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La norma sobre semillas criollas que pretende expedir el Ministerio de Agricultura, en el marco de los Acuerdos de Paz

Red de Semillas Libres de Colombia / Enero 31 de 2018 / Este artículo ha sido consultado 896 veces

Más que una norma para proteger y promover las semillas criollas y nativas, busca controlar la conservación, producción, uso y comercialización de semillas que están en manos de los agricultores.

Para los pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos de Colombia las semillas nativas y criollas son patrimonio colectivo, y son consideradas como bienes fundamentales para la vida, la cultura, la salud, los sistemas tradicionales de agricultura, para garantizar su soberanía y autonomía alimentaria y han sido un seguro para enfrentar las crisis climáticas. En las comunidades locales las semillas siempre han circulado libremente sin restricciones y sin control para su producción, usos y circulación.

 

En diferentes regiones del país las comunidades étnicas y campesinas están adelantando diversas estrategias y acciones de manejo y cuidado de sus territorios y de sus sistemas productivos comunitarios y familiares, que buscan construir soberanía y autonomía alimentaria, muchas de ellas basadas en la producción agroecológica, la diversidad de semillas y animales criollos, la implementación de casas comunitarias de semillas, espacios de encuentro y de formación, los intercambios, trueques, mercados locales y comercialización de semillas y el desarrollo de los Sistemas Participativos de Garantías (SPG), controlados por las organizaciones locales.

 

Una de las expectativas que han tenido las comunidades frente al tema de semillas, es que el Estado colombiano proteja los derechos que tienen los pueblos y comunidades sobre sus  semillas y que reconozca y apoye el importante aporte que han realizado en la conservación, mejoramiento, selección, producción y la libre difusión de sus semillas en los ámbitos locales, regionales y nacional. Las organizaciones sociales y locales en todo el país vienen reclamando al gobierno nacional que implemente políticas que permitan proteger sus semillas frente a las leyes de propiedad intelectual, y las normas que restringen la producción uso y comercialización de semillas por las comunidades locales. Es así como las organizaciones de la Cumbre Agraria incluyeron estas reivindicaciones en su agenda política con el gobierno. También en los acuerdos de paz con las FARC se incluyeron determinaciones sobre el tema de semillas y cultivos transgénicos en el Acuerdo (Punto 1.3.3.2.).

 

En el marco de la Reforma Rural Integral del Acuerdo de paz, el gobierno nacional se comprometió a realizar la promoción y protección de las semillas nativas y los bancos de semillas, para que las comunidades puedan acceder al material de siembra óptimo y de manera participativa, contribuyan a su mejoramiento, incorporando sus conocimientos propios con el fin de fortalecer las capacidades productivas de la economía campesina, familiar y comunitaria y estimular procesos de innovación tecnológica. También el gobierno se comprometió a implementar una estricta regulación socio-ambiental y sanitaria de los transgénicos en el país propiciando el bien común, para salvaguardar el patrimonio genético y la biodiversidad como recursos soberanos de la nación.

 

A pesar de los esfuerzos del gobierno de avanzar en los marcos normativos para la implementación de los acuerdos de paz, existen preocupaciones desde las organizaciones sociales y rurales sobre varias de las políticas y normas que pretenden aprobarse en el país. Una de estas es el proyecto de decreto de semillas criollas.

 

 

Aspectos críticos del proyecto de decreto sobre semillas criollas:

  • En los acuerdos de paz el gobierno se comprometió a implementar la promoción y protección de las semillas nativas y los bancos de semillas; pero en este proyecto de decreto no incluye mecanismos jurídicos para proteger las semillas de las comunidades étnicas y campesinas y tampoco mecanismos concretos de apoyo a acciones locales para conservar, producir, mejorar y comercializar semillas criollas.

 

  • Este proyecto de decreto ha cambiado significativamente en sus varias versiones. Inicialmente el objeto de esta norma pretendía regular todas las acciones relacionadas con las semillas criollas del agricultor, desde la conservación, producción, intercambio, hasta la comercialización, basados en los conceptos de productividad, competitividad y sostenibilidad; pero la ultima versión solo dicta disposiciones para apoyar la creación y organización de bancos comunitarios de semillas y regular la administración de los bancos de germoplasma para la alimentación y la agricultura.

 

  • La norma se aplica a todas las semillas; tanto a las semillas del agricultor y a las colecciones biológicas de los Bancos de Germoplasma para la Alimentación y la Agricultura.

 

  • Se define que la titularidad de los bancos de germoplasma para la Agricultura y la Alimentación, están en cabeza de la Nación, en cabeza del MADR, y la administración de todos los recursos fitogenéticos estará a cargo de CORPOICA, entidad que registrará todas las colecciones biológicas.

 

  • Las semillas criollas y nativas son patrimonio colectivo de los pueblos étnicos, y son de carácter inalienable, imprescriptible e inembargable, deberían estar por fuera del ámbito de control público o privado. Por lo tanto el Estado debería permitir que las comunidades determinen los procedimientos para su conservación, investigación, difusión y comercialización, tal como lo define el articulo 9 del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos (TIRFAA), que reconoce los Derechos del Agricultor.

 

  • EL MADR en representación de la Nación colombiana no puede abrogarse la titularidad de los recursos fitogenéticos, ya que también las 103 Naciones indígenas y comunidades afrocolombianas que cohabitan en el país, son garantes del cuidado de las semillas nativas que son patrimonios colectivos.

 

  • Se excluye todo el tema sobre comercialización de semillas y los Sistemas Participativos de Control de Calidad (SPCC), puesto que el MADR pretende regularlo a través de otras normas y es muy clara en determinar que el intercambio y comercialización solo puede hacerse mediante las disposiciones de la resolución 3168 de 2015, que prohíbe la comercialización de semillas que no estén certificadas. Esta norma ahora solo pretende regular la curaduría de los bancos comunitarios de semillas, para la producción, conservación y almacenamiento e intercambio local de semillas.

 

  • El Ministerio de Agricultura en coordinación con las comunidades locales definirá la política de semillas del agricultor, que incluye procesos de selección y caracterización, curaduría e investigación para el manejo de las semillas del agricultor y acceso a semillas de buena calidad.

 

  • Se determina que los todos los bancos comunitarios de semillas deben tener un comité, que define los procedimientos de recuperación, conservación, producción, almacenamiento, intercambio y comercialización de semillas, la designación de los custodios y velar por la calidad de sus semillas. También determina que cuando las comunidades lo requieran depositarán sus colecciones en los bancos de germoplasma de Corpoica.

 

  • Aunque en esta versión no señala claramente el registro de los bancos comunitarios, en las funciones de los bancos comunitarios está el de realizar en coordinación con Corpoica la curaduria, caracterización, clasificación e investigación participativa de las semillas del agricultor.

 

  • Muchas comunidades locales han replanteado el concepto de bancos de semillas y reconocen sus colecciones de semillas criollas como casas de semillas, dándole una connotación más cultural, acorde con los sistemas de producción tradicionales; y también las comunidades se reconocen como “custodios o guardianes de semillas”, que va mucho mas allá del reducido concepto de “semillas del agricultor”. Si en realidad el gobierno quiere proteger y apoyar los bancos comunitarios de semillas, ¿por qué no se opta por programas que incentiven a los custodios y guardianes a conformar sus redes y casas de semillas, manejadas autónomamente por las comunidades?

 

  • El MADR promoverá la conformación de redes de custodios de semillas a nivel local, regional y nacional y vínculos con redes internacionales; pero no se señala el papel de las entidades del Estado en el control de la producción y comercialización de las redes de semillas en estos diferentes ámbitos, teniendo en cuenta que otras normas de comercio regulan y restringen la libre circulación de semillas.

 

  • Las comunidades étnicas y campesinas desde épocas ancestrales vienen realizando autónomamente mejoramiento genético participativo de sus semillas nativas y criollas; basado en la ampliación de la base genética dentro de una especie y la adaptabilidad a las condiciones ambientales y de los agroecosistemas, a las necesidades productivas, a los atributos culturales, alimentarios y nutricionales, buscando obtener semillas de calidad y sanidad y también que sean semillas no transgénicas. Mientras que para las instituciones y las empresas semilleras, la calidad y la sanidad se refiere a atributos basados principalmente en productividad, uniformidad, estética y competitividad, definidos por requerimientos del mercado global. Esta norma define que Corpoica debe entregar a las comunidades locales semillas limpias, de buena calidad y sanidad.

 

  • Finalmente, el gobierno nacional no compromete recursos financieros para la implementación de esta norma, y solo menciona que los entes territoriales buscarán la estructuración financiera que requieren los bancos comunitarios; es decir, esta es una norma que no compromete al gobierno a una asignación presupuestal concreta y adicional para su implementación.

 

Conclusión 

El gobierno nacional para cumplir los mandatos de los acuerdos de paz en el tema de semillas y de cara a garantizar una real protección de semillas criollas y nativas de las comunidades étnicas y campesinas, debería declararlas como “patrimonio colectivo de los pueblos” y se debe proteger los derechos de las comunidades sobre sus semillas, frente a las leyes de propiedad intelectual que permiten la privatización y control corporativo monopólico de las semillas sobre su producción y libre circulación. El Estado colombiano está en la obligación de realizar consulta previa e informada a los pueblos y comunidades étnicas, sobre proyectos legislativos y programas de desarrollo relacionados con los recursos genéticos y culturales de estas comunidades. 

 

Si el gobierno quiere apoyar a las comunidades étnicas y campesinas en una verdadera reforma rural integral, no se requiere hacer una norma para regular y controlar las semillas criollas, pero lo que si es necesario, es apoyar a los agricultores y comunidades con recursos y con asesoría técnica, cuando ellas así lo consideren, para que ellas autónomamente produzcan, mejoren, circulen y comercialicen libremente semillas criollas y nativas. Para ello, se debería implementar programas para el fomento de la agricultura ecológica, la producción de semillas criollas, para la creación de redes de custodios y casas comunitarias de semillas, el apoyo a actividades de mejoramiento participativo y el fomento de sistemas participativos de garantía controlados por las comunidades y el fortalecimiento de la agricultura familiar y comunitaria. 

 

También el gobierno nacional debe adoptar medidas y procedimientos técnicos para controlar los impactos ambientales, socioeconómicos y en la salud, generados por los cultivos y alimentos transgénicos y especialmente sobre la biodiversidad, las semillas criollas y los sistemas productivos de las comunidades étnicas y campesinas. No obstante, dicho control no debe hacerse mediante el Decreto 4525 de 2005 sobre bioseguridad, ya que esta norma no ha demostrado resultados en cuanto a la protección de la biodiversidad, los sistemas productivos y la soberanía alimentaria en el país. 

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Publicado en Enero 31 de 2018| Compartir
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