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Contexto

¿El futuro de los llanos en manos de las transnacionales?

El conflicto social, político, económico y armado ha marcado al país desde hace más de seis décadas. Sus ritmos de desarrollo a lo largo y ancho de la geografía han afectado la vida territorial, productiva, social, cultural; han contribuido a una dinamización de conflictos regionales orientados a ostentar el control local. Algunos de los rasgos predominantes en todo el territorio colombiano han sido: la imposición de la gran hacienda, al desarrollo económico extractivo, la profundización de la desigualdad económica y social, el aprovechamiento de recursos naturales, renovables o no, por parte de élites ligadas entre sí por medio de los conglomerados comerciales, industriales y la pervivencia de economías subterráneas con permanente despliegue e innovación.

A la luz de los datos oficiales, se observa una producción pecuaria regular, que va en incremento, la cual se relaciona directamente con la emergencia de factores productivos nuevos: nuevas exploraciones de hidrocarburos, implementación de procesos agrícolas con base en transgénicos, ampliación de la frontera palmicultora, desarrollo de cadenas comerciales tanto en los departamentos del piedemonte como en la región central, que favorece a las medianas y grandes empresas del departamento, empero, de acuerdo a las observaciones en campo y las reflexiones con los habitantes, distan de la ampliación de la seguridad alimentaria de las mayorías campesinas de la región.

El Oro negro, el “futuro Minero–Energético”

La fortaleza financiera del departamento radica principalmente en los recursos de regalías de la explotación de petróleo[4], con lo cual se da especial prelación al proceso minero energético, que se articula también en el debate territorial, en cuanto a la tensión con el derecho a permanecer en las tierras por parte de sus habitantes y colonizadores, lo cual tiene un peso absoluto actualmente como se contempla en el plan regional de competitividad departamento del Meta 2008-2032.

Estos dos elementos configuran una plataforma sobre la cual se ha venido estableciendo la estrategia de control y consolidación territorial por parte del Estado colombiano, que ya en otra parte se ha analizado (OFB, 2010) y que comporta la recuperación de zonas estratégicas para la realización de los megaproyectos minero energéticos, bajo el supuesto de la confrontación a los denominados grupos armados ilegales, la lucha contra las drogas y la consolidación territorial para el fortalecimiento de la confianza inversionista, la cohesión social y la apertura a economías de escala transnacionales.

“El proyecto globalizante hace énfasis en la creación de "regiones antropológicas" que están siendo delimitadas por exclusión, por las actividades económicas de las empresas transnacionales, induciendo a tensiones interregionales, a la exacerbación de rivalidades y a la formación de bolsas de miseria, todo orientado a hacer inviable el país como proyecto trasnacional”. (Montañez Gómez & Delgado Mahecha, 1998)

El territorio es, entonces, un factor para el desarrollo de estas actividades, pieza fundamental que se propone partiendo de la guerra como estrategia principal, el caso de la Macarena en particular y de los Llanos orientales en general, son ejemplo primordial de esta formulación. Empero, el territorio, concebido como el atributo de relaciones histórico sociales que se armonizan en un entorno natural-ambiental, es decir como la tensión de la colonización, de la vida social y de las decisiones que en materia productiva, ambiental, cultural y tecnológica se operen para la apropiación social y simbólica de todas las relaciones que allí se tejen. El territorio es per se parte integrante de las relaciones tejidas entre el poder, la sociedad, el saber, la economía, la naturaleza, el ser humano y determina una geopolítica, unos rasgos específicos de apropiación de espacios, lugares, recursos, que involucran acciones y orientan decisiones para la consecución de objetivos que claramente disponen de un tipo de actuación con arreglo a los fines que persiguen:

“De la acción social en lugares relativamente aislados hemos pasado a la actividad espacial en redes más complejas que ponen los lugares en relaciones espacio-temporales económicas, culturales y políticas que sobrepasan las fronteras de los estados” (Montañez Gómez & Delgado Mahecha, 1998).

En este escenario, se llena de contenido el debate frente a quien hace el territorio en el Meta. Es claro, teniendo como base de análisis la múltiple bibliografía al respecto, que el proceso de colonización de los Llanos Orientales, su distribución y dinámica demográfica, en gran parte ha sido desarrollada por la tensión guerra–frontera agrícola–pobreza; a propósito de esta formulación es visible en la actualidad el ejercicio de formalización que el enfoque de política dominante intenta desarrollar para el control territorial, que se basa en la decisión de disponer la región como potencial de crecimiento económico extractivo, condición que se circunscribe a la proyección del plan nacional de desarrollo, por ende, a dar cumplimiento al papel que juega el Estado colombiano en la división internacional del trabajo. A propósito de ello se proponen una formulación:

“Dado que la capacidad y alcance de la actividad espacial es desigual y convergente en los lugares, la apropiación de territorio y, por consiguiente, la creación de la territorialidad, generan una geografía del poder caracterizada por la desigualdad, la fragmentación, la tensión y el conflicto.” (Montañez Gómez & Delgado Mahecha, 1998)

La dinámica regional emerge entonces como factor de poder y, por ende, de riqueza, condición que se respalda desde la geopolítica del poder como zonas con necesidad de consolidar la dominación y la soberanía del Estado, que son básicas en la configuración del ejercicio político, administrativo e institucional. Tal dinámica debe integrar, en primer lugar, al conjunto de expresiones sociales, productivas, culturales que tienen su desarrollo histórico-social en el espacio, situación que permite vislumbrar la aparición del territorio como producto social, como territorialidad que se determina a través de los procesos sociales de colonización, producción y habitación, piezas integrantes de la concepción de territorio.

En segundo termino, el territorio es punto de actividad y desarrollo; implica un arraigo que está presente en los actos más básicos de sus habitantes, evidenciándose una relación de territorialidad que identifica y permite observar la dinámica del poder que emerge desde lo regional e interactúa con el entorno social y político, con sus estructuras y se completa con la relación entre territorio y proyecto político-administrativo, allí la triada habitantes-tejido social-poder implican la construcción de planes y proyectos enfocados a la dinamización de dichas relaciones. Para el ejercicio de la construcción social del territorio en el marco de la defensa de los Derechos Humanos y de su principal beneficiario, la sociedad, los individuos integrados colectivamente, con sueños, aspiraciones, medios, formas productivas y que han sido determinados históricamente por la violencia y la exclusión característica de las zonas de frontera agrícola, ligadas a la vivencia directa del conflicto social, propio de la desigualdad, la concepción de territorio y de territorialidad, este disfrute y construcción social del territorio están un tanto distantes de desarrollarse.

Riqueza en el territorio y territorios de riqueza

Las riquezas naturales y estratégicas que se han venido conociendo a lo largo y ancho del territorio nacional, sobre todo en la última década han puesto la necesidad de blindar el aparato productivo nacional mediante la superación del conflicto armado, la amenaza del narcotráfico y la recuperación de la legalidad estatal en el contexto nacional, mientras las agendas político-económicas transnacionales han dispuesto del concepto de “confianza inversionista” como eje articulador de los mercados en su fase especulativa, tanto en el territorio como en los enclaves de desarrollo del mercado. El país ha venido garantizando las condiciones necesarias para que haya una mayor entrada de capitales que si bien no están configurados como economías de enclave, si abandonan un criterio básico a la hora de la proyección social de nuestro territorio y es el derecho a tener un disfrute directo de los recursos y la incorporación de procesos, medios, técnicas y tecnologías al aparato científico nacional.

Existe hoy, en el marco de la PNCT una clara disposición a “barrer” lugares, espacios y territorios en los que se han venido construyendo las relaciones históricos-sociales anteriormente descritas. Las organizaciones y procesos sociales han venido realizando seguimiento a dos importantes estrategias que desde el gobierno nacional se han orientado para “recuperar” la institucionalidad del Estado en el conjunto del territorio nacional, esto es la política de seguridad democrática como eje general, por un lado y el plan de consolidación territorial, a través de la doctrina de acción integral, como mecanismo de desarrollo de la primera.

Sin embargo, dicho proyecto estratégico, léase el de la consolidación territorial, tiene un objeto final, que supera ampliamente la idea del control territorial. Es la intencionalidad del mercado en lo que se conoce en la actualidad como los mercados globales en los que el país ha resultado beneficiado por su ingreso dentro de las economías en desarrollo de mayor “empuje” global gracias a la emergencia de los proyectos minero – energéticos y agroindustriales arriba descritos, de lo cual en boga tenemos la firma de varios TLC, entre ellos el suscrito con los Estados Unidos.

En este contexto se entiende que el papel de la riqueza en el marco de la nueva realidad productiva del país, debería ser la inversión en los ejes que garanticen su sostenimiento a lo largo del tiempo y con clara disposición a conservar el ambiente. No es únicamente un problema entre conservación vs. desarrollismo, se trata de lo que se ha conocido como sustentabilidad, es decir, asegurando para las generaciones futuras un entorno en el que prime el desarrollo humano. El debate frente al manejo y apropiación de las riquezas naturales en el país pasa por reconocer el tipo de seguridad jurídica que se ha dado a los operadores, concesionarios, y demás agentes económicos que, como se observó en el recorrido productivo del departamento del Meta, están claramente establecidos en sus objetivos y planes de negocio, en tanto que comunidades enteras están viéndose afectadas por el desplazamiento que causa la exclusión y la condición de sujetos invisibles lejanos incluso a sus derechos.

La expulsión de los más pobres hacia la frontera agrícola, así como los procesos de concentración de la tenencia y propiedad de la tierra más productiva y estratégica por parte de los poderosos clanes familiares y los conglomerados agroindustriales, han determinado ciertos ciclos de expansión de la problemática territorial; junto a este fenómeno, se ha mantenido la problemática derivada del narcotráfico y sus grandes carteles, los cuales manejan hoy las rutas hacia los Estados Unidos y Europa, generando esencialmente un fuerte choque entre los diferentes actores armados que hoy se encuentran en la pugna por el dominio del territorio.

Los Llanos Orientales son uno de sus mayores ejemplos, teniendo como principal factor que han sido un territorio ligado a la salida fáctica de las violencias desatadas por los gamonales que controlaban extensas comarcas del país y, que eficientemente, usaron las hegemonías bipartidistas como estandartes para la ampliación de dichos poderes y la construcción de un Estado capturado, incluso desde la base ciudadana. Pero el relato de la “colonización” en los llanos orientales expresa, precisamente, en el punto histórico que atravesamos, un nuevo despliegue de esas mismas oligarquías, gamonales y conglomerados, con la intensión de ampliar su control, mediante la reconversión del modelo de desarrollo y de acumulación con que contaban; basados en la explotación a gran escala, en términos minero-energéticos y de monocultivos para la producción de combustibles; la expansión de negocios agroindustriales de escalas antes no imaginadas con la aplicación de un modelo corporativo, transgénico y foráneo.

La región ha sido parte integrante del modelo de desarrollo extractivo primario que ha caracterizado desde hace más de dos década a los mercados y la economía nacional colombiana; por un lado se encuentra la gran hacienda enfocada en la actualidad en la perspectiva de proyectos agroindustriales como la palma africana, de amplio dominio territorial a través del ganado, el profundo control en la tenencia y propiedad de la tierra o, lo que es peor, la ruta siniestra del narcotráfico.

Ligado a las condiciones descritas anteriormente, el esquema minero–energético que es la más importante de las perspectivas de desarrollo del actual bloque de poder en el país, intenta imponer la dinámica extractiva dentro de vastas territorialidades para la exportación a gran escala. Éste ha sido dinamizado a través de contratos de concesión, licencias de explotación que redundan en la construcción de aparatos productivos foráneos en personal y origen de las inversiones, de los recursos no renovables, que ponen al país como gran epicentro de la actividad dirigida desde inmensos conglomerados transnacionales, que se abren paso, como otrora lo lograran las multinacionales de semillas, abonos y farmacéuticos.

Según el boletín de estadística minero energética[1], Colombia tiene la siguiente dinámica de producción minero-energética en millones de pesos constantes de 2000)

La reflexión territorial que se propone, la tensión entre colonización–desarrollo juega un papel destacado, pues el “salto económico” que el país está observando y que llena de cierto optimismo al conjunto de las élites ligadas al uso, a la explotación de la tierra y los grandes negocios, ha logrado establecer profundos cambios para la sociedad colombiana.

Se ha establecido la pugna permanente, de un lado, entre poderes económicos amparados en el crecimiento económico, la estabilidad política por vía de la legitimación del Estado a través de la acción militar y, por otro lado, los procesos de colonización y ocupación de tierras por posesión, en un contexto territorial que antaño no ha tenido una inversión social, educativa, de infraestructura, sino, que esta ha sido realizada por campesinos y colonos que ante la dureza de la guerra han optado por “abrir-fundar” en zonas de gran complejidad productiva, ausentes a cualquier acceso y provisión, convirtiéndolas en procesos de organización-resistencia.

 

Región en disputa

Entonces, se puede afirmar que los Llanos Orientales en general poseen dicha característica y han sido a través de la historia, zonas de desarrollo que han tenido una tensión permanente en el uso y manejo de la tierra, que traducen explícitamente la guerra de manera sistemática, con bajos niveles de reconocimiento de la propiedad para los más pobres, en contraste con procesos de concentración profundos, pero que ahora tienen gran relevancia en la balanza productiva de materias primas, la agroindustria y los minerales.

A este tenor el Informe Económico regional del Meta (2011) puntualiza la vocación desde la cual se puede observar la tensión: “En esta perspectiva es importante considerar que el sector agropecuario históricamente ha sido el sector más importante para la economía regional, constituido por la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca y la explotación de maderables.”[2]

El latifundio ha marcado la vida productiva, social al centro de la región, convirtiendo las zonas de frontera agrícola y preservación forestal o ambiental, en territorios de colonización y estancia, cruzados por la ausencia de capacidades y oportunidades productivas de largo plazo para los pequeños campesinos pobres; ante lo cual el proyecto latifundista logra obtener un beneficio adicional: una mano de obra calificada en las labores del campo, precarizada en su condición laboral y capturada en la poca capacidad de desarrollarse en el marco de las condiciones económicas proclives a mejorar su calidad de vida. La gran hacienda y los procesos de competitividad a gran escala marcan hoy la dinámica territorial de una buena parte del territorio departamental. Para 2011, según el informe económico regional, se han determinado las ventajas comparativas del departamento en cuanto a las producciones agroindustriales:

Tabla 2
Producción agroindustrial de cinco productos a 2011.

Producto	Área sembrada (has.)	Área cosechada (has.)	Producción
Arroz mecanizado	86.983	16.481	85.081 ton.
Caucho	4.805	673	817 ton.
Palma de aceite	656.000	nd	2.364.4 (miles de ton / año)
Maíz tecnificado	23.964	nd	nd
Yuca	2.516	nd	nd
Total	774.268	nd	nd

Fuente: Colectivo Socio-Jurídico Orlando Fals Borda, con base en Informe Económico Regional. Meta 2011.

 En el informe se observa la tendencia a la implementación de los megaproyectos que circunscriben el mayor volumen de excedentes de producción al largo plazo (bioetanol, caucho), representando un gran peso en la balanza productiva del departamento, dicha tendencia contrasta con los reportes de concentración de la tierra, que para 2008 se ubicaba en 0.848, de la misma manera que el coeficiente de Gini, factor oficial de medición de la concentración de la riqueza, para el mismo periodo se ubicó en 0.611[3].

Para el caso particular de la región del Ariari-Guayabero, límite natural del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, eje de la dinámica denominada “Consolidación Territorial” y una de las expresiones del conflicto interno en el país, ha denotado una dinámica de producción que ha estado marcada por el abastecimiento de alimentos para los habitantes a través del mercado local, contando con bajos niveles de realización de excedentes agrícolas en el mercado departamental y nacional: el mantenimiento de cultivos ilícitos, hacen parte de un esquema ligado a las rutas del narcotráfico; sin embargo, en última instancia, es el único sustento posible de la población campesina pobre, dadas las condiciones con que se establece el proyecto latifundista al norte del departamento, la pobreza al sur del mismo, así como la poca o nula disposición de infraestructura vial que permita la movilización de alimentos en términos locales, regionales y nacionales.

Como tesis parcial se puede afirmar que el problema de la ocupación y uso del suelo en los llanos orientales se está desarrollando a tenor de la consolidación territorial, en el ámbito militar y de producción agroindustrial, con un intenso financiamiento de programas sociales dirigidos a la población, previo el lleno de una serie de requisitos que ha establecido el plan de consolidación integral de la Macarena - PCIM y su cuerpo de ejecución el centro de coordinación integral -CCAI (Mejia, Uribe , & Ibáñez, 2011). No obstante los flujos de inversión, las inversiones que se realizan en el contexto del territorio de afectación del PCIM están circunscritos al llamado salto estratégico de la doctrina de acción integral y a la incorporación de políticas que sostengan la legitimidad del Estado en el largo plazo.

En cuanto a la dimensión pecuaria, los datos que arroja el informe se establecen en el siguiente gráfico:

Consolidación departamento del Meta  -   Subsector pecuario año 2004 – 2010.

Variable	Año 2004	Año 2005	Año 2007	Año 2008	Año 2010	Var ABS 08/09	%Var 08/09
Inventario bovino	1.460.360	1.459.300	1.495.820	1.500.820	1.534.600	7.480	0,49
Producción de leche TS/DIA	334.980	345.408	213.030	207.028	320.775	108.450	51,08
Inventario Porcino	59.122	55.067	64.435	92.430	112.792	12.792	12,83
Producción Piscicola peso total (TON)	7.137	7.556	11.607	11.190	10.453	-1.247	-10,66

Fuente: Evaluación de Agricultura. Informe de coyuntura año 2010. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

A la luz de los datos oficiales, se observa una producción pecuaria regular, que va en incremento, la cual se relaciona directamente con la emergencia de factores productivos nuevos: nuevas exploraciones de hidrocarburos, implementación de procesos agrícolas con base en transgénicos, ampliación de la frontera palmicultora, desarrollo de cadenas comerciales tanto en los departamentos del piedemonte como en la región central, que favorece a las medianas y grandes empresas del departamento, empero, de acuerdo a las observaciones en campo y las reflexiones con los habitantes, distan de la ampliación de la seguridad alimentaria de las mayorías campesinas de la región.

 

[1] Unidad de Planeación Minero Energética, 2011, pág. 13
[2] Secretaria de planeación y desarrollo territorial. Departamento del Meta., 2011, pág. 7
[3] (Departamento Nacional de Planeación (DNP) -Alta consejería para la reintegración social y económica., 2008).
[4] DNP-Alta consejería para la reintegración social y económica., 2008 

 

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