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Director:
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Obra contraportada:
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Publicación auspiciada por Swissaid

Contexto

Declaración de Johannesburgo sobre biopiratería, biodiversidad y derechos comunitarios

Biowatch, Enero 14 de 2003, Este artículo ha sido consultado 3402 veces

Nosotros (as), representantes de comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil, y organizaciones no gubernamentales alrededor del mundo, reunidos (as) aquí en la Cumbre de la Tierra en Johannesburgo, entre agosto y septiembre de 2002, discutimos temas relacionados con la privatización de nuestros recursos biológicos y la protección de los derechos de los titulares del conocimiento y las tecnologías tradicionales, especialmente de aquellas relacionadas con la biodiversidad.

  • Conscientes de que el contenido y el espíritu de esta declaración es la culminación de una década de resistencia a la privatización de nuestra alimentación, agua y biodiversidad;
  • Reconociendo que los seres humanos son una parte integral del entramado de la vida sobre la Tierra y que nuestro bienestar se deriva y depende de la salud de nuestros ecosistemas y especies;
  • Resueltos a asegurar que las acciones humanas no destruyan este entramado de relaciones ecológicas de mutuo apoyo.
  • Conscientes y orgullosos del rol fundamental ejecutado por las comunidades locales y los pueblos indígenas, los agricultores y en particular las mujeres, así como el del conocimiento tradicional en la conservación y gestión de la diversidad biológica para asegurar la seguridad alimentaría y de la salud en el pasado, en el presente y el futuro;
  • Al tanto de las relaciones inextricables entre la bioprospección y la ingeniería genética;
  • Recordando a todos que los modelos actuales y dominantes de desarrollo guiados por la liberalización económica y el control corporativo refuerzan las desigualdades en todo el mundo y debilitan la soberanía de los estados nación para cuidar de sus pueblos;
  • Conscientes de que el constante aumento de poder de las compañías multinacionales está destruyendo a las comunidades locales y la base de sus recursos naturales por la privatización de los recursos biológicos, de la tierra y del agua y de que un instrumento muy potente en esta destrucción es el patentamiento de los organismos vivos;
  • Al tanto de que las comunidades no se han beneficiado de la bioprospección y que ésta no ha cumplido con sus promesas como herramienta para la conservación biológica, la justicia social y el alivio de la pobreza y que, más bien ha legitimado la apropiación injusta de los recursos biológicos y el conocimiento.

 

Declaramos:

  • Que las comunidades, pueblos indígenas y agricultores son los custodios de la biodiversidad y que ellos tienen el derecho inalienable y la responsabilidad para continuar administrándola, guardándola, intercambiándola y desarrollándola por encima de cualquier interés comercial externo;
  • Igualmente, consideramos la soberanía alimentaría el derecho de los pueblos a una alimentación suficiente y saludable en cualquier tiempo y el acceso a los recursos naturales como un principio central, que no debe ser materia de otros intereses y consideraciones;
  • La gente tiene también el derecho básico a la salud de manera accesible y razonable, y a los recursos biológicos de los cuales ellos derivan beneficios para la salud;
  • Nos oponemos a la tendencia actual hacia la globalización guiada predominantemente por intereses comerciales que debilitan nuestras culturas y nuestra capacidad de mantener y controlar nuestros sistemas de vida;
  • Nos oponemos a la biopiratería y al patentamiento de nuestros recursos biológicos y conocimiento asociado porque van en contra de nuestros derechos humanos y culturales, y a la identidad. Creemos firmemente que la distribución de beneficios es posible sin patentes;
  • Creemos que la protección de los sujetos humanos en la investigación genética es un tema de derechos humanos el cual requiere políticas sociales y leyes cuidadosamente diseñadas que sean estrictamente monitoreadas y aplicadas para proteger a individuos y grupos de la investigación y las prácticas explotadoras;
  • Declaramos nuestra oposición al patentamiento de la vida y al patentamiento de cultivos y semillas porque estamos preocupados por la transferencia del control de la producción de alimentos de manos de las comunidades locales y agricultores a las corporaciones multinacionales;
  • Declaramos que la ingeniería genética en alimentación y agricultura presenta serios e irreversibles riesgos al ambiente y a la salud;
  • Creemos que los derechos comunitarios sobre la biodiversidad y el conocimiento tradicional son colectivos por naturaleza y, por lo tanto no pueden ser privatizados o individualizados. Los derechos de propiedad intelectual aplicados a la biodiversidad y al conocimiento tradicional son privados y monopolísticos por naturaleza y, por lo tanto, incompatibles con los derechos comunitarios.
  • Los derechos de propiedad intelectual no pueden coexistir con los sistemas tradicionales de conocimiento y los intentos de juntar estos dos mundos son equivocados e inaceptables. En este contexto, declaramos que la iniciativa de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) para desarrollar sistemas para la protección del conocimiento tradicional es enteramente inapropiada. La OMPI debiera trabajar para parar la biopiratería que ocurre debido a los patentes de biodiversidad y no querer definir los derechos de las comunidades que debiera ser hecho por las comunidades mismas.

 

Proponemos que:

  • La preocupación por el medio ambiente y la seguridad alimentaría y de salud, deben preceder a los intereses comerciales internacionales. La Organización Mundial del Comercio (OMC) no es el lugar para decidir sobre estos temas, como tampoco debieran los acuerdos comerciales regionales o bilaterales afectar el manejo local de la biodiversidad.
  • Los gobiernos debieran tener la responsabilidad central de redireccionar, desarrollar y ejecutar políticas, legislación e investigación hacia una perspectiva de desarrollo holístico, la promoción del control local de los recursos y hacia una activa participación de las comunidades locales, los agricultores y los pueblos indígenas en la toma de decisiones.
  • Llamamos la atención de la comunidad internacional para iniciar un proceso para negociar un documento legal vinculante bajo el CDB para prevenir la biopiratería, asegurar la soberanía nacional sobre los recursos biológicos y genéticos y proteger los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales sobre sus recursos y conocimiento.
  • El acceso a los recursos biológicos y genéticos y al conocimiento asociado debiera ser solamente permitido con el consentimiento previamente informado de los pueblos y comunidades locales sobre los términos y condiciones puestos por ellos. Esto debiera ser un prerrequisito para la distribución de beneficios. Los grupos e individuos potencialmente impactados por la investigación genética, tienen el derecho a una revelación completa y transparente de los beneficios y riesgos de tal investigación, así como a dar su consentimiento o rechazar su participación;
  • Los sistemas basados en la biodiversidad y en la agricultura sustentable, que están bajo el control de las comunidades locales, debieran ser adoptados y promovidos como el modo principal de producción agrícola y de otra producción de alimentos;
  • Nuestros gobiernos debieran asegurar un ambiente libre de organismos genéticamente modificados (OGMs) en nuestros países y en nuestros sistemas agrícolas y debieran apoyar nuestros esfuerzos para conscientizar a los agricultores y consumidores acerca del impacto real y potencial de los OGMs sobre el medio ambiente y la salud humana;
  • Que se imponga una total prohibición al patentamiento de formas de vida y al uso de cualquier derecho de propiedad intelectual sobre la biodiversidad y el conocimiento tradicional. Deseamos ver fortalecidos los derechos de comunidades y agricultores en los acuerdos internacionales relevantes y en el nivel nacional para asegurar que estas comunidades y agricultores puedan continuar guardando, intercambiando y desarrollando sus recursos biológicos.
  • Los gobiernos Africanos debieran tomar las medidas para implementar a nivel nacional la Ley Modelo Africana de Derechos Comunitarios. También urgimos a la comunidad global para apoyar la implementación de esta ley y desistir de cualquier actividad o política que directa o indirectamente debilite su adopción y operación por parte de los países Africanos;
  • Pedimos a los países miembros de la OMC que reformen los Acuerdos de Propiedad Intelectual (ADPIC) de manera que ninguna forma de vida ni los procesos vivos puedan ser patentados por ningún estado miembro. También les pedimos que permitan a los países la máxima flexibilidad para establecer sistemas sui géneris de protección de las variedades de plantas en donde se defiendan los derechos de los agricultores y de los pueblos indígenas a sus recursos y a su conocimiento tradicional.

 

Por nuestra parte, nos comprometemos a:

  • Reforzar nuestros esfuerzos y campañas para detener el patentamiento de formas de vida y asegurar nuestro derecho a un ambiente libre de organismos genéticamente modificados (OGMS);
  • Reforzar y promover el papel de las comunidades locales y los pueblos indígenas, agricultores y mujeres en la conservación y uso de la biodiversidad y proteger e insistir en sus derechos para hacerlo así;
  • Proteger y enriquecer nuestro sistema de conocimiento local sobre biodiversidad y promover activamente sistemas integrados y diversificados de agricultura y de producción de alimentos;
  • Prometemos ser generosos como la Tierra, claros como el Agua, fuertes como el Viento y tan lejos y tan cerca como el Sol. Y damos nuestra palabra para pasar de generación en generación el intercambio de nuestras semillas de conocimiento y sabiduría.

 

Esta declaración es la compilación de dos declaraciones recientes de la sociedad civil:

  • La Declaración”Valley Of. 1000 Hills”, elaborada en KwaZulu Natal, Sud Africa en marzo de 2002, por 40 participantes de la comunidad y de ONGs de África.
  • El ”Compromiso de Rio Branco”, elaborado en Rio Branco, Brasil en mayo de 2002, por 100 participantes de  comunidades locales de todo el mundo.
  • Refleja también los puntos de vista expresados por la mayoría de los participantes del ”Second South-South Biopiracy Summit”, desarrollado en Johannesburgo en agosto de 2002

Envíe su adhesión a esta declaración a Biowatch: biowatch@mweb.co.za

Publicado en Enero 14 de 2003| Compartir
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