspecto más crítico de este artículo es que puede ser judicializado y criminalizado a los agricultores que posean semillas criollas que se parezcan a las semillas que son propiedad de las empresas.

La Corte, en su Fallo determinó que la expresión contenida en el artículo 306 ”similarmente confundibles con uno protegido legalmente”, vulnera el principio de taxatividad, al no resultar posible definir cuál es el grado de similitud que debe ser penalizado. En este sentido, consideró que la expresión, entendida como derechos similares o derivados del obtentor de variedad vegetal, es muy amplia, no está definida ni concebida con claridad y podría implicar la utilización de figuras prohibidas por la Carta Política en materia penal. Por estas razones la Corte determinó que se debía retirar del ordenamiento jurídico, la interpretación de la expresión “similarmente confundibles con uno protegido legalmente”, aplicable a los derechos de obtentor de variedad vegetal.

Principios

  • Las semillas son patrimonio colectivo de los pueblos.
  • Rechazo a todas las formas de propiedad intelectual y normas que controlen la producción, uso y libre circulación de las semillas en todo el territorio nacional.
  • Reconocimiento y valoración de los conocimientos y formas tradicionales y comunitarias de producción y manejo de semillas y de los sistema productivos y sustento locales que promueven la soberanía alimentaria
  • Confianza y reconocimiento de las autonomías productivas y alimentarias y otras formas de sustento, que han sido creadas, aprendidas y heredadas en los territorios.
  • La semilla no es una mercancía y se basa en el principio de solidaridad y libre circulación.
  • Las semillas no pueden ser libres en abstracto. Su libertad sólo es posible gracias a los pueblos y comunidades que las defienden y mantienen para cuidarlas y gozar de los bienes que nos brindan.

Puntos de posición política y reivindicaciones

1. Derogatoria de todas las leyes de propiedad intelectual sobre semillas y las normas que controlan y penalizan la producción, el uso y la comercialización de semillas (certificadas y criollas):

  • ley 243 de 1995: Convenio Internacional UPOV-1978

Resolución 3168 de 2015 (nueva resolución que deroga y reemplaza la res. 970)

2. Control sobre las semillas certificadas, patentadas y transgénicas. El gobierno debe ejercer estrictos controles (mediante normas) sobre las semillas de las empresas transnacionales en aspectos como:

  • Control al monopolio del mercado especulativo y a la disponibilidad de semillas a los agricultores.
  • Control sobre calidad y sanidad de las semillas de las empresas, para que no afecten los sistemas agrícolas nacionales, las semillas en general y especialmente la agricultura campesina.
  • Prohibir y retirar del mercado las semillas transgénicas de maíz, algodón y soya aprobadas por el ICA para su siembra, con el fin de proteger la agrobiodiversidad de la contaminación genética. Tambien se debe cerrar la importación de alimentos transgénicos en todo el territorio nacional, para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos.

Propuestas

Las políticas públicas gubernamentales sobre semillas y los programas de fomento agrícola, deben estar orientados a:

  • Crear una Política pública agroecológica orientada a los pequeños agricultores campesinos, indígenas y afro, que promueva y apoye la producción, el uso y la comercialización de semillas criollas producidas y controladas por los agricultores sin restricciones.
  • Promover y apoyar la producción agroecológica y la investigación participativa de los campesinos para el desarrollo de semillas de buena calidad, acordes con las condiciones ambientales y sus necesidades socioeconómicas.
  • Impulso de programas para mejorar la calidad de las semillas criollas, controlados por los agricultores y comunidades locales, no dependientes de la certificación. No aceptación de los programas de semillas certificadas.

 

Queremos semillas libres, que sean fuente de vida, de biodiversidad, de soberanía y autonomía alimentaria de los pueblos.

Por una Colombia Libre de Transgénicos

Descargue pliego de exigencias Minga CACEP

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Publicado en Julio 15 de 2016| Compartir
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