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Las tierras ¿Para quién?

Wilson Arias Castillo, Febrero 12 de 2015, Este artículo ha sido consultado 684 veces

El gobierno ha anunciado una política integral de tierras que pasa por cuatro elementos básicos: restitución de tierras a las víctimas que les fueron arrebatadas a consecuencia del conflicto; provisión estatal de bienes públicos como infraestructura, investigación, electricidad entre otros, para garantizar la agroexportación; formalización de la propiedad, para asegurar la inversión y compra de tierras a manos de nacionales y extranjeros, y una política de subsidios y créditos para proyectos productivos.

Adicionalmente, en materia de política pública se sancionó el Plan Nacional de Desarrollo, por el período 2010-2014, (Ley 1450 de 2011), en cuyo capítulo de agricultura levanta la prohibición de adquirir más de una Unidad Agrícola Familiar y fomenta la conformación de Zonas de Desarrollo Empresarial en tierras baldías de la Nación. Con ello se renuncia a la prédica de los principios y valores constitucionales desarrollados en la Ley 160 de 1994, en la que se reglamenta, de una parte, el derecho de campesinos de escasos recursos así como de los indígenas y afrodescendientes al acceso justo y equitativo a la propiedad de la tierra rural, y, de la otra, la Unidad Agrícola Familiar (UAF)[1] como mecanismo opuesto a la inequitativa distribución de la tierra, su concentración y fraccionamiento.

Se sabe que en el próximo período legislativo el gobierno presentará además un Proyecto de Ley General Agraria y de Desarrollo Rural[2], que toma gran parte del Estatuto de Desarrollo Rural de Uribe, muy cuestionado por parte de las organizaciones sociales y agrarias del país, y que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. Pero dichos contenidos de la política obedecen a las “recomendaciones” del Banco Mundial, para quien resolver el problema de la tenencia de la tierra y en consecuencia formalizar la propiedad son requisitos para la “dinamización del mercado de tierras”, que permitirán dar todas las garantías y seguridad a inversionistas interesados en adquirirlas. Para entender en detalle la actualidad del interés e importancia que asignan el Banco Mundial y los grandes jugadores internacionales a la tierra hoy, es importante remitirnos a la crisis financiera y alimentaria de 2008, cuando la industria de los alimentos aprovechó la situación para especular y presionar el alza en los precios de los alimentos, a través del mercado de commodities[3]. A escala mundial, tan sólo en febrero de 2008 se crearon 160 fondos de inversión commodities agrarios, de allí la especulación en los mercados de futuro.

Al mismo tiempo y como telón de fondo se presentaba un nuevo fenómeno, el cual ha sido llamado por expertos como “acaparamiento de tierras”, y que consiste en compras masivas o arrendamiento de grandes superficies de tierra en países del sur, en donde la característica principal es que gobiernos que tienen problemas de inseguridad alimentaria, llegan a arrebatar tierras agrícolas fuera de su país para producir alimentos. Se desplaza entonces la producción de alimentos a otros países, en donde las ventajas de las condiciones económicas, sociales y político-jurídicas resultan atractivas.

En el Plan Nacional de Desarrollo, en su capítulo de agricultura, se pretende facilitar el acceso a tierras a inversionistas colombianos y extranjeros para la puesta en marcha de conglomerados productivos que integren vertical y horizontalmente la producción, transformación y comercialización, especialmente en regiones como la Altillanura. Adicionalmente, a partir de los contratos de inversión en las Zonas de Desarrollo Empresarial, en contratos de leasing se transferirían finalmente la propiedad de la finca a la empresa que invierte en producción, sustituyendo el necesario incentivo a la producción agropecuaria por un estímulo a la acumulación de tierra en propiedad y al paso a la especulación con la tierra en el mercado financiero internacional[4].

El mercado de tierras que se abre en Colombia, da entonces las garantías a los inversionistas en materia de tenencia de la tierra, esto se manifiesta en los pasos que ha venido dando el gobierno para avanzar en la formalización de la propiedad, puesto que según sus propios cálculos el 40% de los predios rurales en Colombia al no estar formalizados, requieren de titulación.

Esto a nuestro modo de ver, no es garantía alguna para que los pobladores rurales o campesinos, se puedan quedar en sus predios, por el contrario y según los propios cálculos del actual gobierno, al no poder retornar el 80% de las víctimas de este país a sus lugares de origen, dichas propiedades entrarán al mercado para compra directa o mediante el esquema de alianzas productivas, incorporándose a grandes proyectos agroindustriales. Quizás ese sea el mayor interés detrás de los anuncios de la formalización de la propiedad en Colombia, puesto que la claridad del dominio es requisito indispensable para la inversión, y de allí que sea una exigencia del Banco Mundial en la política de tierras.

Adicionalmente a lo señalado, en Colombia existen grupos económicos y personas que también han ingresado con fuerza en toda esta dinámica de acaparamiento de tierras, por ejemplo la firma Invernac sociedad de la familia Santo Domingo, que siembra soya y maíz en la Altillanura colombiana, para lo cual ha señalado que quiere replicar el modelo del “Cerrado” brasilero. Se sabe que el Presidente del Grupo Rio Paila ha conformado una alianza con Santo Domingo y le alquila cuatro mil hectáreas. También la empresa Agropecuaria Aliar S.A., perteneciente al Grupo Contegral (Sindicato Antioqueño) y a inversionistas santandereanos (en total 28 empresas nacionales). Este proyecto, “La Fazenda”, se adelanta en Puerto Gaitán, Meta, desde el año 2001, promovido por Jaime Liévano, propietario del citado grupo y Presidente de Avidesa MacPollo. En la primera fase se sembraron 7.500 mil hectáreas de soya y 2.500 de maíz de las 35 mil y 40 mil hectáreas[5] respectivamente, proyectadas. Estos productos se emplean en alimentar cerdos y aves con destino a la producción de carne que es vendida en almacenes de cadena en Bogotá, Bucaramanga y otras ciudades[6].

También están Harold Eder del Grupo Manuelita, que tienen 40 mil hectáreas en Meta y Casanare. 20 mil hectáreas en San Carlos de Guaroa (Meta) con cultivo de palma de aceite, de estas 6.500 son propias y 14 mil pertenecen a proveedores y en Orocué (Casanare) otras 20 mil hectáreas en palma para agrocombustibles.

Luis Carlos Sarmiento con Corficolombiana, maneja cultivos de palma, caucho, arroz y algodón, tiene 16 mil hectáreas en los llanos. El brasilero Germán Efromovich con inversiones de más de 100 millones de dólares, en cultivos de piña, café y palma aceitera. Los brasileros no se quedan atrás, dos de los miembros de la fundación brasilera Blairo Maggi, del grupo Maggi y Sergio Marchett y Julio Cambruzzi del grupo Mónica Semillas, hacen parte de los empresarios que atendieron la invitación del presidente Uribe de invertir en Colombia en la siembra de cereales[7].

Asimismo acudieron a la invitación otras empresas como Cargill, El Tejar[8] y Los Grobbo de Argentina[9]. Hasta el momento han iniciado actividades los Grupos Mónica Semillas con 3 mil de las más de 12 mil hts adquiridas en Puerto Gaitán, Meta –Predio El Chaparral– y Cargill[10] (a través de su fondo Black River), con un proyecto denominado Colombia Agro que cuenta con 25 mil hectáreas en La Primavera (Vichada).

No sobra decir que el encarecimiento de la tierra se precipita a un ritmo que raya en “burbuja” de precios, por ejemplo hace cinco años una hectárea de tierra cerca a Villavicencio costaba dos millones, pero hoy puede llegar en algunos casos a  los diez millones.

Muy importante entonces discutir y analizar este fenómeno a la luz de las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio y de la política rural que se ha instalado en el país, que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo recientemente aprobado, logran que este tipo de inversiones estén aseguradas por parte del Estado, y facilita el acceso a tierras a inversionistas (tanto nacionales como extranjeros), para la puesta en marcha de conglomerados productivos.

La visión que se promueve desde el gobierno a través del Ministerio de Agricultura privilegia la “flexibilización” del mercado de tierras, de modo que pueda utilizarse –de acuerdo con la referida jerga del Banco Mundial– en actividades “más productivas” y por usuarios más “eficientes”, convirtiendo progresivamente a la agricultura de gran plantación en la única forma de producción en el campo, arrasando la agricultura y la economía campesina.


[1] Se entiende por unidad agrícola familiar (UAF), la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio. La UAF no requerirá normalmente para ser explotada sino del trabajo del propietario y su familia, sin perjuicio del empleo de mano de obra extraña, si la naturaleza de la explotación así lo requiere.

[2]Disponible en: http://viva.org.co/cajavirtual/svc0247/articulo01.html (revisado por última vez el día 28 de noviembre de 2011)

[3] Munevar, Daniel (2010). “Volatilidad en los Precios de Alimentos: Una Mirada desde América Latina”, Documentos de Discusión No. 1-CADTM. Disponible en: http://www.oid-ido.org/IMG/pdf/DD_1_CADTM.pdf (revisado por última vez el día 28 de noviembre de 2011)

[4] Héctor Mondragón. ¿Burbuja de Tierra en vez de Empresa Agrícola y Pecuaria?. Grupo se Agricultura y Comercio, Alianza Social Continental. 2011.

World Bank. (2010). Rising Global Interest in Farmland. Can it yield Sustainable and Equitable Benefits?

[5] Cámara de Comercio de Villavicencio. En: http://www.ccv.org.co/ccv/fileadmin/documentos/publicaciones/CPE-INFORME_DE_COYUNTURA_E_2008.pdf (revisado por última vez el día 25 de noviembre de 2011)

[6] Aliar S.A. avanza en plan de inversión a cuatro años de US$ 130 millones en Puerto Gaitán, Meta. En: http://www.portafolio.com.co/negocios/empresas/2008-03-25/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-4030092.html (revisado por última vez el día 25 de noviembre de 2011)

[7] www.fundacaomt.com.br  (revisado por última vez el día 25 de noviembre de 2011)

[8] Tejar le apunta a la altillanura colombiana; sería la segunda inversión extranjera en esta zona del país. En:http://www.portafolio.com.co/negocios/agronegocios/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-6744227.html (revisado por última vez el día 25 de noviembre de 2011)

[9] Unidad Agrícola Familiar (UAF) marginó a grupo Los Grobbo. Véase: http://www.portafolio.com.co/internacional/vecinos/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-7749354.html (revisado por última vez el día 25 de noviembre de 2011); y para expandir siembra de soja en Colombia el entonces presidente Álvaro Uribe convocó a grupo Los Grobbos. Disponible en: http://www.portafolio.com.co/negocios/agronegocios/2008-07-23/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-4390575.html (revisado por última vez el día 25 de noviembre de 2011)

[10] Cargill, multinacional estadounidense que está entre las 10 empresas más grandes del mundo. Su ingreso a Colombia fue propiciado por los problemas en Venezuela. http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/cargill-espera-aclarar-al-gobierno-venezolano-situacion-de-la-planta-que-sera-expropiada_4860411-1 (revisado por última vez el día 25 de noviembre de 2011)

Publicado en Febrero 12 de 2015| Compartir
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