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Además de estas se encuentran otras referencias como apellido de planes o problemas pero en ningún caso desarrollos sobre lo que esto implica en las políticas o como transformación de las actuales prácticas depredadoras y de imposición violenta de modelos económicos o formas de control territorial. Los mayores desarrollos en iniciativas con consecuencias ambientales se encuentran en lo que trata de las ZRC. Aparte de la función que se les asigna como instrumentos de ordenamiento para el “cierre de fronteras” se les atribuyen funciones de apoyo a la economía campesina y de protección de las zonas de reserva forestal. Es un tema muy importante que queda para posterior desarrollo en las leyes y demás normas que le den contenidos más detallados a los Planes de Desarrollo con enfoque territorial (PDET) que enmarcan todos los subplanes del acuerdo en el primer punto pactado en La Habana. En la reglamentación pendiente quedan por definirse aspectos cruciales como la sustracción de territorios de zonas de reserva forestal, superposición de solicitudes con territorios colectivos y criterios de protección ambiental de fuentes de agua, entre otros.

En el capítulo de Planes Nacionales para la Reforma Agraria Integral se le pone atención al “Plan Nacional de Riego y Drenaje” que se dirige a garantizar a la economía campesina el acceso democrático y ambientalmente sostenible al agua. Se aportan principios rectores de ese plan y se dejan para la fase 3 de post acuerdos la reglamentación que detalla los instrumentos y acciones que le dan contenido al plan en su dimensión ambiental.

¿Se le debe pedir mayor detalle a los temas ambientales abordados en este acuerdo entre el gobierno y las FARC? Si aquí no se agotan las necesarias transformaciones de las políticas ambientales para que sean consistentes con la construcción de paz estable y duradera ¿Cuándo y en donde se definirán los asuntos no pactados? 

Por ahora hay que señalar que la constatación de los límites de los acuerdos sólo sirve para ponerle límite también a cualquier ilusión que lleve a pensar que la respuesta a todos los conflictos y dilemas ambientales que se presentan en Colombia llegará de La Habana. En los pocos asuntos ambientales que han incluido en los acuerdos se encuentran importantes principios y el compromiso de implementar planes nacionales coherentes con ellos. El llenar de contenidos esos planes será una tarea pendiente para la fase posterior a la firma del acuerdo de terminación del conflicto armado y su contenido final dependerá no de la letra de los pactos sino de la capacidad de incidencia de los movimientos sociales y políticos que asumen el programa de una sociedad ambiental, sostenible, que reconozca efectivamente los derechos de la madre tierra.

El conflicto “cocalero social y armado” 

Los pactos sobre cultivos de uso ilícito y política sobre narcóticos se han venido construyendo en dos escenarios independientes pero relacionados, el de La Habana (2)  y en la mesa de negociación entre los campesinos y el gobierno. Como van las cosas las respuestas a los temas ambientales asociados a esta problemática podrán tramitarse en mejores condiciones por fuera de la negociación directa gobierno-guerrilla  en la interlocución con las comunidades y sus organizaciones. No esta mal que así sea, pues al fin de cuentas los planes de desarrollo regional con todos sus componentes ambientales se deben concertar con la población en esos territorios y con todos los sectores que le apuesten a soluciones efectivas alternativas a las que hasta ahora han sido parte de estrategias de guerra. 

El protagonismo central que deben tener los escenarios de pacto directo entre campesinos, grupos étnicos y gobierno se desprende del origen y desarrollo que han tenido en Colombia. Los cultivos de coca para usos tradicionales en comunidades rurales se ha hecho de manera pacífica durante siglos y en convivencia con otros cultivos sin impactos depredadores. Así que lo que se convirtió en parte de conflictos violentos desde los años setenta fue la expansión de los cultivos con el objetivo de proveer insumos para la producción de drogas psicoactivas en condiciones de ilegalidad y de precios exorbitantes garantizados por la guerra mundial prohibicionista. 

En Colombia esa expansión, entre otros, fue impulsada por la crisis agraria resultado del aperturismo neoliberal y por la crisis de la economía cafetera que se acelera con la terminación del pacto mundial de cuotas y la determinación de reprimir militarmente las pretensiones campesinas o indígenas de reforma agraria. Centenares de miles de colonos fueron desplazados “selva adentro”, hacia nuevas zonas, como resultado de la apropiación violenta de las mejores tierras en los valles interandinos y nuevos territorios se convirtieron en áreas en disputa de quienes van por las rentas del narcotráfico operando laboratorios o garantizando el trafico de precursores y, por supuesto, de la pasta básica o de la cocaína destinada a la exportación. 

El auge del narcotráfico, la guerra de las drogas, la interacción con el conflicto armado y la formación de mafias urbanas y de diversos grupos armados ilegales, condujo a la ocupación devastadora de nuevos territorios en la Amazonía, Orinoquía, Andén Pacífico, laderas de las cordilleras, sabanas y cuencas de los grandes ríos hacia el Caribe. La huella ambiental de esa economía violenta ha afectado directamente a más de 300 mil familias y no solo corresponde a los impactos en más de quinientas mil hectáreas que han tenido sembrados de coca y laboratorios de pasta básica o cocaína, sino también en 1,7 millones de hectáreas fumigadas con defoliantes y tóxicos. En regiones enteras transformadas en teatros de guerra los daños ambientales pasaron a ser parte de los daños colaterales. (3)

Esta economía del narcotráfico y sus guerras ha sido  a la vez una gran ola de deforestación, destrucción de ecosistemas y biodiversidad, contaminación de suelos, ríos y aguas subterráneas y una novedosa vía para la expansión de la ganadería extensiva con sus impactos negativos en los suelos y el ambiente en general. Después del ciclo de la coca y con la consolidación de territorios, lo que era parte de reserva forestal, parque o selva amazónica pasa sin ningún ordenamiento territorial, o de uso racional del suelo, al carrusel de las haciendas ganaderas y en segundo lugar a los monocultivos agroindustriales o forestales. Las zonas reclamadas por los proyectos minero energéticos también están en la serie de mapas superpuestos.

Toda esta problemática es parte de lo que dirigentes campesinos llaman “conflicto cocalero social y armado” y ha sido ubicada como tema de las mesas para la concertación de programas regionales de transformación y desarrollo rural que incluyan alternativas a la economía de la coca hoy subordinada a la cadena del narcotráfico y a economías de guerra. 

Las disputas por territorios y los otros pendientes

Si es cierto que la dimensión ambiental ha quedado en la tangente de los temas de tierras o de cultivos de usos ilícitos tratados en La Habana, es más cierto todavía que la agenda ambiental para la paz no tiene aún un lugar visible en los escenarios llamados a definir nuevas pautas de desarrollo para las próximas décadas. Hasta la fecha el gobierno se ha negado a abrir procesos de dialogo, consulta o concertación para evaluar y redefinir asuntos que están en el centro de la conflictividad ambiental y que sustentan movimientos sociales de hondo calado. 

El primero de ellos es el de las políticas minero energéticas y su apuesta a ser la locomotora del desarrollo en estas décadas. Casi dos décadas de auge de la minería del carbón o del oro y de ampliación de la industria de hidrocarburos han estado acompañadas de una apertura indiscriminada a megaproyectos y de disputas por territorios y recursos por parte de megaproyectos legales o de organizaciones criminales. 

En el balance de pérdidas y ganancias de la “bonanza” siempre se han ocultado los costos ambientales que recaen sobre el conjunto de la sociedad. La mega minería del carbón o del níquel, como lo han mostrado estudios recientes de la Contraloría General de la Nación (4) , ha conllevado impactos no compensados y difícilmente compensables en desarticulación de territorios y alteración de cuencas y aguas subterráneas. Son conocidos los efectos nocivos de la minería del oro que se sigue practicando con vertimientos de cianuro y mercurio y grandes daños en los ríos o a las fuentes de agua. La minería criminal armada, como se mostró recientemente en la vereda San Antonio (Santander de Quilichao), está teniendo efectos devastadores en  ríos del Pacífico, lo mismo que en  las cuencas del los ríos Cauca y Magdalena en regiones que han tenido en el pasado minería artesanal; esos territorios son los que en  las últimas décadas se disputan a sangre y fuego grupos ilegales y empresas conformadas en paraísos fiscales o mineros para hacer el relevo, como ha ocurrido en Caldas, Antioquia o el Magdalena Medio. 

El panorama energético mundial se está modificando en esta década mostrando la caída de la minería del carbón al ritmo de la desaceleración de las economías china e india; los precios de la tonelada métrica de carbón que estuvieron por encima de US$100 en los puertos de Holanda o Alemania, en 2014 han estado por debajo de US$45 dólares con una tendencia a baja. La estructura de la oferta de energía primaria se está desplazando hacia la energía fósil hidrocarburifera y cambia estructuralmente con las nuevas técnicas de explotación de esquistos y las grandes reservas que están siendo identificadas en Estados Unidos. La perspectiva del fracking (fracturación hidráulica) se está extendiendo por todo el continente hasta el punto que Colombia entró de lleno ofertando extensos bloques en la ronda 2014 (5). De un total de trece millones de hectáreas de la ronda 2014, dos millones de hectáreas son potenciales productoras de gas extraído mediante la técnica de fragmentación de rocas a profundidad sometidas a presión con inyecciones de agua (6) . Nadie ha hecho los cálculos reales de los costos ambientales de toda la operación, desde la sísmica a la utilización de 18 millones de metros cúbicos de agua por cada pozo, sin contar los impactos de las explosiones subterráneas o los de los lodos y químicos utilizados para estas operaciones a dos mil metros bajo tierra. La información sobre impactos es precaria y la reglamentación salió sin consulta alguna bajo el supuesto de que las zonas incluidas en la Ronda 2014 se sitúan en su mayoría en el Magdalena Medio, en La Luna, sin traslape con territorios colectivos.  

La competencia de las multinacionales, empresas locales y la minería ilegal se ha expresado en el control de territorios mediante la piñata de licencias y títulos que se aceleró en 2002. La nueva minería del oro y minero energética tituló en una década más de 5,5 millones de hectáreas en la región andina, llegando a la alta montaña y hasta los paramos. Los contratos de exploración hidrocarburífera ya suman 25,5 millones de hectáreas incluyendo toda la plataforma submarina del pacífico y de la costa caribe norte. Casi todo el territorio de Atlántico, Magdalena y Sucre está actualmente concedido para  exploración.  La nueva ola energética, minera y petrolera ahora reclama para si la Orinoquia (Meta, Casanare, Arauca, Catatumbo), y la Amazonía (Putumayo y sur del Caquetá), así sea como retaguardia de estrategias multinacionales y de mercados bursátiles en estos tiempos inestables de la economía mundial . 

El nuevo reparto de recursos pone enfrente los intereses de los macroproyectos, los de las mafias y organizaciones mafiosas, la minería ilegal que es parte de las economías de guerra de la guerrilla. En el otro lado están los intereses de los territorios hoy parcialmente protegidos por ser propiedad colectiva, parque natural, zonas de reserva forestal o de restricciones por definiciones ambientales como los paramos, manglares, ciénagas, pantanos o humedales. Las pretensiones territoriales indígenas, de comunidades negras o de zonas campesinas, tienen encima las de los buscadores de riquezas; y, por supuesto, la violencia sigue siendo la compañera de estas disputas en las cuales los pequeños productores llevan la peor parte. 

Todos estos problemas refuerzan la agenda ambiental para el trámite de conflictos territoriales y por recursos naturales que han estado en buena parte de las dinámicas violentas del modelo real de acumulación. La institucionalidad verde prometida por el pacto constituyente de 1991, comenzando por el ordenamiento territorial y de usos, sigue pendiente de desarrollos legales y ha sido debilitada por la prioridad concedida al otorgamiento de facilidades a la inversión extranjera y a los macroproyectos. La locomotora minera ha conllevado la locomotora de la desregulación debilitando la capacidad de control de las entidades ambientales y construyendo una institucionalidad insaciable en agilización de licencias y reducción de exigencias, incluidas la participación de comunidades (caso Piedras), la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de grupos étnicos. Parece que la fórmula predilecta, y la contra agenda, es menos Estado, menos renta para la sociedad, más libertad para los dueños del mercado y mayor control de seguridades armadas para contener poblaciones que reclaman. ¿Los ambientalistas también tienen la palabra?