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Deuda social y ambiental del negocio cañicultor en Colombia: Responsabilidad social empresarial y subsidios implícitos en la industria cañera

Mario Pérez - Paula Álvarez, Colombia, Diciembre 03 de 2009, Este artículo ha sido consultado 1330 veces

La industria de la caña de azúcar en el Valle del Cauca data del siglo XIX. Desde entonces el cultivo se expandió por todo el departamento. Entre 1920 y 1930 se crean los primeros ingenios: la Central Azucarera del Valle (hoy conocida como el Ingenio Providencia), los ingenios Riopaila, Mayagüez, Bengala, Parodias, La industria, y María Luisa. En los años 40 aparecen San Carlos, Pichichi, Oriente, Papayal, La Esperanza, El Arado, Castilla, El Porvenir, Meléndez y San Fernando. Desde comienzos del Siglo XX se agruparon varias haciendas en “fami-empresas”, con una creciente utilización de peones, muchos de los cuales habían sido captados desde que se abolió la esclavitud. La producción se caracterizaba por el arrendamiento pagado con trabajo servil, que les permitía a los hacendados, a la vez, obtener caña y trabajo para molerla.

En 1977, doce ingenios pertenecían a 4 familias. Tenían control del 76,3% del mercado azucarero: Caicedo (30%), Eder (24%), Cabal (17,8%) y Garcés (4,5%)(2). El crecimiento de los ingenios se construyó con base a la explotación laboral, hasta convertirse hoy en día en una de las principales industrias del país, con más de 100 empresas relacionadas, consolidando un gran conglomerado (clúster) en la región, que produce y vende en la actualidad una gran variedad de productos y servicios compuesto por cerca de 1200 proveedores de caña de azúcar, 13 ingenios, más de 40 empresas procesadoras de alimentos, bebidas y licores; dos co-generadoras de energía eléctrica; un procesador de papel, tres industrias sucroquímicas, más de 50 grandes proveedores especializados y 100 empresas asociativas de trabajo – que han constituido la columna vertebral del desarrollo económico y social del departamento del Valle del Cauca-. Todo este complejo industrial le ha conferido al sector un gran poder político que se traduce en una elevada injerencia sobre las autoridades no sólo departamentales, sino del nivel nacional, que se ha acrecentado con la producción de etanol, al mejorar su posición estratégica en la economía del país.

Hoy en día el Grupo Económico Ardila Lülle es propietario del ingenio del Cauca Incauca, tiene el 52% de Providencia y por lo menos el 35% del ingenio Risaralda, principales ingenios en la producción de etanol. Estos 3 ingenios producen el 65% del etanol colombiano a partir de azúcar, en tanto que Manuelita produce el 20% y Mayagüez el 15%.

La agroindustria de la caña de azúcar ha recibido inmensos estímulos del gobierno nacional para la producción del agrocombustible, asegurando el mercado interno con base en subsidios y exención de impuestos. El millón 50 mil litros que producen diariamente, encuentra una demanda fija, puesto que en el país existe la obligatoriedad de la mezcla de gasolina con etanol en un 10%. Y recientemente salió el Decreto 1135 de 2009, en donde señala que para el 1 de enero del 2012 los automóviles nuevos tendrán una mezcla del 85% de etanol.   

Haciendo una revisión de la evolución económica del negocio azucarero en Colombia en los últimos años, en términos de producción azucarera esta pasó de 1.2 a 2.3 millones de toneladas entre 1980 y 2007, parte de este despegue azucarero se explica por la dinámica exportadora que se incrementó de 280 mil toneladas de azúcar y derivados en 1980 a 1.2 millones en 2005, para luego descender a 716 mil toneladas en 2007 por el desplazamiento del cultivo de caña hacia la producción de etanol. El nuevo negocio de agrocombustible, apoyado en las políticas gubernamentales, ha crecido en su producción desde su inicio en 2005 al pasar de 29 millones de litros a 275 millones en 2007.  

Los resultados exitosos del sector cañero se observan en la figura 1 en donde la producción total del sub-sector pasó de 1.9 billones de pesos corrientes a $2.85 billones entre 2002 y 2006, obteniendo un crecimiento promedio anual para el período de 9.9%. A este comportamiento contribuyo en forma importante la productividad de los 6.399 trabajadores, al pasar el producto promedio por empleado de $287 millones en 2002 a $446 millones en 2006, obteniendo un crecimiento promedio anual del 11%. Sin embargo este significativo aporte no fue reconocido en sus remuneraciones laborales incluyendo la seguridad social, las cuales crecieron durante el período en sólo 3.4% promedio anual, cifra inferior a la dinámica de la inflación que lo hizo en 5.7%, lo cual significo una pérdida real de los salarios de los trabajadores del sector cañero en esos años. Ello hizo que la participación de los salarios y las prestaciones en el conjunto del producto de la industria azucarera se redujera en forma importante al pasar de 8.8% en 2002 a 6.9% en 2006.

Encontramos que ha existido una fuerte política del sector cañero y azucarero a concentrar la distribución de los beneficios de la industria en manos del sector empresarial, sin generar un efecto distributivo importante hacia sus empleados, política que se acentúa más cuando se trata de los eslabones más bajos de la cadena, poniendo en duda el concepto de la Responsabilidad Social Empresarial.

Figura 1. Producción Bruta, productividad del trabajo y participación
de la remuneración salarial en la producción del sector azucarero en Colombia
(2002-2006) [fabricación y refinación] [pesos corrientes]

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM), DANE. Clasificación CIUU, 1571

En suma, la industria cañera es un sector altamente subsidiado, a través de un esquema de precios de sustentación de algunos de sus derivados como el azúcar y de importantes exoneraciones impositivas al etanol, los empresarios del sector cañicultor, logran que el gobierno intervenga para garantizarles altas utilidades, castigando a los consumidores y transfiriendo buena parte de los costos al resto de la sociedad y de los ecosistemas, contribuyendo con ello a perpetuar la senda del subdesarrollo con deterioro ambiental y la profundización de las inequidades que han caracterizado al país a lo largo de su historia. El estudio desarrollado nos permitió aproximarnos a una valoración económica del total de los diferentes subsidios transferidos al sector cañicultor, lo cual equivale a la deuda social para el periodo analizado (1990-2007). Así, los subsidios financieros compuestos por el diferencial de precios del azúcar y del etanol internos-externos, más las exenciones de impuestos al etanol, alcanzan una suma total de $ 10,6 billones (US$ 5.825 millones).

Los subsidios ambientales estimados, relacionados con el uso del agua para la actividad agrícola cañera, la contaminación del recurso hídrico por la actividad transformadora y la contaminación atmosférica por la quema de la caña, suman un total de $37.237 millones (US$ 19,2 millones). Finalmente, la deuda o subsidio social del sector cañicultor relacionada con la disminución de las condiciones salariales de los corteros vinculados a las CTA, representa un total de $ 468 mil millones (US$ 248,2 millones) para todo el periodo analizado. Con base en esto, al agregar todos los subsidios evaluados en este estudio en unidades monetarias, el total de la deuda social y ambiental del sector para el periodo 1990-2007(3), asciende a un valor cercano a los $ 11,1 billones de pesos corrientes, suma que equivale a US$ 6.092 millones de dólares.

Pero adicional a estos subsidios económicos, existen también subsidios ecológicos, relacionados con la explotación de los recursos naturales y los impactos ambientales de sus procesos productivos que no son incluidos en los costos de producción, y se trasladan al resto de la sociedad y de los ecosistemas a través del uso y contaminación del agua y del suelo, la contaminación atmosférica por la quema de la caña y otros efectos perversos sobre el ambiente y la salud pública. Ello crea una doble deuda social del sector cañicultor que lo obliga a redoblar su responsabilidad: la relacionada con la justicia laboral por una parte y la correspondiente a la justicia y ética ambiental.

Cuando pasamos a examinar los ingresos laborales pagados por las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) a los corteros vimos que estos obtienen cerca de un 45% menos de ingresos netos frente a la alternativa de la contratación directa protegida por la Ley 100, esto significó para los corteros en términos de posibilidades de gasto social: 15.607 viviendas de interés social; 23.647 carreras universitarias completas (5 años) en instituciones públicas; 8.028 cupos anuales de educación primaria básica; o, 30.602 canastas familiares mensuales que se hubieran podido adquirir con estos recursos. Ello magnifica el volumen del costo social para los corteros, mostrando la perversidad de la política de tercerización laboral a través de las CTA y el carácter regresivo de la misma a favor de los empresarios cañicultores. 

Concluimos entonces que es justa la lucha social de estos trabajadores con el gremio cañicultor, además que la política leonina del gremio se apropia al máximo de los beneficios económicos generados por el sector, a través de mecanismos como la tercerización laboral. Incrementándose así, la deuda social que el sector tiene con la sociedad colombiana y la clase trabajadora. Los empresarios de la caña y su gremio Asocaña, adquieren un doble compromiso con sus trabajadores por las importantes transferencias que la sociedad colombiana les ofrece para su sostenibilidad como negocio, que deben reflejarse en una contratación directa de sus corteros de caña con mejores condiciones laborales. Al sector azucarero (ingenios y cultivadores) les corresponde garantizar las mejores condiciones laborales para los trabajadores que se ubican en el eslabón más bajo de la cadena. Este esquema de contratación, que traslada las relaciones de trabajo del Código Laboral al Código de Comercio, se convierte además en una inadecuada estrategia de competitividad basada en la reducción de costos que genera una deuda social, neutralizando la transferencia de las mejoras de productividad en el sector a los salarios, aumentando los excedentes empresariales. Esta es una forma para-legal de evadir la responsabilidad social de las empresas del sector.


 

(1)Síntesis del libro: Deuda social y ambiental del negocio cañicultor en Colombia: Responsabilidad social empresarial y subsidios implícitos en la industria cañera análisis en el contexto del conflicto corteros-empresarios, Grupo Semillas, Bogotá, 2009

(2)Silva Colmenares, Julio. Los Verdaderos dueños del país. Fondo Editorial Suramérica. 
(3)Sin embargo, es necesario decir que esta estimación es una mera aproximación parcial a la deuda social y ambiental total del sector cañero, puesto que en la misma no se están incluidos todos los subsidios económicos, ni todos los impactos sociales y ambientales generados por la actividad cañera.

Publicado en Diciembre 03 de 2009| Compartir
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