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Plaguicidas obsoletos y contaminantes orgánicos persistentes COPs
La existencia de miles de formulaciones químicas con efectos impredecibles para el ambiente y el hombre, hizo que Naciones Unidas a través de sus programas a nivel mundial iniciara acciones concertadas para establecer mecanismos normativos internacionales y cronogramas para regular el comercio, movilización y eliminación de una serie de sustancias químicas peligrosas y sus desechos tóxicos. Según cálculos de la FAO, más de 500 mil toneladas de plaguicidas obsoletos, prohibidos o caducados se acumulan en casi todos los países del sur, suponiendo una grave amenaza para la salud de millones de personas y para el medio ambiente.
El Convenio de Basilea, una de las primeras convenciones internacionales, busca reducir al mínimo los movimientos transfronterizos de las sustancias tóxicas. El Protocolo de Montreal ha establecido calendarios para eliminar las sustancias químicas que destruyen la capa de ozono, como los clorofluorocarbonos (CFC) y el bromuro de metilo. El Código de Conducta de la FAO sobre Distribución y Uso de Plaguicidas (Código FAO) fija normas para gobiernos, industrias, comerciantes usuarios de plaguicidas, promueve prácticas que minimicen riesgos y fomenta la gestión integrada de las plagas y los sistemas naturales de control de las mismas.
El Convenio de Rotterdam fija normas para regular el comercio de las sustancias peligrosas de origen agrícola e industrial, conocidas como el Principio de Información y Consentimiento Previo PIC.
En mayo de 2001 fue aprobada por 127 Estados la Convención de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) (POPs: Persistent Organic Pollutants), constituyéndose en la base legal internacional para su eliminación. Entrará en vigor cuando haya sido ratificada por cincuenta estados y en octubre de 2003 la habían ratificado cuarenta. En la conmemoración del día mundial del no uso de plaguicidas se reitera el llamado urgente al gobierno colombiano para que ratifique dicha Convención.
A la fecha están identificados como COPs los plaguicidas DDT, aldrin, dieldrin, endrin, clordano, heptacloro, mirex, metoxicloro, toxafeno, DBCP y se estudia la inclusión del endosulfan y otros. Dos productos industriales, los bifenilos policlorados (PCBs) y el hexaclorobenceno(BHC) y un grupo de contaminantes no fabricados por el hombre, dioxinas y furanos, que aparecen como contaminantes en muchos procesos industriales en los que interviene el cloro, o son generados en procesos de combustión de compuestos orgánicos (que tienen carbono en su molécula) en presencia de cloro.
Los COPs son sustancias tóxicas persistentes que se bioacumulan en las cadenas alimentarias por lo que pueden moverse a grandes distancias. Al contaminar los alimentos, se concentran especialmente en la leche y la carne por el proceso de la biomagnificación biológica. Al ser ingeridos por el ser humano pasan al torrente sanguíneo y se concentran en tejidos grasos. Tienen un efecto transgeneracional, porque se transfieren al feto a través de la placenta o son excretados en la leche materna para seguir pasando a los bebés, o sea que violan el derecho de las mujeres a proteger su salud reproductiva y a criar sanamente a sus hijos, y violan desde el nacimiento el derecho de los seres humanos al ambiente y al alimento sano.
Los COPs pueden causar efectos crónicos como cáncer y malformaciones en animales y seres humanos. La mayoría de ellos pueden afectar el sistema endocrino (hormonal). Estos efectos pueden suceder a muy bajos niveles de exposición, del orden de partes por billón o partes por trillón.
Desde 1962 Rachel Carson alertó sobre el peligro de estos tóxicos en su famoso libro Primavera silenciosa, y las primeras acciones internacionales se desarrollaron en el marco de la campaña La Docena sucia o Dirty dozen, iniciada por PAN y RAP-AL el 5 de junio de 1985, Día Mundial del Medio Ambiente. Más de treinta años después, otro dramático libro que ratificó de manera clara e impresionante las denuncias de Rachel Carson fue Nuestro futuro robado, publicado en 1996 por Theo Colborn, John Peterson y Dianne Dumanosky. Los problemas causados por los COPs han motivando su prohibición en muchos países pero es urgente eliminar también sus desechos y residuos tóxicos.
Los cálculos de envenenamientos y muertes realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Naciones Unidas durante tres décadas, reflejan de manera dramática la tragedia creciente que para millones de personas, particularmente de los países del sur, ha significado el modelo de producción agrícola conocido como la revolución verde. Esta crisis se profundiza bajo la denominada nueva revolución verde, basada en semillas transgénicas resistentes a plaguicidas, como las variedades Roundup Ready (RR) de Monsanto resistentes a glifosato1; o productoras de toxinas como las variedades Bt (producen la toxina del Bacillus thuringiensis), las cuales representan riesgos ambientales y de salud e incrementan el uso de plaguicidas. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos declaró a las variedades Bt como plaguicidas, por tanto requieren la misma rigurosidad en la evaluación de toxicidad e impactos ambientales.
En 1972 la OMS calculó que cada año ocurrían medio millón de envenenamientos en el mundo causados por plaguicidas, con más de 5.000 muertos (aproximadamente 1% de mortalidad), sugiriéndose que los países en desarrollo sufrían la mitad de estos envenenamientos y tres cuartas partes de las muertes. En la siguiente década, la OMS estimaba en más de tres millones las intoxicaciones con una mortalidad probable del 1%, mientras Naciones Unidas consideraba que la tasa de intoxicaciones en los países del sur podía ser unas 13 veces mayor que en los países industrializados, por lo cual declaró a los plaguicidas como uno de los mayores problemas en el ámbito mundial. Para 1991 se calculaba que 25 millones de trabajadores agrícolas sufrirían un episodio de intoxicación por plaguicidas y que éstos serían responsables de 437.000 casos de cáncer y de 400.000 muertes involuntarias. Adicionalmente, ya las últimas estimaciones señalan que el 99% de los envenenamientos y muertes ocurre en las naciones en desarrollo.
Es muy difícil calcular las intoxicaciones en Colombia y América Latina porque la mayoría de casos no se registran2. Por ejemplo en Centroamérica, donde durante 1999-2001 se registraron 400.000 intoxicados por año, se calculó el subregistro en cerca del 98%3. Pero mientras los miles de intoxicados o muertos en el campo pueden pasar desapercibidos, los grandes accidentes durante el transporte o en fábricas y tragedias humanas por intoxicaciones masivas, son prueba de que esos venenos potentes están ahí, con licencia de los gobiernos y amenazan permanentemente a los habitantes rurales y urbanos. A manera de ejemplo pueden mencionarse, además de la tragedia de Bhopal, los siguientes:
· Más de 35 años atrás, el 25 de noviembre de 1967, se intoxicaron y murieron decenas de niños en Chiquinquirá, Colombia, cuando desayunaron con pan elaborado con harina de trigo contaminada con Folidol (paration).
· Las muertes causadas por el herbicida paraquat de Syngenta (Gramoxone, Gramuron, Agroquat, Gramafin, Actinic, Calliquat) en el mundo se calculan por miles.
· En Costa Rica desde 1980 y durante dos décadas ha sido reportado como el primer causante de envenenamientos y responsable de una tercera parte de las muertes de centenares de trabajadores agrícolas4.
Los culpables por los millones de intoxicados y los miles de muertos deben ser señalados y la deuda acumulada por tan grandes sufrimientos debe ser pagada.
En Colombia tienen licencia de venta 1.370 plaguicidas comerciales formulados con base en 400 ingredientes activos. De éstos, 28 ingredientes activos (123 formulaciones comerciales) pertenecen a las categorías Ia y Ib de la OMS y se encuentran entre los agrotóxicos más usados en Colombia y América Latina. Se hace un llamado hacia la prohibición y el no uso de estos plaguicidas.
Durante veinte años, desde mediados de la década de 1970 a mediados de la década de 1990, el mercado mundial de los agroquímicos se cuadruplicó, llegando casi a los 32 billones de dólares. Desde ese momento las ventas han disminuido en 12%, reportándose en el año 2002 ventas globales por 27,7 billones de dólares. En los años recientes ha habido la tendencia de varias empresas a reportar conjuntamente ventas de agroquímicos y semillas y no es fácil desglosar por grupos. En el año 2002 se estimó una disminución en el mercado global de agroquímicos y semillas de 4% respecto al año anterior. Los analistas supusieron que las ventas disminuirían también en 2003.
Por región, en 2002 las ventas de agroquímicos en el oeste de Europa mostraron un incremento de 7,2% pero los mercados norteamericanos y el de la región Asia-Pacífico se redujeron en 1,7% y 1,8% respectivamente. Las ventas en América Latina experimentaron el más grande bajón de 3,8%. Las ventas de fungicidas se incrementaron en 2,7% mientras las de herbicidas e insecticidas se mantuvieron estables. Las ventas de herbicidas a nivel mundial constituyeron el mayor volumen con 46,6% del total del mercado, en lo cual han incidido las variedades transgénicas Roundup Ready de Monsanto.
En Colombia hay desarrollo de la industria agroquímica que los gobiernos se han encargado de fortalecer, con políticas que favorecen su mercado, contradiciendo su compromiso de promover los mercados verdes y la producción limpia sostenible, consignado actualmente en la Ley 812 de junio de 2003 del Congreso de Colombia que aprobó el Plan de Desarrollo 2003-2006. El estímulo a la fumigación aérea con ultralivianos contenido en el artículo 37 de dicha ley, las licencias para el establecimiento de nuevas plantas formuladoras de genéricos obsoletos, las aplicaciones aéreas de herbicidas de amplio espectro en zonas de cultivos de uso ilícito y el número creciente de licencias de venta que en el año 2003 ascendieron a 1.370 plaguicidas químicos comerciales, son algunos ejemplos.
Estas políticas son contradictorias porque la agricultura basada en monocultivos, uso de agrotóxicos y variedades uniformes y/o manipuladas genéticamente, no es sostenible en términos ambientales, económicos, ni sociales. El principio de precaución o de prevención consignado en normas nacionales e internacionales no está siendo considerado. La orientación de nuestra agricultura está obedeciendo más a los patrones e intereses de capitales del norte, con un alto costo energético e impactos negativos, en detrimento de la soberanía alimentaria, el equilibrio ambiental, la justicia social y la calidad de vida de los nacionales.
La industria de plaguicidas se inició en Colombia cuarenta años atrás, hacia 1962 con el proceso de formulación, el cual consiste en mezclar uno o más ingredientes activos importados, con solventes y coadyuvantes, y envasarlos o empacarlos para la venta al público. En 1964 se inició la síntesis de algunos ingredientes activos como los funguicidas mancozeb y cimoxanil, los herbicidas diuron y propanil y el desinfectante de suelos metam sodio.
Las formulaciones de plaguicidas registradas en el Instituto Colombiano Agropecuario ICA casi se han duplicado en los últimos treinta años, pasando de 770 productos en 1974 formulados con base en 186 ingredientes activos, a 1.370 en agosto de 2003, formulados con base en 400 ingredientes activos. Se sabe que al menos una quinta parte de estos ingredientes activos (77) se encuentran prohibidos o restringidos en otras partes del mundo por razones de salud y/o ambientales5. Estos ingredientes activos están incluidos en 564 formulaciones comerciales (41% de los productos disponibles en el mercado).
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Producto |
Año 1974 |
Año 2003 |
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Productos comerciales |
770 |
1.370 |
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Químicos |
767 (99.6%) |
1.300 (95%) |
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Biológicos y naturales |
3 (0.4%) |
70 (5%) |
|
Ingredientes activos |
186 |
400 |
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Químicos |
184 (99%) |
373 (94%) |
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Biológicos |
2 (1%) |
27 (6%) |
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Clases de ingredientes activos |
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Insecticidas[i] |
73 (39%) |
133 (33%) |
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Herbicidas[ii] |
57 (31%) |
125 (31%) |
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Fungicidas[iii] |
40 (21%) |
106 (27%) |
|
Coadyuvantes |
11 (6%) |
32 (8%) |
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Rodenticidas |
5 (3%) |
4 (1%) |
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Clasificación por toxicidad aguda de los ingredientes activos[iv] |
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Extremadamente tóxicos (I) |
41 (22%) |
36 (9%) |
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Altamente tóxicos (II) |
50 (13%) |
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Moderadamente tóxicos (III) |
53 (28%) |
210 (53%) |
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Ligeramente tóxicos (IV) |
92 (50%) |
90 (22%) |
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Sin categoría toxicológica |
14 (3%) |
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Aunque durante las tres últimas décadas se han prohibido en Colombia más de veinte ingredientes activos y algunos han sido retirados voluntariamente por los fabricantes, aún permanecen en el mercado unos 160 de esos viejos venenos, a los que se han sumado alrededor de 215 químicos y sólo 25 biológicos y naturales (los cuales representan 6% de los ingredientes activos).Analizando en la tabla los ingredientes activos en términos de su toxicidad aguda6, clasificados de acuerdo con la dosis letal media oral a ratas (DL50)7, se observa que los incrementos se han dado con productos de las categorías más tóxicas.En 15 años, entre 1980 y 1995 la producción de plaguicidas en Colombia se incrementó en 142%, pasando de 24.202 toneladas en 1980 a 34.352 toneladas en 1995. Durante el mismo período las ventas internas se incrementaron en 58%, pasando de 12.572 toneladas en 1980 a 19.806 toneladas en 1995.
En cuanto a las clases de ingredientes activos, en tres décadas la cantidad de insecticidas y herbicidas se duplicó, los fungicidas y coadyuvantes se triplicaron, mientras las empresas que registran venenos crecieron en mayor proporción.
De acuerdo con la Resolución 011 de 2001 de la Defensoría del Pueblo, sobre uso, almacenamiento y disposición inadecuado de plaguicidas, en el año 1996 los cultivos con mayor demanda de plaguicidas fueron arroz (21%), papa (19%), pastos (14%), banano (7%), caña de azúcar (6) café (5%), hortalizas (5%), algodón (4%), flores (4%), maíz (4%), tomate (3%) y frutales (3%). La producción y venta indiscriminada de agrotóxicos, sumada a la incapacidad técnica y operativa de las autoridades que ejercen control sobre su importación, manejo y uso, así como el bajo compromiso de los fabricantes, comercializadores y usuarios de las mismas, contribuye a que en Colombia no se dé una adecuada disposición final de los residuos.
Las mujeres del campo en edad reproductiva pueden ser el grupo poblacional más expuesto a los riesgos de los plaguicidas, de acuerdo con los resultados de un estudio de caso realizado por Rapalmira y Ecofondo en la zona rural del municipio de Palmira, en Colombia; donde una mayor proporción de mujeres que de hombres presentó niveles de actividad de la enzima colinesterasa por debajo de lo normal (toxicidad aguda) y mayores problemas renales y hepáticos (toxicidad crónica).
Además de amenazar la salud de las trabajadoras y agricultoras, los plaguicidas pueden causar abortos o afectar a sus hijos, por producir efectos tóxicos al embrión o feto en gestación, o pueden causar efectos teratogénicos (malformaciones congénitas o defectos de nacimiento) u otros efectos tóxicos al nacer. Es trágico que siendo la mujer generadora de vida al engendrar los hijos, se convierta a su pesar en la primera transmisora de residuos tóxicos al bebé, quien es el verdadero último eslabón de todas las cadenas alimenticias. Los bebés están más expuestos que los adultos a residuos de plaguicidas, con el agravante que por ser organismos inmaduros son más susceptibles a la acción de los tóxicos.
Es necesario que los gobiernos locales y nacionales, los organismos internacionales y las organizaciones no gubernamentales, junto con las comunidades, busquen soluciones inmediatas a una problemática que puede estar generando problemas irreversibles de largo plazo, los cuales pueden manifestarse con mayor frecuencia en las generaciones futuras. Es indispensable empezar por disminuir la disponibilidad de plaguicidas de alto riesgo en el mercado, como son los plaguicidas extremada y altamente tóxicos y productos cancerígenos, mutagénicos y teratogénicos. Éste debe ser el primer paso hacia el establecimiento de una agricultura sana, justa y sustentable.
El uso de herbicidas de amplio espectro como el Roundup (glifosato + POEA) aplicados por vía aérea, en los intentos fallidos por erradicar a la fuerza los cultivos de uso ilícito, causa graves e innecesarios problemas de salud en personas y animales, contamina el suelo, el aire, el agua y los alimentos, y destruye cultivos de pancoger, animales de cría y peces, los cuales constituyen la base de la sobrevivencia de comunidades campesinas e indígenas, y atenta contra la biodiversidad de flora y fauna.
Durante 25 años esta estrategia ha causado graves impactos de salud, ambientales y sociales sin resolver problemas de consumo, narcotráfico o violencia; sin embargo se ha llegado a señalar irresponsablemente a miembros de la comunidad científica y académica que alertan sobre los daños, como amigos de grupos ilegales. Es importante resaltar que denunciar y combatir los impactos de las fumigaciones aéreas y el uso de agrotóxicos no significa negar los efectos que están causando la expansión de los cultivos, la extracción y el uso indebido de algunos de sus componentes. Pero tampoco puede el Estado implementar soluciones que atenten contra los derechos a un ambiente sano, a la alimentación y a la salud de las comunidades afectadas. Aquí es pertinente una comparación con el mercado de los agrotóxicos, los cuales causan graves impactos en la salud, ambiente y economía, pero cuentan con la licencia de los Estados justificados bajo la racionalidad de la ganancia, y sus fabricantes no han sido calificados como criminales.
La Contraloría General de la República, a través de la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, evaluó el periodo 1992-2000 de la Política de Erradicación de Cultivos Ilícitos y el Plan Colombia, como respuesta a su creciente preocupación en torno a la efectividad de los programas y el elevado nivel de impacto sobre el medio ambiente y la salud de la población. Sobre el Plan Colombia, afirmó que los recursos destinados al desarrollo alternativo son ínfimos (8% del aporte norteamericano), de tal manera que los objetivos resultan retóricos y las acciones son en su mayoría de naturaleza asistencia-lista, poco autosostenibles, con sentido de auxilio y no de autogeneración de recursos. Además, hasta el presente la erradicación forzosa no ha desestimulado la expansión de los cultivos ilícitos sino todo lo contrario, los ha estimulado. En cuanto al componente ambiental en el Plan Colombia, la citada evaluación concluyó que “no está debidamente considerado”.
“En Colombia los cultivos de usos no lícitos surgen bajo condiciones estructurales propicias para su desarrollo: marginalidad y crisis permanente del sector agrario asociadas a factores de acceso, tenencia y uso de la tierra. Campesinos y colonos ubicados en regiones desprotegidas por el Estado, con bajos índices de calidad de vida, sin servicios públicos ni infraestructura para modelar su desarrollo y que, en su afán de subsistir y ante los bajos rendimientos que le ofrecen los cultivos de la agricultura tradicional, ven como opción esta actividad, para la cual no se deben preocupar por conseguir su mercado ni contar con infraestructura necesaria para su distribución, debido a que estas actividades son realizadas en otros eslabones de la cadena, jalonados todos por una constante demanda de narcóticos”.
Contraloría General de la República de Colombia, 2001
[i] Incluye acaricidas, nematicidas, molusquicidas y biológicos.
[ii] Incluye defoliantes y reguladores de crecimiento de plantas.
[iii] Incluye desinfectantes, fumigantes de suelos y protectantes de semillas
[iv] Anteriormente se clasificaban los tóxicos en tres categorías: I (altamente tóxicos), II (medianamente tóxicos) y III (levemente tóxicos). Posteriormente se modificó clasificando en 4 categorías, I, II, III y IV, igual que en Estados Unidos. Actualmente, de acuerdo con la Norma Andina, se debe unificar nuevamente con la Organización Mundial de la Salud (OMS): Ia (extremadamente peligrosos), Ib (altamente peligrosos), II (moderadamente peligrosos) y III (Ligeramente peligrosos).
1 El 17 de octubre de 2003 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en Colombia, falló la primera Acción Popular en contra del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Monsanto, por no tramitarse una Licencia Ambiental para la introducción al país del biopesticida Algodón Bt.
2 O las autoridades subestiman las quejas, como ocurre con miles de intoxicaciones por las fumigaciones aéreas de Roundup (glifosato+POEA) +CosmoFlux en zonas de cultivos de uso ilícito en Colombia, en concentraciones mucho más altas que las autorizadas para el uso agrícola. Estas aplicaciones indiscriminadas destruyen cultivos de pancoger y otros lícitos, estimulan el desplazamiento de las familias y más siembras de ilícitos y afectan la biodiversidad de fauna y flora, sin resolver problemas de consumo de narcóticos, de narcotráfico ni de violencia.
3 Proyecto Plagsalud Centroamérica (OPS/OMS-DANIDA).
4 No se conoce antídoto ni tratamiento eficaz para controlar un envenenamiento con paraquat. Paraquat pertenece a la campaña La Docena Sucia lanzada por PAN (Pesticide Actino Network) y RAP-AL el 5 de junio de 1985, Día Mundial del Medio Ambiente, por el NO USO y la PROHIBICIÓN de plaguicidas de alto riesgo.
5 Afirmación basada en material bibliográfico del centro de documentación de Rapalmira, pero actualmente pueden ser más los prohibidos y restringidos en otros países. Adicionalmente, todos los plaguicidas extremada y altamente tóxicos pueden considerarse severamente restringidos, por exigir el uso de equipos de protección. También plaguicidas cancerígenos, teratogénicos o con efectos hormonales o endocrinos.
6 Las categorías toxicológicas sólo indican riesgo de toxicidad aguda. No son representativas de otras clases de toxicidad, como la toxicidad crónica, efectos cancerígenos, mutagénicos, teratogénicos, hormonales o endocrinos, reproductivos o inmunosupresores. Tampoco indica riesgos ambientales, ni toxicidad a aves, peces y otros organismos acuáticos, polinizadores u otros organismos benéficos.
7 La DL50 oral es la cantidad de tóxico que causa la muerte a la mitad de los animales usados en una prueba, cuando el tóxico es ingerido. En Estados Unidos los plaguicidas se clasifican teniendo en cuenta también el riesgo de daños a nivel de la piel y los ojos, lo cual no se ha hecho en Colombia. Por esta razón por ejemplo el herbicida glifosato, mientras en Colombia se le considera ligeramente tóxico, en el país del norte es reconocido como altamente tóxico por su acción corrosiva a los ojos.
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