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Las Naciones Unidas, a través de su organismo especializado para la alimentación y la agricultura (FAO), declaró el 2013 como el año internacional de la quinua. La decisión no es casual, responde con toda claridad a un diagnóstico claro: en todo el mundo, grandes contingentes humanos padecen cada día de hambre. Producto de esta realidad, o de las prácticas alimenticias impuestas por los grandes grupos económicos, se padece desnutrición, de la que se desprenden graves problemas de salud.
El hambre no es casual ni "castigo divino", es el reflejo de una realidad marcada por inmensas desigualdades que campean por doquier: mientras unos pocos poseen mucho, la inmensa mayoría no posee ni lo necesario para vivir. Pero también es el patético reflejo de la concentración de la tierra, robada, negada –o insuficiente– a las manos, y para las manos, de quienes la trabajan. A la vez es el reflejo de la escasez de agua que caracteriza –y se amplía– a extensas regiones del mundo, haciendo improductiva la tierra. El cambio climático, cada día más evidente, agrava esta realidad.
De esta manera, el sistema de las Naciones Unidas al tomar esta decisión, aunque con paños de agua tibia, quiere llamar la atención al conjunto de la humanidad sobre una situación que exige medidas inmediatas y urgentes, para las cuales repara en un alimento integral, pero también en el sistema social (indígena y campesino) que ha garantizado su protección, uso, transformación, consumo y difusión, sistema basado en lo fundamental en la solidaridad. Sin duda, en ésta descansa buena parte de los secretos para superar las dolencias que afectan a millones de seres humanos. Solidaridad que implica compartir, dar, entregar, pero también, recibir, multiplicar, acompañar. Con evidencia: que con lo poco se haga mucho, sin necesidad de derroche ni dinero, como lo ha impuesto el sistema vigente, el cual mide todo con el rasero de "cuánto gano ahí", mercantilizando y reduciendo todo a una vil mercancía, con lo cual le niega, le roba, a cada sustancia, producto, etcétera, su mayor razón de ser y existir: ser de todos/as y para todos/as.
Es esta realidad la que propicia, de manera increíble, que en una región como América Latina y el Caribe, incluida Colombia, el hambre afecte a 53 millones de personas. Para Colombia la situación es preocupante, pues se estima que el 18% de sus ciudadanos (cerca de 8,1 millones) lo padecen en algún grado. En su mayoría son desplazados y campesinos situados en áreas marginales, así como desempleados que habitan ciudades grandes o intermedias. Donde más se registran datos preocupantes es en departamentos como el Chocó y Córdoba, pero también en barrios como Cazucá (localizado en Soacha, Cundinamarca), lugares donde viven familias que no tienen asegurada su alimentación diaria. Los programas de restaurantes dispuestos por gobiernos locales, o el sistema escolar de alimentación también dispuesto en algunas ciudades, evidencia que la problemática del hambre es más extensa de lo que a primera vista se pudiera considerar.
Pero que esto suceda en Colombia, un territorio con todos los climas, que por su conformación física es apta para sembrar gran variedad de productos, es casi increíble. Es este tipo de realidades las que evidencian que el actual sistema económico social y político vigente va contra las mayorías sociales, además de antinatural, incoherente, inconsistente, insostenible.
Las cifras actuales sobre el hambre son para sonrojar hasta el más ambicioso de los ricos que hoy dominan el mundo, en particular a los que se han lucrado con el trabajo de todos en Colombia. Mientras el 7,7% –en promedio– de la población latinoamericana sufre problemas de hambre y, por ende, de desnutrición, en Colombia se supera el promedio regional con el 12,6%. Las cifras las reportó la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en su informe Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional 2012 en América Latina y el Caribe.
Los impactos de la desnutrición y, en general, de la malnutrición en Latinoamérica –en términos de salud– pueden ser graves y varían de acuerdo con el tipo de desequilibrio de nutrientes. Las deficiencias en vitaminas y minerales pueden dar lugar a problemas de visión o ceguera (vitamina A), debilidad muscular, parálisis, trastornos nerviosos, problemas digestivos, piel agrietada (vitamina B), inflamación de la glándula tiroides, mal desarrollo cerebral (yodo), y anemia (hierro).
Esta problemática debe ser vista como un proceso que va mucho más allá de la simple alimentación. Esto significa que los temas de acceso a la tierra y el agua, la producción, transformación, generación y aplicación de conocimientos, estructuración cultural o social en torno al proceso alimentario, y su relación con el medio ambiente y la soberanía alimentaria de cada país, deben ser considerados para concretar la garantía plena del derecho a la alimentación (DA).
En esta perspectiva hay que tener en cuenta que Colombia ratificó en 1968 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha firmado muchas convenciones, acuerdos y declaraciones relacionadas con el tema alimentario y/o del DA, y ha incorporado en su Constitución artículos relacionados con el tema. Pero salvo algunos desarrollos jurisprudenciales en temas como por ejemplo la preservación de los recursos naturales, el pago de pensión alimentaria a niños y niñas, la protección alimentaria de la población reclusa y el apoyo a la población víctima de desplazamiento forzado, aún se carece de una normativa amplia, explícita e inequívoca, en torno a las obligaciones que las entidades estatales, los particulares, los intereses económicos nacionales y extranjeros, así como la sociedad restante, deben tener en torno al respeto, protección y realización del DA.
Esta ausencia de una política pública clara y precisa, es la que facilita que los programas e iniciativas agenciadas por el Estado, se caracterizen por su asistencialismo, con planes extremadamente focalizados (lo cual va en contra de la universalidad del derecho), inconstantes, que no generan capacidades de participación de los titulares del derecho ni espacios de fiscalización ciudadana.
Es este tipo de realidad, donde la tierra continúa concentrada en pocas manos, dedicada en su mayor porcentaje a la especulación, el monocultivo o el pastoreo, negada a los campesinos e indígenas que la cosechan, pero además, con ríos, quebradas, arroyos, lagunas y otros cuerpos de agua cada día más contaminados y poco protegidos, con un sistema de páramos y bosques de niebla al borde de la desaparición, así como selvas en alto riesgo, con muchos de estos territorios expuestos a la explotación minera a gran escala y con una política económica que favorece a los más ricos, la que posibilita que la problemática del hambre se mantenga en el país.
Esta es parte de la realidad que obstruye y dificulta la aprobación y puesta en marcha de política públicas contra el hambre, donde la recuperación de la quinua y su extensión como sembrado y grano de especial protección (valorando y recuperando todo su significado cultural y de entretejido social) más allá de los territorio y poblaciones que la han adoptado como grano sustancial para su alimentación diaria y para la conservación de sus prácticas culturales
Una de las obligaciones estatales respecto al Derecho a la Alimentación es la de garantizar que los productores de alimentos tengan acceso suficiente a los recursos necesarios para su actividad económica. Entre estos se destacan la tierra, el trabajo, el agua, los recursos genéticos, la asistencia técnica, la capacitación, financiación, salud, vías de comunicación, etc.
En el caso de la concentración de los ingresos económicos, Colombia presenta una gran iniquidad que se evidencia en el segundo mayor índice Gini de la región, el cual es de 0,58. Esto se traduce en que el 20% de la población más rica concentre el 62,7% del ingreso, mientras que el 20% más pobre apenas reúne el 2.5% total del mismo. Obviamente esta injusta distribución del ingreso nacional determina que gran parte de la su población no tenga posibilidades de acceder a los bienes y servicios suficientes para llevar una vida en condiciones de dignidad.
Respecto a la concentración de la tierra, el Índice Gini es de 0,85, lo que convierte a Colombia en uno de los países más inequitativos del mundo. La gravedad de la situación es tal, que apenas el 0,06% de los propietarios son dueños del 53,5% del área predial rural. Esta problemática incide negativamente en las posibilidades productivas de la pequeña economía rural, el acceso a bienes productivos como la tierra, la tenencia de los títulos de propiedad, y su capacidad de resistir a la rapacidad expropiadora de los grandes terratenientes, las empresas transnacionales y la delincuencia organizada. Todo, con graves consecuencias para la preservación de la soberanía alimentaria del país.
Las líneas crediticias orientadas al sector rural están priorizadas a aquellos sectores vinculados con la apuesta agroexportadora. Así las cosas, los pequeños productores de alimentos tienen muy pocas posibilidades de acceder a dichos beneficios y, cuando lo hacen, lo logran a costa de poner en riesgo el escaso patrimonio que poseen. El acceso, uso y pertenecía de los recursos y conocimientos, esto no es visto por el Estado como un derecho inalienable del país y/o las comunidades a quienes pertenecen, sino que por el contrario se aborda desde una perspectiva extractiva con eventuales réditos económicos. En esa perspectiva, los recursos naturales del país, entre ellos los genéticos, son sujetos a un rápido proceso de usurpación, mercantilización, tráfico, y desprotección por parte del Estado.
El Estado colombiano ha sido renuente a adoptar fuertes medidas para el control al uso, siembra, venta y comercialización de productos transgénicos y, por el contrario, ha facilitado, a través de sus actos de ley, la penetración de las empresas transnacionales del sector y el uso de simientes o productos de ese tipo. La población tradicional y directamente responsable de la producción interna de alimentos se enfrenta a muchas dificultades relacionadas con los cada vez mayores obstáculos interpuestos para acceder y controlar autónomamente los recursos necesarios para que su actividad productiva. Actividad que se relaciona directamente con la disponibilidad alimentaria del país.
La realidad nutricional de la población colombiana es realmente lamentable. El último estudio nacional y regional, mostró que al menos el 41% de sus hogares se encuentra en inseguridad alimentaria. Esta cifra es aún mayor en las zonas rurales donde se reporta un 58,3% de sus hogares. Las condiciones de las mujeres y los niños y niñas tampoco son las mejores: el 45% de las mujeres en edad gestacional, y el 33% de los menores de cinco años, son anémicos.
Esta realidad propicia que cada año en nuestro país mueran por desnutrición cinco mil niños, según lo confirmó en el 2009 Paul Martin, director de la Unicef en Colombia, quien indicó que de cada cien mil infantes en el país 257 son víctimas fatales de esta problemática social.
La situación de hambre y desnutrición es peor en las poblaciones vulnerables. Por ejemplo, para los desplazada, el 51,9% de cuyos hogares se encuentran en inseguridad alimentaria, registrándose cifras mayores si los desplazados son de origen indígena (67,4%). La situación descrita incide no solamente en la calidad de vida y las posibilidades de desarrollo de las personas afectadas, sino que también se expresa en una preocupante mortalidad. En ese sentido, estudios recientes afirman que las muertes causadas en Colombia a causa directa o indirecta del hambre oscilan entre 15 mil y 40 mil personas al año.
A nivel latinoamericano, Colombia presentó un incremento de 2,3% en el número de hambrientos durante el periodo 1996-2005, contrariando las tendencias de la región en donde el hambre se redujo en un 12,5%. Cabe resaltar que a pesar de estas evidencias, el Estado colombiano se niega a admitir que se encuentra en una crisis alimentaria y, por supuesto, adoptar las medidas estructurales y de política pública que lleven a la garantía plena del Derecho Alimentario de los millones de personas afectadas.
El Estado colombiano carece de metas, indicadores y sistemas de vigilancia fiables y específicos, respecto al seguimiento que le debe dar al nivel de realización del DA. La ausencia de política pública coherente con este derecho, la carencia de aquellos tipos de referentes son apenas otro de los síntomas de la falta de compromiso del Estado para con el derecho que tienen todos y todas los colombianos a no sufrir hambre.
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