Grafica a lusiva a  Pronunciamiento público en torno al nuevo proyecto de Ley de Tierras presentado por el Gobierno Nacional
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COLOMBIA

Pronunciamiento público en torno al nuevo proyecto de Ley de Tierras presentado por el Gobierno Nacional

/ Noviembre 17 de 2017 / Este artículo ha sido consultado 976 veces

Los abajo firmantes, ciudadanos y ciudadanas, organizaciones sociales, agrarias, de mujeres, étnicas, congresistas y personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos y de los pueblos, mediante este pronunciamiento público:

Noviembre 16 de 2017

 

  1. Rechazamos en su integridad el borrador del proyecto de ley “Por la cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones”, pues todos sus contenidos son un claro retroceso en materia de derechos campesinos, de los pueblos y comunidades indígenas, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, de comunidades y trabajadores agrarios, establecidos en la Constitución Política y la normativa agraria nacional.

 

  1. Nos oponemos a cualquier medida regresiva en relación con los derechos de las comunidades rurales a la tierra y el territorio. Los históricos problemas del campo colombiano exigen soluciones estructurales. En esa medida los contenidos del Acuerdo de Paz de La Habana son una oportunidad para avanzar en ello, que se complementa con otras exigencias y agendas de las comunidades, que han exigido entre otras cosas, que no se imponga el modelo extractivo (minería, petróleo, agroindustria y represas, etc.) sobre la economías propias y comunitarias, y sobre la pervivencia física y cultural de los pueblos étnicos, como lo ha pretendido el gobierno nacional en el proceso de implementación normativa del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final de Paz).

 

  1. Exigimos el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz de buena fe y bajo los principios de autenticidad y bilateralidad, así como bajo una mirada integral de los acuerdos, democratizadora , desde lo territorial, sin imposición de las miradas del centro del país hacia lo local y regional. Además reclamamos una implementación que no se agota en la producción normativa, ya que la concreción de la paz es mucho más que nuevas normas y exige de parte del gobierno en todos sus niveles la voluntad política y presupuestal para su materialización.

 

  1. Demandamos el cumplimiento de todos los acuerdos pactados con la Cumbre Agraria, Étnica, Campesina y Popular, con los pueblos y comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras, pescadores y rrom, así como del Capítulo Étnico del Acuerdo Final el cual debe orientar la interpretación e implementación de todos los puntos del Acuerdo Final.

 

  1. Reafirmamos la importancia de preservar la función social, cultural y ecológica de la propiedad rural en Colombia conservando la vocación ambiental y agropecuaria del suelo, atacar la alta concentración de la propiedad y brindar las garantías del derecho fundamental y humano a la alimentación y la soberanía y la autonomía alimentaria de los pueblos, así como la protección de las economías propias.

 

  1. Insistimos en el reconocimiento del campesinado como sujeto social, político y de derechos, así como de las distintas formas de territorialidades campesinas.

 

  1. Demandamos el cumplimiento del Gobierno Nacional de los Acuerdos Comunitarios de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito, con medidas integrales para las comunidades rurales afectadas, el cese inmediato de acciones violentas por medio de la fuerza pública y el respeto al legítimo ejercicio del derecho a la protesta, así como la implementación del tratamiento penal diferencial para pequeños agricultores bajo un enfoque diferencial, territorial, étnico y de género.

 

  1. Reiteramos que la propiedad y posesión territorial en los pueblos étnicos tienen carácter espiritual, ancestral, colectivo e integral, y es un derecho fundamental de carácter inalienable, imprescriptible e inembargable. Exigimos la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos de manera ancestral o tradicionalmente por los pueblos étnicos, el reconocimiento de las autoridades tradicionales como autoridades ambientales en sus territorios, la prohibición de regresividad de los derechos y la obligación del Estado de garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada.

 

  1. Consideramos imperativo garantizar el reconocimiento de las organizaciones sociales e instituciones locales, así como su armonización con las actuaciones de la institucionalidad agraria y de todos los involucrados en la implementación de la Reforma Rural Integral y la Solución al Problema de los cultivos de uso ilícito que están profundamente relacionados, y especialmente participación efectiva en la toma de decisiones en la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia de Desarrollo Rural, la Unidad de Planificación Rural y la Dirección de Sustitución de Cultivos.

 

  1. Insistimos en la garantía y protección del derecho a la participación directa, decisoria y vinculante de las organizaciones sociales y la totalidad de la ciudadanía colombiana bajo un enfoque diferencial y de género, para lo cual es necesario que el Gobierno Nacional garantice transparencia en sus procedimientos y pleno acceso a la información pública. Igualmente, debe respetarse la totalidad de mecanismos participativos constitucionales y legales, sin coartar el legítimo derecho de las comunidades a decidir el presente y el futuro de sus vidas y territorios.

 

  1. Continuaremos exigiendo el derecho del acceso a tierras para campesinas y campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, pueblos y comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, víctimas del conflicto armado y la disminución de los tiempos de respuesta y de duración de los procedimientos.

 

  1. Exigimos llevar la discusión de la política pública agraria a los diálogos de Quito y los diferentes escenarios para la negociación, discusión y concertación con las organizaciones de campesinos, indígenas, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros.

 

No aceptamos ninguna modificación regresiva de la Ley 160 de 1994, ni modificaciones a las normas agrarias sin previa participación efectiva, sin plena garantía del derecho fundamental a la consulta previa con las instancias representativas de los pueblos étnicos y concertación con los pueblos indígenas, afrocolombianos, rrom y las organizaciones campesinas.

 

Suscriben:

 

Asociación Minga

Asociación Nacional De Zonas De Reserva Campesina - ANZORC

ANDAS

ANUC Unidad y Reconstrucción – ANUC-UR

Asociación de Trabajo Interdisciplinario - ATI

Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna

Centro de Estudios para la Paz – CESPAZ

Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia - COMOSOC

Colectivo Agrario Abya Yala

Comisión Colombiana De Juristas

Comisión de Interlución del Sur de Bolívar, Centro y sur del Cesar

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento - CODHES

Congreso de los Pueblos

Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano - CONPA

Coordinación Étnica Nacional de Paz - CENPAZ

Coordinador Nacional Agrario - CNA

Corporación Ensayos para la Promoción de la Cultura Política

Corporación Humanas

Corporación Jurídica Yira Castro

Corporación para la Valoración Integral del Desarrollo Auto sostenible - CORPOVIDA

Corporación Sisma Mujer

Cumbre Agraria, Étnica, Campesina y Popular

Departamento de Mujeres de la Coordinación Nacional de Desplazados - C.N.D.

Fensuagro

FIAN Colombia

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos

Grupo de Trabajo Género en la Paz - GPAZ

Grupo Semillas Humanidad Vigente INDEPAZ

Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas - MIPMRC

Mesa Nacional de Unidad Agraria - MUA

Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana - OPIAC

Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC

Plataforma de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas - PIPMRC

Plataforma de Mujeres Rurales Colombianas

 

Coadyuvan

Iván Cepeda Castro - Senador de la República

Alberto Castilla Salazar - Senador de la República

Jorge Eliecer Prieto Riveros - Senador de la República Ángela María Robledo - Representante a la Cámara

Alirio Uribe Muñoz - Representante a la Cámara

Víctor Javier Correa - Representante a la Cámara

Jairo Rivera - Voces De Paz

Judith Maldonado – Voces de Paz

 

 

Publicado en Noviembre 17 de 2017| Compartir
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